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El controvertido proyecto de ley “De la Función Pública y del Servicio Civil” es debatido en una segunda sesión extraordinaria, mientras cientos de manifestantes aguardan en la plaza ubicada frente al Congreso Nacional la decisión del Senado. El debate arrancó a las 15:20 con la defensa de los senadores Derlis Maidana (ANR, HC), el senador Javier Zacarías Irún (ANR, HC).
Los senadores cartistas aseguraron que el Congreso está incluido en la ley de la carrera civil; sin embargo, en varias oportunidades hablaron de la independencia de los Poderes del Estado y no afirmaron que no se trata de un simple “capricho” sino que se basan en la Constitución Nacional. Aseguraron que la normativa garantiza los derechos laborales.
Los senadores colorados e incluso opositores se mostraron a favor de impulsar un proyecto de ley de carrera legislativa. El senador Líder Amarilla, quien tiene a su hija y hermana en su despacho defendió la independencia de los poderes del Estado y justificó el salario que perciben al señalar que recorren el país y que tienen responsabilidad en el cargo.
El senador Amarilla anunció que en el tratamiento en particular solicitará que la política de remuneraciones del régimen del servicio civil tenga como base el salario del presidente de la República.
La senadora Esperanza Martínez (FG) afirmó que el proyecto apunta a tener el control de los funcionarios públicos sobre la visión económica del control fiscal, del pago de la deuda pública en términos del gasto público. Cuestionó que la norma no se enfoque en la recomposición de la carrera civil para reclutar a los mejores. “La gente está cansada de los supersalarios, de los privilegios a costa de muchos trabajadores que son vilipendiados”, dijo.
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Asimismo, dijo que la iniciativa del Ejecutivo “tiene una mirada económica” cuando dice que la intención es controlar el salario no solo de los funcionarios, incluso de quienes se rigen por leyes especiales. “La intención es controlar el gasto público para pagar la deuda”, manifestó la legisladora.
El senador Rafael Filizzola (PDP) cuestionó que el problema de la Función Pública no es la normativa, sino el padrinazgo y el clientelismo. Indicó que en la letra chica ve cuestiones que le preocupan porque un contratado que ingrese por una “necesidad excepcional” al cargo y supere los 10 años evadirá el concurso al ser nombrado de “forma natural” sin concurso.
El senador expulsado del PLRA y aliado cartista, Dionisio Amarilla, pidió el cierre de lista de oradores y Filizzola pidió que siga el debate para analizar el proyecto y respetar el debate y la voluntad popular. La senadora Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional pidió a sus colegas la oportunidad de expresarse, más aún cuando ayer se entregó la última versión. Finalmente, esta solicitud fue aprobada.
La senadora Celeste Amarilla (PLRA) dijo que hemos tenido funcionarios “extorsionados por políticos inescrupulosos, por trabajos políticos, por plata casi una mano de obra barata de los gobiernos de turno. Puede ser el inicio del fin de esa práctica perversa o también el fin de los funcionarios inescrupulosos donde buscan cargos y aumentos o pidiendo favores sexuales”, manifestó.
La senadora Paredes, dijo que la ciudadanía está harta de la injerencia política para la selección de los funcionarios públicos. “Se usan como agencia de empleos buscando favorecer a la parentela. Este proyecto no va a solucionar cuando se habla de los nepobabies, esta ley es un poquito más de lo mismo y no va a cambiar la historia”, dijo.
Añadió que la normativa del Ejecutivo “delata la concentración de poder del Ministerio de Economía”, y que Carlos Fernández Valdovinos, el superministro se le debió tratar como el excelentísimo ministro. Añadió que su poder se ve en la autorización que dará para que ingresen funcionarios al Poder Judicial o al Legislativo, “mientras (Santiago) Peña seguirá por la galaxia”.
El senador Colym Soroka (ANR, Independiente) dijo que la normativa no solo va a afectar a la parte pública, sino a la parte privada. “Estamos tocando los derechos del sector público, sino del sector privado”. También llamó la atención sobre el poder que concentrará el ministro de Economía.
El senador Eduardo Nakayama (Independiente) cuestionó la distinción que se hace entre el funcionario público y el funcionario del sector privado, “es inconstitucionalidad”. Mencionó que en la función pública un empleado puede adquirir estabilidad a los 2 años, mientras que un trabajador del sector privado a los 9 años”, dijo.
Por pedido del senador Óscar Cachito Salomón (ANR, Independiente) fue aprobado en general con 35 votos el proyecto de ley y aprobaron en particular los artículos no objetados. Las senadoras Paredes y Martínez cuestionaron que aprueben en particular artículos no objetados de un proyecto cuya versión se entregó a última hora, ambas se abstuvieron.