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Esta semana se llevó a cabo la audiencia pública sobre el proyecto de ley “que establece el aporte de 5 dólares americanos por cada asegurado básico y de 10 dólares americanos por cada asegurado premium o similares de las empresas prestadoras de seguro medico privado, además del aporte de 5 dólares americanos por parte de cada asegurado del Instituto de Previsión Social (IPS) y establece la obligatoriedad de que dichos fondos sean destinados al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social - Instituto Nacional del Cáncer (Incan)”, donde se marcaron dos posturas fuertemente contrapuestas.
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“Totalmente, no corre la forma, porque no es la vía. Si vamos a estar buscando financiación para cada carencia que tengamos, inventar un tributo de la manera por vía proyecto de ley, realmente se complica mucho Esto va a sentar un precedente muy complicado y creo que, sí queremos realmente abordar una mejora en el sistema de salud, tenemos que ser serios sentarnos entre las partes involucradas y conversar y ver la forma de financiación”, dijo el presidente de la Cámara de Instituciones Médicas Asistenciales del Paraguay (CIMAP), Julio Ferrari.
Ferrari junto a otros representantes de empresas de seguros médicos privados presentaron un dictamen jurídico, mencionando qué artículos de la Constitución que podrían violar, como el Art. 44 “de los tributos”, que establece que “nadie estará obligado al pago de tributos ni a la prestación de servicios personales que no hayan sido establecidos por la ley. No se exigirán fianzas excesivas ni se impondrán multas desmedidas”.
Algunas empresas de medicina prepaga y entidades prestadoras de servicios de salud privadas ya están obligadas a pagar Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) e Impuesto a los Dividendos y Utilidades (IDU), y este “aporte” lo consideran otro impuesto disfrazado.
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Advirtieron además, que lo que ocurrirán en la práctica es trasladar el costo del aporte a los asegurados, lo que implicaría que muchos opten por desistir del servicio, y sobrecargar aún más el ya deficiente sistema público sanitario.
“Mañana con justa razón van a venir pacientes de otras patologías con la misma necesidad y con la misma carencia”, acotó Ferrari. Agregó que aclaró que están dispuestos a analizar alternativas, como por ejemplo volver a incluir el cáncer entre las enfermedades cubiertas por el Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (FONARESS).
“De hecho, tenemos el Fonaress que realmente creemos que está probado en otros países. Tenemos que generar el fondo de financiación para abordar todas las enfermedades catastróficas. Que se haya tocado (y eliminado de la lista) el punto de oncología”, entonces se puede revertir y decirnos: “Bueno, para Paraguay estas 10 patologías son prioritarias y vamos a financiar de esta manera, va a ser administrado de esta manera, los aportes van a ser generados de esta manera” planteó.
En medio del debate, también se planteó la posibilidad de modificar el proyecto y aplicar el cobro a los funcionarios públicos asegurados por el Estado. Indicó que el gobierno gasta miles de millones en este servicio, sin embargo, las empresas sostuvieron que es difícil discriminar, ya que incluso hay servicios que no son individuales, sino planes familiares con varios asegurados.
Proyectista lamenta negativa, pero insiste en propuesta
El diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, C), uno de los proyectistas de esta iniciativa, explicó que quién finalmente es juez de la constitucionalidad o no de una ley es la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y remarcó que la intención es que las empresas de seguros médicos privados también cumplan con cubrir la asistencia a pacientes oncológicos, ya que actualmente los derivan al Instituto Nacional del Cáncer (INCAN).
“Tratamos de darle a entender a los dueños de seguros médicos privados de que esto va a ser un beneficio para ellos. Ellos hoy hacen un servicio de hotelería en sus hospitales, en su sanatorio, ya que finalmente el enfermo oncológico termina yéndose al Incan a solicitar medicamentos, ya sea un seguro médico básico o premium, eso es práctica común”, argumentó Vaesken.
Vaesken remarcó que lo ideal hubiese sido que el Gobierno no haya rechazado el proyecto de aumento del impuesto al tabaco para financiar el tratamiento oncológico.
”Este proyecto de ley lo presentamos ante la negativa del Ejecutivo de aprobar el impuesto al tabaco, cosa que de ahí debería salir la financiación de los medicamentos oncológicos, pero, no obstante, es un proyecto de ley que tiene un fin social de crear más justicia social y equidad”, dijo, argumentando que con ese aporte las empresas privadas “van a tener la posibilidad de ir a a retirar medicamentos del Incan y eso también va a ser posible de que ellos no carguen con un amparo judicial”, que es la vía por la cual ahora acceden a los medicamentos.
Remarcó que los amparos también representan un gran sobrecosto no solo para la empresas privadas, sino también para el Estado.
Igualmente, defendió la inclusión de IPS, mencionando que tampoco cubre las necesidades médicas de sus asegurados actualmente.
Sobre la propuesta de modificar la Ley del Fonaress dijo que “podría ser una alternativa, pero nosotros vemos que hoy al final no funciona, entonces queremos hacer algo que sí pueda funcionar y dar solución a las necesidades de la gente”.