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A pedido de los miembros cartistas de la comisión “garrote”, que está decidida a redoblar el ataque a grupos críticos al gobierno cartista de Santiago Peña, se acordó solicitar la extensión de mandato por otros 60 días hábiles.
Paralelamente, ordenaron al asesor jurídico de la Cámara Alta, Emilio Camacho, accionar judicialmente para obtener información privada de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL).
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El argumento es claro, quieren más tiempo para apretar a organizaciones civiles y grupos empresariales ligados a ABC, puesto que también realizarán una “visita in situ” a obras del fideicomiso entre Banco Atlas con el Instituto de Previsión Social (IPS).
“Nos hemos reunido con el Dr. Emilio Camacho, con el senador Gustavo Leite y con presencia del presidente del Congreso (Basilio “Bachi” Núñez), a quién hemos encargado avanzar en el escrito para presentar ante la justicia ordinaria el requerimiento a las ONG que se han negado a proveer las informaciones. Este caso de IDEA es solo a modo ejemplificativo, pero no limitativo”, dijo el presidente de la comisión “garrote”, el aliado cartista Dionisio Amarilla (expulsado del PLRA).
Hizo directamente alusión a la ONG IDEA, relacionada con el abogado Ezequiel Santagada, a quien atacaron por el hecho de defender el derecho constitucional de resguardo de la información privada.
“Continuamos recibiendo informaciones de carácter evasivas de su parte (refiriéndose a Santagada). Confirmamos a su vez que gran parte de los fondos que recibieron en el marco de la Cooperación Usaid-República del Paraguay fueron a gastos en remuneraciones de sus directivos y equipos técnicos, también el mismo de manera taxativo alude en la nota, a que efectivamente en promedio ha gastado G. 42 millones por mes en útiles de oficina, suponemos que es una oficina de envergadura”, dijo Amarilla.
Supuestamente, el pedido de prórroga también es para atender la nota remitida por diputados opositores, en la cual solicitaron investigar también a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), lo que realmente fue una “excusa perfecta” para reforzar sus intenciones de seguir persiguiendo a sectores que cuestionan al gobierno cartista de Santiago Peña.
En otra parte de su argumentación para pedir la prórroga, también citó supuesta documentación no arrimada por banco Atlas -cuyos representantes comparecieron por más de tres horas la semana pasada- y donde ahora supuestamente encontraron consultas no respondidas.
Cartistas temen posible “terrorismo de Estado” de la mano de gobierno cartista
Como el colmo de los colmos, los miembros de la comisión “garrote” - que realizan un claro trabajo de persecución utilizando la estructura estatal-, se escandalizaron por la posibilidad de que el caso del asesinato del diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes se haya podido tratar de un caso de “terrorismo de Estado”. Es como el refrán de que “el muerto se asusta del degollado”. Fue durante la comparecencia de los representantes de la familia Gomes, el abogado Óscar Tuma y el licenciado Emilio Fernández.
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Tuma y Fernández cuestionaron la investigación penal, afirmando que supuestamente no existen elementos objetivos y probatorios para la investigación contra Gomes, ni tampoco para mantener preso al hijo del difunto legislador, Alexandre Rodrigues Gomes, y apuntaron contra el gobierno, reclamando la falta de “solidaridad” con los familiares de su correligionario.
Los miembros de la comisión “garrote” se mostraron “convencidos” con los argumentos de los abogados, quienes pidieron al gobierno “asumir” si hubo un mal procedimiento, ya que insistir con la imputación y pedido de prisión del hijo de “Lalo” constituye una “doble injusticia”. “Se lo mató al diputado, encima se está difamando e injuriando su nombre y se le mantiene preso al hijo”.
Tuma dijo haber recibido de la viuda de Gomes una carta lacrada dirigida al presidente de la República. A título personal, el abogado dijo: “Yo lo conozco al ministro Riera -lo conocía mucho más mi padre-, sé de su honorabilidad y decía que creo que lo están engañando, pero tampoco está abierto a revisar la actuación”.
Como el motivo de la convocatoria era analizar la causa por presunto lavado de dinero que motivó el operativo en el que murió “Lalo” Gomes y la detención de su hijo, y no su asesinato como tal, que es ya la causa posterior, Leite sostuvo que no se podían disociar ambos casos, ya que podrían guardar relación con un caso de “terrorismo de Estado”.
“La comparecencia era respecto a la causa contra lavado y nosotros somos una comisión de investigación del lavado (de dinero), contra el patrimonio del Estado y delitos conexos, pero el delito conexo puede ser terrorismo de Estado, entonces no podemos nosotros no hacer las preguntas que son obvias”, dijo el cartista Leite, remarcando que “el relato del Dr. Tuma es absolutamente diferente al relato que nosotros tuvimos aquí en sesión reservada por parte del Ministerio Público y del Interior”.
