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Martin empezó haciendo un relato documentado de la manera en que se concedió un préstamo de US$ 4 millones, el 3 de noviembre de 2015, que tenía como garantía hipotecaria la propiedad ahora en disputa, que según las tasaciones realizadas tenía en ese momento un valor estimado de US$ 10 millones.
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El primer dato que descolocó a los miembros de la comisión “garrote” es que antes que el Banco Atlas, el primero en concederle un crédito a Biocombustible Brasilero fue el Banco Sudameris, que a diferencia del primero, no fue llamado por la comisión.
Esto hay que sumar al hecho de que pese a realizar toda la debida diligencia correspondiente, no encontraron entonces ningún indicio de lavado de dinero hasta que eventualmente la Fiscalía comunica la existencia de una investigación contra Cabeza Branca en nuestro país.
“Como se ha visto, en marzo de 2009 nace la persona jurídica Biocombustible Brasilero S.A., ingresa al sistema financiero de la mano del banco Sudameris que le otorga un crédito a los efectos de adquirir el inmueble que luego es sometido a una garantía real de hipoteca”, relató el abogado Rodrigo Yódico.
Martin remarcó que la empresa demostró solvencia e incluso cumplió con los primeros pagos (durante dos años), pero luego cayó en cesación y por ende el banco procedió -dentro de las atribuciones legales- a gestionar la demanda de la ejecución hipotecaria (el 25 de mayo de 2019), remarcando que la entidad bancaria tiene la “obligación de recuperar los créditos, porque los créditos entregamos con los fondos de los depositantes”.
Amparado en la ley y sin medidas cautelares hasta 2019, iniciaron los trámites legales para tratar de recuperar los US$ 3.390.350 (más intereses) de la deuda que dejó la empresa con el banco.
Yódice remarcó que el artículo 89 del Código Penal de “Indemnización de terceros” establece que “los terceros que, al quedar firme la orden de comiso o de inutilización, (...) serán adecuadamente indemnizados por el Estado”.
También el artículo 44 de la Constitución establece que no puede haber confiscación de bienes por parte del Estado, y por ello, expusieron una nota remitida a la Secretaría Nacional de Bienes Comisados (Senabico) donde ofrecieron llevar a subasta y cobrar solo lo que le corresponde al banco, y el resto entregarlo al Estado.
Sí hicieron los controles
Los miembros de la Comisión hicieron bastante énfasis en que quien figuraba como representante legal de Biocombustible Brasilero SA era Gilberto Suárez, supuesto testaferro de “Cabeza Branca”, y quien supuestamente no fue sometido a las debidas diligencias bancarias, lo cual fue desmentido. Se explicó que para las entidades bancarias el sujeto de crédito era la persona jurídica (Biocombustible Brasilero SA), que sí demostró solvencia y respaldo en sus balances. Otro punto relevante es que para ese entonces aún regían las Sociedades Anónimas y no la figura actual de acciones nominativas y el sistema actualizado en base a recomendaciones de Gafilat sobre la debida diligencia.