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Como primer punto del orden del día de la sesión ordinaria convocada para el próximo martes, la Cámara de Diputados incluyó para su tratamiento el veto del Ejecutivo “por el cual se objeta parcialmente el proyecto de ley Nº 7357, que modifica los artículos 7º y 11º de la ley Nº 5144/2015 de Fomento de consumo de alcohol absoluto y carburante”, también conocido como “Ley Leite”, que en su paso previo por Senado, se aceptaron las objeciones y se promulgó la parte no objetada.
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Durante el debate previo en ambas cámaras, opositores alertaron que el proyecto planteaba un excesivo privilegio y un intervencionismo del Estado similar al de regímenes comunistas, ya que obliga a una intervención artificial del mercado, para obligar a agregar alcohol a las naftas.
Según remarcaron legisladores, como el senador Eduardo Nakayama (Liberal independiente), esto tendría un impacto directo en la ciudadanía, ya que atentaría contra los conductores sobre todo de los “chilerés” nafteros, que son la mayoría del parque automotor, ya que al no tener motor flex, se verían obligados a comprar naftas más caras sin el alcohol.
El veto parcial del Ejecutivo, beneficia solo al propio gobierno, ya que solamente eliminó la obligación de la renovación la flota de vehículos estatal.
En tal sentido, el artículo 11 objetado establece que “los Organismos y Entidades del Estado, deberán adquirir vehículos livianos y utilitarios con tecnología flex fuel o E85 (Etanol 85% (ochenta y cinco por ciento), hasta alcanzar en el año 2028, la transformación de al menos el 50% (cincuenta por ciento), de su parque automotor con vehículos propulsados con este tipo de combustión”.
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Por otra parte, se objeta el artículo 3º, referente a las sanciones, ya que según el Ejecutivo, da un margen excesivo de discrecionalidad para las sanciones.
“En otras palabras, se instaura un régimen de sanciones no enumeradas en la ley, otorgando un amplísimo margen de discrecionalidad al órgano de aplicación, con perjuicio del administrado y de sus derechos fundamentales irrenunciables”, señala el Ejecutivo.
También tratarán el “parche”
Atendiendo a que el veto del Ejecutivo dejó sin sanción para quienes eventualmente incumplan la ley, la Cámara de Senadores, a las apuradas y en paralelo al estudio del veto parcial, aprobaron una ley “parche” que contenga sólo las sanciones que regirán para esta ley, evidenciando aún más el afán de que salga, como sea, este beneficio.
El proyecto establece castigos que van desde la multa, hasta el cese de los beneficios de la ley, comiso e incautación de los productos, entre otros, y el órgano de aplicación será el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).
También se agrega un cuestionado artículo, para beneficiar al funcionario que imponga las multas. En tal sentido, el artículo 9º refiere que “el denunciante y los funcionarios que tengan participación en los procesos de fiscalización e intervenciones realizados por el Ministerio de Industria y Comercio, tendrán derecho a una participación de hasta del 15% (quince por ciento) de las multas que se aplicaren y cobraren a los infractores”.
En caso de que Diputados acepte el veto parcial y promulgue la parte no objetada, quedará vigente el beneficio. De lo contrario, si opta por no promulgar la parte no objetada, pasará al archivo, por disidencia de una de las cámaras.
Socio del “oenegero”
El proyecto de ley busca claramente favorecer al sector de los productores de alcohol entre los que sugestivamente se encuentra el empresario del rubro, Carlos Morínigo Gamell, que además es secretario de la ONG “Asociación Civil Comunidad Cenáculo del Paraguay”, cuya presidenta es Paola Serrati, esposa del senador Gustavo Leite.
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Morínigo Gamell es el principal representante y accionista de Neufeld Alcoholes SA (Neualco) y por ende, directo beneficiado, aunque según Leite, este “tiene solo” el 20% del negocio alcoholero.