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El controvertido proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo pretende sustituir a la Ley vigente N° 1626/2000 “De la Función Pública”, supuestamente con el objetivo de que la realización de “concursos” sea el único mecanismo para acceder y ascender en cargos públicos, aunque este Gobierno ya ha demostrado –sobre todo con casos de nepobabies– que “hecha la ley, hecha la trampa”, cuando se trata de ubicar a amigos en cargos públicos.
El objetivo de la ley, además, se vuelve menos creíble, ya que en campaña, el ahora presidente de la República, Santiago Peña, había dicho que “hay muchos correligionarios que creen que los cargos que tienen son porque son ‘guapitos’, que tienen la pared llena de títulos, está lleno de gente con títulos, pero los que llegan a los cargos llegan gracias al Partido Colorado”.
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A esto hay que sumarle que ya existen leyes vigentes que prohíben abusos en las contrataciones de nepobabies y operadores, como establece la Ley " Godoy” N° 6622/2020, “Que establece medidas de racionalización del gasto público”, sin embargo, se evaden mediante artimañas legales incluidas en la ley del Presupuesto de Gastos de la Nación.
Por ello es que, pese a que el proyecto del Ejecutivo en su articulo 17 establece la “prohibición de nepotismo y uso indebido de influencia en la designación de cargos de confianza”, no hay garantías de que usen los mismos recursos para seguir con la práctica. También se legalizó la figura clave para nombrar personas sin concurso, los “asesores”, aunque supuestamente los limitan.
Además ratifica una medida ya juzgada de inconstitucional por la Corte, que es fijar una jornada laboral de 40 horas semanales, mientras que al común de los trabajadores se les exige 48 horas.