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Hoy fenece el plazo legal de 60 días hábiles para que opere la denominada comisión “garrote” del Congreso, según lo establecido en la Ley 137/1993 que reglamenta el artículo 195 de la Constitución “de las comisiones de investigación”. Dicha comisión se instaló el pasado 26 de agosto y recién mañana -de manera extemporánea- tratarían la prórroga de mandato en la Cámara de Diputados.
El artículo 2º de la Ley 137/1993 establece que las comisiones “de carácter transitorio (como es esta) serán creadas para la investigación de asuntos específicos y cumplirán sus funciones dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta días hábiles”.
A renglón seguido dicha ley acota que “este plazo podrá prorrogarse por otro igual o menor por las Cámaras reunidas en sesión conjunta o por cada una de ellas, separadamente, si hubiere coincidencia sobre el plazo”.
Si bien la cámara de Senadores -a duras penas- dio el pasado miércoles su visto bueno para la prórroga del mandato, la Cámara Baja no lo hizo y tuvo chance, ya que sesionó el día anterior.
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Es decir, el desinterés de Diputados no es justificativo para violar el artículo 2º que claramente señala que el mandato “no podrá exceder los sesenta días hábiles”.
Aún así, figura como quinto punto del orden del día de la sesión ordinaria convocada para mañana a las 9:00. Tampoco se ha dado a conocer un informe preliminar que justifique los supuestos motivos para continuar con esta comisión, que durante su gestión solo se ha dedicado al “apriete” a sectores críticos y disidentes al gobierno.
Esto, incumpliendo también otra parte del artículo 2º, que establece que las comisiones bicamerales de investigación “serán creadas para la investigación de asuntos específicos”, y hasta ahora, estos no han logrado comprobar fehacientemente por qué persiguen a organizaciones sin fines de lucro (OSFL) y a empresas que son parte del Grupo ABC. El cartismo impondría su mayoría, ya que solo sumando la bancada ANR B (oficialista) tiene 45 votos, y en el caso que estén los 80 presentes, apenas necesita 41.
El RUN se trata a las corridas
A un mes de su ingreso a la Cámara de Diputados, tras una sola audiencia pública a la que no asistió ningún cartista y con el dictamen pendiente de la comisión de Desarrollo, Población y Vivienda, mañana se debe tratar como tercer punto del orden del día de la sesión ordinaria de Diputados el proyecto de ley “que crea el sistema nacional unificado registral y catastral y el Registro Unificado Nacional (RUN)”.
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El proyecto de ley generó masivas protestas de gremios como el de los escribanos y el de los geógrafos, que reclaman la afectación de derechos y que el proyecto no busca realmente el ordenamiento catastral, sino que tiene como principal fin la recaudación.
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Los escribanos plantearon modificar 21 artículos, mientras que la Asociación de Geógrafos del Paraguay (AGEPA), reformar 27 y eliminar 25.
Incentivo al “socio” de Leite
Como primer y segundo puntos en el orden del día de Diputados también figuran dos proyectos impulsados por el autodenominado “oenegero transparente” senador cartista Gustavo Leite, que sugestivamente apuntan a beneficiar al rubro de los alcoholeros, entre los que se encuentra uno de sus “socios” ligados a la ONG dirigida por su esposa, Paola Serrati de Leite.
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El veto parcial del Ejecutivo al proyecto de ley “que modifica los artículos 7º y 11º de la Ley Nº 5144/2015 de Fomento de consumo de alcohol absoluto y carburante” establece beneficios para empresarios alcoholeros, entre ellos Carlos Morínigo Gamell, que además es secretario de la Asociación Civil Comunidad Cenáculo del Paraguay, dirigida por la esposa de Leite y donde el senador fue tesorero hasta diciembre del 2023. También tratarán un parche, ya que el Ejecutivo eliminó las sanciones.
Reformas sobre el padrón, con aval del patrón
La semana pasada, el diputado cartista José Rodríguez y apoderados de la Asociación Nacional Republicana (ANR) concurrieron ante el presidente de su partido, Horacio Cartes, para tener la bendición e impulsar una serie de reformas que afectarán al padrón electoral, tanto a nivel local como internacional, y que deben ser estudiadas mañana en Diputados.
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Con el aval del “Patrón” es un hecho que se apurarán estas reformas relacionadas al padrón, donde uno de los proyectos busca impedir que afiliados a la ANR vuelvan a ser incluidos para votar en internas de una concertación, tal como en diciembre del 2022, donde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) autorizó el uso del padrón nacional para dicha interna. El otro proyecto busca una “depuración” masiva del padrón de paraguayos residentes en el exterior.
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Comienzan a analizar el servicio civil y reforma en Conajzar
Por otra parte, también está previsto apurar otros dos proyectos de ley remitidos por el Ejecutivo, principalmente el controvertido proyecto de ley “de la función pública y la carrera del servicio civil”, que tuvo entrada la semana pasada y aún no tiene fecha de tratamiento, pero sería la intención del cartismo, tratar antes del receso parlamentario (que inicia en diciembre).
Otra iniciativa que sí figura en el orden del día de mañana es la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para reformar la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), aunque falta el parecer de algunas comisiones.
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El proyecto fundamentalmente busca que la comisión pase a ser encabezada por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), pero el punto central está en si se elimina o no el monopolio en las concesiones de permisos de explotación, ya que la iniciativa presenta una redacción ambigua.