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A los intentos fallidos ya acumulados de la cuestionada Comisión Bicameral de Investigación (CBI) “antilavado”, conocida como comisión “garrote”, creada para perseguir a los enemigos del cartismo, se les suma un nuevo revés.
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El pasado 27 de octubre. el presidente de la comisión “garrote”, el cartista (expulsado del PLRA), Dionisio Amarilla, remitió un documento al procurador general de la República, Marco Aurelio González, para solicitar una serie de documentos que guardan relación con la estancia Cielo Azul.
“La presente invitación se cursa en el marco de la investigación llevada a cabo por la Comisión vinculada al juicio ejecutivo impulsado por el Banco Atlas y que pretendió rematar la estancia Cielo Azul y otras propiedades ofrecidas en carácter de garantía por Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca, que está bajo custodia y administración de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico)”, señala la primera parte del pedido de Dionisio Amarilla a Marco Aurelio González.
Agrega que “se solicita que provea informaciones documentadas en forma física y magnética”.
No tomaron intervención
El 31 de octubre pasado la PGR responde al pedido de senador Amarilla.
“La Procuraduría General de la República no ha tomado intervención en procesos judiciales, atendiendo que, por la disposición de la ley número 5876/2017, de administración de bienes incautados y comisados, la Senabico tiene la capacidad de intervenir en los juicios donde dicha institución es parte”, dice la parte sustancial de la respuesta.
Ministro de la Corte no acudió
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, en su momento no acudió al llamado de la comisión “garrote” para hablar sobre un caso que afecta al remate en juicio de ejecución hipotecaria sobre la estancia Cielo Azul.
“A ese efecto se precisa ampliar la información sobre denuncias y auditorías que pudieron haber sido practicadas por la superintendencia de la CSJ”, dice el pedido del alineado al cartismo Dionisio Amarilla.
El 23 de octubre, el presidente de la CSJ responde y descarta asistir ante la comisión de apriete.
“Conforme al sorteo de rigor este magistrado que suscribe ha resultado preopinante en la misma causa penal. Habiendo ya emitido su voto no se encuentra habilitado siendo esta la razón por la cual no se encuentra habilitado legalmente para concurrir personalmente a la sede parlamentaria y emitir declaraciones que pudieran afectar a la objetividad de los pronunciamientos que tengan que dictarse con motivo de la función jurisdiccional”, dijo Benítez Riera.
Además, le resalta al presidente de la comisión “garrote” que este caso se encuentra en proceso de auditoría.
El apriete alcanzó también a la CGR
La Comisión Bicameral de Investigación (CBI), más conocida como comisión “garrote”, envió una nota a la Contraloría General de la República (CGR) mediante la cual pidió que informe sobre el inicio de una auditoría o Fiscalización Especial Inmediata (FEI) al contrato de fideicomiso firmado en 2017 entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Banco Atlas.
La CBI busca embarrar a “cualquier precio” al Banco Atlas en la supuesta mala utilización de los fondos del fideicomiso del IPS. La insistencia del cartismo es respecto a que se habría incumplido el contrato. Sin embargo, mediante documentos, la entidad bancaria pudo demostrar contundentemente que toda la responsabilidad sobre la utilización de los recursos era de las autoridades de la previsional.
Una de esas autoridades, precisamente, es el actual presidente del IPS, Jorge Brítez, quien firmó como integrante del Consejo de Administración (2013-2018) más de una decena de autorizaciones para el pago –con recursos del fideicomiso– por obras ahora calificadas como “fantasmas”.
Desbarató mentira de la comisión garrote
En la sesión del 31 de octubre, el Grupo ABC anuló todas las mentiras que trataron de instalar desde la comisión “garrote” en torno al fideicomiso de la Conmebol. El asesor jurídico del Banco Atlas, Rodrigo Yódice, expresó que en la carpeta fiscal de la denuncia contra el banco hay informes de inteligencia financiera de la Seprelad que señalan datos que llaman la atención. Sostuvo que los documentos hacen referencia a sumas de dinero que fueron extraídas de la Conmebol y remitidas a bancos de plaza –entre los cuales no está el Banco Atlas– y luego enviadas a empresas offshore, claramente identificadas en los informes de inteligencia financiera.
Presionaron sin suerte a la presidenta del JEM
El pasado 24 de octubre asistió ante la comisión garrote la presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Alicia Pucheta, a quien intentaron presionar para instar a que sancione al juez del 5º Turno en lo Civil y Comercial, Agustín Rivas Laguardia, por haber ordenado en su momento el remate judicial de un inmueble embargado al presunto narcotraficante Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca.
Sobre este mismo punto, la titular del JEM, Alicia Pucheta, explicó que ya en su momento trataron el tema a pedido del diputado cartista Alejandro Aguilera, ya que no contaban con elementos ni denuncias y por ende se dispuso una investigación preliminar. “Cuando no se tienen elementos semisólidos para iniciar enjuiciamiento, entonces lo que se hace es iniciar una investigación preliminar”, dijo.
La directora general de Asuntos Legales del JEM, Amy Lezcano, relató que ese organismo (JEM), “por unanimidad solicitó el archivo de la causa porque no hubo un agravio” y con ello “pasó al archivo”, y remarcó que no hay “denuncia presentada por la Senabico u otras personas” ligadas al caso.
Sesionaron sin quórum legal
Otro de los nefastos antecedentes que sumó la comisión garrote tiene que ver con que llegaron a sesionar sin quórum legal, el 24 de octubre pasado.
El reglamento establece un mínimo de cuatro miembros para que las decisiones sean válidas y sesionaron en varios momentos de dicha ocasión con solo 3 integrantes.
Estuvieron presentes durante toda la sesión y hasta el final, Dionisio Amarilla, Gustavo Leite y Colym Soroka. Este último dijo luego de la sesión que “no se dio cuenta” de la falta de quórum pero que en caso de ser así, esa sesión no tiene validez.
La vigencia de esta comisión garrote vence hoy 18 de noviembre. La Cámara de Senadores le otorgó 60 días más para seguir con los aprietes. La de Diputados lo haría mañana, ya un día fuera de plazo, es decir, de modo ilegal.