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“La actual dirección del IPS sostiene que el contrato fue incumplido y los representantes del Banco Atlas sostienen que el espíritu del contrato no fue incumplido”, dijo Leite.
“Evidentemente se va a dirimir en otra instancia porque la actual dirección del IPS ya hizo una denuncia en Fiscalía y va seguramente a seguir ampliando”, agregó.
En otro punto dijo pese a los tecnicismos bancarios, lo cierto es que no se construyó un hospital puntual y queda identificar al responsable. “Vamos a tener que convocar a los presidentes del IPS, desde Benigno López hasta hoy a entender en qué momento y quién dijo ‘esta obra no vamos a hacer y esta sí vamos a hacer’.
Admitió que la comisión no ha convocado a los otros bancos que tienen o tuvieron fideicomisos con la previsional.
Agregó que por ello pedirán más datos a la Fiscalía sobre otros fideicomisos de IPS así como el caso de Nicolas Leoz, sobre fondos que la actual dirigente de Conmebol reclama.
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Antecedentes
Entre los puntos que la comisión “garrote” busca instalar, está la denuncia de Alejandro Domínguez contra Nicolás Leoz y el banco Atlas SA, por supuesto lavado y desaparición de fondos de la Conmebol.
Cuando la misma comisión convocó a fiscales del Caso Conmebol, los legisladores intentaron apretar a los agentes para imputar a directivos del banco, pero los funcionarios dijeron que no existen pruebas.
Los cartistas también buscan instalar supuestas irregularidades en el manejo del fideicomiso de fondos del IPS en el Banco Atlas.
Autoridades del ente previsional aclararon que las acusaciones no corresponden y documentos publicados demuestran que no pasó de ser una campaña montada por el cartismo y sus voceros en medios de prensa del Grupo Cartes.
Incluso el presidente de la República, Santiago Peña, repitió este discurso.
En esta comisión legislativa el cartismo también buscó acusar al Banco Atlas de lavado con el presunto narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca. Posteriormente, el oficialismo cuestionó que la entidad bancaria logre el remate judicial de una propiedad del presunto criminal.