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El polémico proyecto de ley “que regula la utilización de videocámaras por las fuerzas públicas con participación ciudadana” fue incluido nuevamente para su tratamiento como punto once del orden del día de la sesión ordinaria del mañana. El proyecto del diputado Yamil Esgaib (ANR, HC) antes que ser de beneficioso para la ciudadanía, es un gran riesgo para los derechos fundamentales y la posibilidad de montar una enorme red de espionaje (pyraguereato) al servicio del gobierno, con cámara colocadas por particulares para su seguridad.
La iniciativa legislativa, que tiene dictamen favorable de la Comisión de Justicia presidida por Esgaib, quien paradójicamente es proyectista, plantea medidas altamente controversiales. De aprobarse el proyecto, otorgará al Gobierno, en particular a la Policía Nacional, a acceder a imágenes y sonidos captados por cámaras de seguridad privadas, incluso en algunos casos sin el permiso expreso de los propietarios.
El polémico proyecto de ley ya había sido incluido en la sesión del pasado 12 de noviembre, sin embargo, no fue tratado.
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Obligará a propietarios a ceder imágenes
El proyecto también obliga a los ciudadanos que pongan a disposición de la Policía Nacional sus equipos de seguridad que se encuentren en la vereda.
Específicamente, el artículo 3º numeral 7 establece que, en el caso de instalar frente a su domicilio una cámara que forme parte de su circuito cerrado, “el propietario estará obligado a comunicar a la Policía Nacional la instalación de estas cámaras en ese espacio público, y queda sujeto a la obligación de colaborar con relación a estas cámaras en caso de ser requerido por la autoridad competente”.
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Dicho artículo, si bien agrega que “en ningún caso podrá grabarse sonidos con cualquier tipo de instalación por parte de personas particulares sin autorización judicial”, también se habilita a instalar imágenes dentro de recintos privados con “consentimiento del titular o autorización judicial”.
También, el artículo 8º “Respecto a las grabaciones” establece que todo quedará en manos de la Policía Nacional, que “tendrá a su cargo la custodia de las imágenes obtenidas y la responsabilidad sobre su ulterior destino, incluida su inutilización o destrucción”.
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Lo cuestionable en ese punto es que ni siquiera la Policía Nacional se interesa en mantener operativo su sistema de vigilancia, ya que de las 1.000 cámaras que posee en el sistema 911, al menos 350 están fuera de funcionamiento y otra gran cantidad ni siquiera tienen conexión remota para acceder desde el centro de monitoreo.