También se sumaron en la crítica contra el proceder del Estado (manejado por el cartismo) los diputados cartistas Héctor “Bocha” Figueredo y Rodrigo Gamarra, pero el que más fuertemente se pronunció fue el colorado oficialista Jatar “Oso” Fernández (ANR, B).
“Yo no comprendo como una persona que hizo una imputación postmortem (tras la muerte) sigue en el cargo, ni voy a comprender. Yo no les tengo miedo, porque si entran en mi casa yo sí les voy a meter plomo, yo si voy a disparar. A lado de mi cama luego tengo y me van a matar posiblemente. Pero, ¿ustedes se dan cuenta de la situación en la que estamos hoy en el Paraguay, que ni los legisladores estamos seguros?”, reclamó Fernández.
“Es verdaderamente una vergüenza que nuestra República se maneje de esta manera, verdaderamente es una vergüenza. Si esto así, esta gente debería estar presa”, acotó Jatar Fernández.
Banco Zeta se defiende, apuntando a otras entidades
Los representantes de Zeta Banco (exfinanciera Finexpar SAECA), cuyos directivos, Luis María Zubizarreta Zaputovich y Jonh Gerald Mathias Gaona están imputados en el marco de la causa denominada Pavo Real II, en la que está procesado el hijo de “Lalo” Gomes también comparecieron hoy ante la comisión “garrote”, representados por Alcides Cáceres, Marco Chaparro y la abogada Shirley Duré.
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Cáceres comenzó la exposición alegando que supuestamente cumplieron toda la debida diligencia y que el único motivo para imputar a dos de sus directivos fue haber firmado la venta de un inmueble donde está ubicada la estancia “Negla Poty” y realizar una operación de descuento de cheques, que sostienen es totalmente legal y reglada por el Banco Central del Paraguay.
Sin embargo, hicieron bastante énfasis en que operaciones similares, pero de mucho mayor volumen, se realizaron en otros bancos, cuyos directivos no están imputados. Puntualmente, citaron a los bancos Continental, que poseía el 73% del total de operaciones financieras con el clan Gomes, mientras que banco GNB el 25%, y solo a sus directivos se los investigó, pese a tener solo el 2% de las operaciones.
En esta misma línea también apuntó en su momento el abogado Tuma, que cuestionó el porqué se imputó a los directivos de un solo banco y a su cliente (Alexandre Rodrigues Gomes) y no a los de otros bancos, que tienen “operaciones 10 veces mayor” que las relacionadas con los Gomes.
Un punto que “complicó” en cierta medida a los directivos del banco es cuando se le consultó sobre el cambio de título de la propiedad donde está ubicada la estancia “Negla Poty” antes de ser adquirida por Alexandre Fernandes Gomes, puesto que primeramente pertenecía a la empresa Compañía Especializada de Productos Agrícolas SAECA (Cepagro), de la que formaba parte el imputado en el caso, Carlos Oleñik Memmel.
Presuntamente, por incumplimiento de pagos, Finexpar en su momento se quedó con la propiedad, aunque volvió a vender al mismo Oleñik Memmel, para luego volver a quedar en manos del banco y finalmente vendersela al hijo del legislador. “Creo que por ahí van las sospechas de la Fiscalía”, dijo el diputado Leite tras oír el descargo.
“Yo entiendo que la primera fue una compra de cartera, llevó plata y dejó el inmueble, no pagó y se hizo el banco con el inmueble. Segunda, compra el inmueble de vuelta, ¿le dan otra vez un crédito para comprar el inmueble?”, cuestionó Leita, ante lo que Cáceres respondió: La operación creo que fue por US$ 1.615.000. Él (Oleñik) paga en cheque US$ 1.015.000 y 600.000 se le financia para la operación”. Tras lo cual, Leite refirió: “Por ahí va la línea de la Fiscalía, entonces”.
En la misma línea, el presidente de la Comisión, Amarilla, dijo: “Ahí es donde sustenta la Fiscalía sus sospechas de que Oleñik, hombre fuerte de Jarvis Chimenes Pavao, vía esta operativa se fondeaba permanentemente, entregaba efectivo, dación… un tiempo después, entregaba otra vez efectivo. El foco es Jarvis”.
Los mismos acotaron que la operación se realizó en medio de las limitaciones de la pandemia en 2020, y que para ese entonces “Lalo” Gomes no era aún una Persona Políticamente Expuesta (PEP) que motive mayores controles que los habituales.