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El proyecto de ley “De eliminación de seguros médicos privados para funcionarios públicos del Estado” presentado por varios legisladores señala en su exposición de motivos que la Constitución Nacional en su artículo 88, en el Capítulo sobre el Trabajo y los derechos laborales, dispone que el Estado garantizará a todos los habitantes el derecho a la seguridad social, incluyendo el acceso a la salud.
Asimismo, mencionan que la existencia de seguros médicos privados, financiados con fondos públicos exclusivamente para funcionarios crea una inequidad en el acceso a la seguridad social, discriminando tanto a los ciudadanos en general como a los mismos servidores públicos que no gozan de tales beneficios. Añade que esta situación contraviene el ideal de equidad en el acceso a la seguridad social, consolidando una estructura de derechos diferenciados en el seno del propio Estado.
El senador Eduardo Nakayama (Independiente) había dicho ante el pleno del Senado que de manera inconstitucional e impropia se destinan unos US$ 110 millones al año en el pago de seguros médicos privados para funcionarios de los 3 poderes del Estado, pero no para todos y solo se beneficia al 1% de la población.
También menciona el artículo 101 de la Constitución que dispone que los funcionarios públicos están al servicio del Estado y de la comunidad, y no de una fracción o sector. El autor del proyecto de ley, el senador Eduardo Nakayama, argumenta que la provisión de seguros médicos privados para funcionarios específicos contradice el principio de servicio público, al otorgar un beneficio particular que privilegia a una minoría en detrimento del interés general.
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Por otra parte, cita el artículo 46 de la Constitución que consagra el principio de igualdad, disponiendo que todas las personas son iguales en dignidad y derechos, sin discriminación alguna. Sostiene que la financiación de seguros médicos privados para funcionarios con recursos estatales vulnera este principio, al crear una discriminación en el acceso a la salud.
Considera que esta diferencia de trato en la prestación de servicios esenciales perjudica a aquellos ciudadanos que carecen de cobertura privada, quienes, a través de sus contribuciones tributarias, financian un beneficio exclusivo para una parte de los servidores públicos. De igual importancia, el articulo 128 de la Constitución, sobre “la Primacía del Interés General Y el Deber de Colaborar”, que establece que “En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general”.
Lo que propone el proyecto de ley
El proyecto de ley tiene por objeto eliminar la contratación de seguros médicos privados financiados por el Estado para funcionarios públicos, en busca de promover la equidad en el acceso a la salud pública en el territorio nacional. Se aplicará a todas las entidades, organismos, empresas y dependencias del Estado en sus distintos niveles y modalidades.
Asimismo, se prohíbe la posibilidad de suscripción de nuevos contratos de seguros médicos privados para funcionarios públicos, así como la renovación de aquellos actualmente vigentes una vez concluidos. No sólo se eliminan los contratos, sino que se eliminan los subsidios de salud para los empleados del sector público.
Sin embargo, se exceptúa de esta disposición a los funcionarios del cuerpo diplomático que se encuentren en servicio en el extranjero, en virtud de la naturaleza de sus funciones y de la necesidad de contar cobertura médica adecuada en el país de destino.
¿A donde irán los US$ 110 que se destinan en seguro médico?
El proyecto de ley establece que los recursos económicos asignados en el Presupuesto General de la Nación del último ejercicio fiscal para la contratación de seguros médicos privados para funcionarios públicos -que se estima serían de US$ 110 millones- deberán ser redirigidos al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, sean destinados exclusivamente a la inversión en infraestructura, equipos e insumos médicos para el sistema de salud pública y no podrán utilizarse para gastos corrientes de salarios, bonificaciones u otros beneficios personales de los funcionarios del Estado.
El proyecto de ley lleva la firma de los senadores: Eduardo Nakayama (Independiente), José Oviedo (Yo Creo), el senador Rafael Filizzola (PDP), Ignacio Iramain (Independiente), Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) y el senador Colym Soroka (ANR, independiente).
