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El Ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Alcibiades Giménez Díaz, estuvo envuelto en un nuevo escándalo en los últimos días al ser denunciado por un productor de locote de la zona de Caaguazú, por haberlo llamado y amanezado con que ordenaría al titular de la Dirección de Comercialización del MAG, Ernesto Sotelo, que le cierre el mercado a fin de que no pueda vender lo que produce.
Mientras los productores desesperados buscan ubicar sus productos, la realidad económica del titular del MAG, es completamente diferente y su fortuna va en franco crecimiento de manera significativa, de acuerdo con los registros oficiales.
El primer reporte ante Contraloría General de la República (CGR), data del 2016 cuando asumió como intendente de Choré departamento de San Pedro, en el cual mencionaba un patrimonio neto de G. 7.948 millones. Detalló que poseía un total de 8 propiedades, todas en dicho distrito donde era intendente, valuadas en G. 6.140 millones.
Para el 2018 cuando asume como gobernador de San Pedro, presenta una nueva DJ y el valor de los 8 inmuebles ya trepó a G. 11.360 millones.
Según el reporte hizo una inversión en uno de los inmuebles la cual aumentó su valor de forma muy importante. De G. 330 millones, el inmueble con la vivienda pasó a costar G. 4.800 millones, en Choré. La superficie es de 10.000 metros cuadrados.
Declaró también actividades agropecuarias con animales vacunos, equinos y ovinos. En este reporte del 2018 también declaró poseer una aeronave Cessna.
Notable aumento
En el 2023 deja el cargo como gobernador de San Pedro y se observa un representativo aumento en sus bienes. De G. 7.948 millones pasó a tener patrimonio neto de G. 20.395 millones y un activo total de G. 24.620 millones.
En el 2016 sus “actividades agropecuarias”, estaban apreciadas en G. 2.078 millones. Para el 2023 este mismo segmento trepó a G. 11.164 millones.
Al ser electo como senador nacional, antes de ser reubicado como ministro de Agricultura para dar lugar a su suplente Juan Carlos “Nano” Galaverna, el 14 de julio del 2023, vuelve a actualizar sus datos y para entonces su patrimonio neto ya subió a G. 21. 303 millones.
Para esa fecha, sus “actividades agropecuarias” representaban más de G. 12.000 millones.
Para el año pasado estrenó propiedades y ya completó 10 inmuebles, según sus DD.JJ.
Denuncias sobre su gestión
Si bien el actual ministro de Agricultura en su tiempo como gobernador amasó una importante fortuna, era denunciado por concejales, además que la Contraloría detectó millonarias inconsistencias durante su gestión.
En el 2022, el ente contralor emitió un informe sobre indicios de supuestos hechos punibles en donde se observan irregularidades en la gestión, por la suma de G. 16.190 millones, es decir más de USD 2 millones.
En la página 25 de la memoria de más de 400 páginas, la CGR, cita el millonario perjuicio, sin embargo, no da detalles de cómo aparentemente se mal utilizaron esos recursos.
“Los indicios de hechos punibles contra el patrimonio público constituyen hallazgos de hechos irregulares en el marco de las auditorías practicadas en diversos organismos y entidades del Estado, que requieren una profundización, la cual es realizada en la Contraloría, a través de la Dirección de Auditoría Forense, dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos”, expresa una parte del informe.
Denuncia de concejales
A estos se le debe sumar la denuncia que presentaron 10 concejales departamentales de San Pedro contra Giménez, por supuesto enriquecimiento ilícito, obras fantasmas, fraudes en alquileres y entregas ficticias de medicamentos.
La denuncia data del 2019 según los registros y fue presentada ante la Fiscalía de Delitos Económicos, por un supuesto perjuicio de unos G. 1.600 millones para la gobernación del segundo departamento.
Señalaron entonces que el reclamo fue presentado en Asunción y no en su departamento por el temor a la influencia del entonces jefe departamental sobre los fiscales de la zona.
Millonarias transferencias a su secretaria
En su época de gobernador del departamento de San Pedro (2018-2023), Carlos Gíménez realizó millonarios desembolsos a una organización no gubernamental (ONG), de nombre Asociación Departamental de Desarrollo Social, que se creó en el distrito de Liberación.
De acuerdo con los documentos a los cuales accedimos, la presidenta de la ONG, de nombre Julia Mendoza Ocampo, también era funcionaria de la Gobernación de San Pedro, que tenía en ese entonces como gobernador al actual ministro.
Entre los registros aparece una orden de pago Nº 76 del 26 de febrero de 2021, donde resalta un desembolso vía Banco Nacional de Fomento (BNF) de G. 771.196.750, mediante el rubro conocido como 800, en concepto de Aportes y Subsidios a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro. Los responsables de recibir el millonario desembolso fueron Julia Mendoza Ocampo y Francisco Ramón Yegros.
La señora Julia Mendoza Ocampo ese mismo mes se desempeñaba como responsable de la Secretaría de Acción Social, dependiente de la Gobernación, con un sueldo G. 4.200.000. De hecho, aparece como funcionaria del ente desde septiembre del 2018 y fue el mismo Giménez quien le designó como responsable de la Secretaría.
Hay una resolución de la Municipalidad de Liberación, del 14 de julio del 2020 que reconoce la creación de la ONG. Menciona que la misma fue creada en la colonia Jejuí del segundo departamento.
Auditoría externa
A estas irregularidades se le debe sumar la auditoria externa que realizó la consultora Global Trade Consult International que menciona varias irregularidades en la Gobernación de San Pedro entre 2022 y parte de 2023.
Entre las observaciones resalta la falta de facturas legales en la compra de 5.750 litros de combustibles que supuestamente fueron destinados para productores del distrito General Elizardo Aquino. Falta de respaldo sobre aportes que se realizaron a la Asociación de Mujeres de Curupayty de barrio Republicano de San Estanislao.
Cuestiona el desembolso para la elaboración de 746 kits de alimentos para familias indígenas. El importe fue de G. 98.980.000. El cuadro de transferencias directas que realizó la Gobernación de San Pedro a las entidades sin fines de lucro con falta de facturas legales supera los G. 497.000.000, según esta auditoria.