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En representación de Banco Atlas comparecieron ante la comisión “garrote” del Congreso, el director del banco Atlas, Juan Carlos Martin y los abogados Jorge Vera, Carlos Arzamendia y Rodrigo Yódice, desde las 11:30 hasta pasadas las 14:40 respondieron cada una de las preguntas y expusieron documentos respaldatorios para cada uno de los casos con los que apuntaba la comisión “garrote”, que esta vez contó en varios tramos con la mayoría de sus seis miembros, con la única ausencia del diputado cartista Rodrigo Gamarra.
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Las preguntas arrancaron con el caso de una propiedad en disputa con la empresa Biocombustible Brasilero (Biobras SA), que luego resultó siendo una propiedad comisada en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero vinculado al presunto narcotraficante Luis Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”.
Algo que destacó el director del Banco Atlas es que en ningún momento Luis Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca” aparece ligado formalmente a Biobras, por ende, incluso cumpliendo las debidas diligencias era imposible identificar algunas supuesta vinculación, ni tampoco tuvo trato alguno con la entidad financiera.
Martin empezó haciendo un relato documentado de la manera en que se concedió un préstamo de US$ 4 millones para labores propias de una empresa ganadera, concedido el 3 de noviembre de 2015, que tenía como garantía hipotecaria la propiedad ahora en disputa, que según las tasaciones realizadas tenia en ese momento un valor estimado de US$ 10 millones.
El primer dato que descolocó a los miembros de la comisión “garrote” es que antes que el Banco Atlas, el primero en concederle un crédito a Biocombustible Brasilero (Biobras SA) fue Banco Sudameris, que a diferencia del primero, no fue llamado por la comisión. A esto hay que sumar al hecho que pese a realizar toda la debida diligencia correspondiente, no encontraron entonces ningún indicio de lavado de dinero hasta que eventualmente la Fiscalía comunica la existencia de una investigación contra Cabeza Branca en nuestro país.
“Como se ha visto, en marzo de 2009 nace la persona jurídica Biocombustible Brasilero S.A., ingresa al sistema financiero de la mano del banco Sudameris que le otorga un crédito a los efectos de adquirir el inmueble que luego es sometido a una garantía real de hipoteca, y también se observa a renglón seguido que en marzo de 2015 se inician las medidas de debidas diligancias del banco Atlas a los efectos de vincularse con un cliente que ya tenía una actividad financiera económica sujeta a las reglas de la debida diligencia de otras entidad bancaria”, relató el abogado Yódice.
Martin remarcó que la empresa demostró solvencia e incluso cumplió con los primeros pagos (durante dos años), pero luego cayó en cesación de los pagos y por ende el banco procedió -dentro de las atribuciones legales- a gestionar la demanda de la ejecución hipotecaria (el 25 de mayo de 2019), remarcando que la entidad bancaria tiene la “obligación de recuperar los créditos, porque los créditos entregamos con los fondos de los depositantes”.
“Lo que nosotros hicimos cuando nos enteramos de esto en la prensa, es hacer un reporte de la operación sospechosa”, a la par de que realizaron los trámites legales para tratar de recuperar los US$ 3.390.350 (más intereses) de la deuda que dejó la empresa con el banco.
Yódice también enfatizó que era la Fiscalía la que tenía que imponer medidas cautelares sobre la propiedad, sin embargo, “desde 2017 a 2019 no existió ninguna medida cautelar de ningún tipo” que impida vender o grabar sobre la propiedad en cuestión, y por ello se hizo el trámite de demanda de la ejecución hipotecaria. Resaltó que Senabico tampoco solicitó entonces esa medida.
El abogado también recordó a los miembros de la comisión que el artículo 115 del Código Civil les avala de forma lícita, legal y legítima a iniciar los trámites de cobro de la deuda y el artículo 89 del Código Penal de “Indemnización de terceros” establece que “los terceros que, al quedar firme la orden de comiso o de inutilización, hayan sido propietarios o titulares de otros derechos sobre la cosa, serán adecuadamente indemnizados por el Estado en dinero efectivo, siempre que no sean punibles por otra razón en conexión con el hecho”.
También el artículo 44 de la Constitución Nacional establece que no puede haber confiscación de bienes por parte del Estado, y por ello, expusieron una nota remitida a la Secretaría Nacional de Bienes Comisados e Incautados (Senabico) donde ofrecieron llevar a subasta el inmuebles y cobrar solo lo que le corresponde al banco, y el resto entregarlo al Estado.
“El banco en ningún momento estaba impedido legalmente y legítimamente a la ejecución de su crédito, no existía ninguna medida cautelar y aún así hemos visto la nota de una entidad bancaria, cuyo fin es el lucro, pero claramente le indica a la Senabico: Señores, permítanos ejecutar la garantía hipotecaria y vamos a honrar lo que corresponda como saldo a favor del Estado paraguayo”, remarcó Yodice.
Finalmente, los miembros de la Comisión hicieron bastante énfasis en que quién figuraba como representante legal de Biocombustible Brasilero S.A era Gilberto Suárez, supuesto testaferro de Da Rocha, y quién supuestamente no fue sometido a las debidas diligencias bancarias por no poseer suficientes bienes para respaldar la operación.
En tal sentido, en varias ocasiones e incluso con ejemplos habituales, explicó a los miembros de la Comisión, que para las entidades bancarias el sujeto de crédito era la persona jurídica (Biocombustible Brasilero S.A), que sí demostró solvencia y respaldo en sus balances, ya que es común que muchas personas no tenga muchos bienes a su nombres sino que sean parte de sociedades. Otro punto relevante es que para ese entonces, aún regían las Sociedades Anónimas, y no la figura actual de acciones nominativas.
Caso Leoz y el alevoso “direccionamiento” de Conmebol y documento clave de BCP
Uno de los casos más alevosos de clara persecución es en el que tratan de involucrar en el caso del difunto exdirigente de fútbol, Nicolás Leoz y la denuncia penal direccionada hecha por el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez (cuyo hijo tiene negocios con el gobierno de Santiago Peña), donde los miembros de la comisión “garrote”, con solo leer la carpeta fiscal, verán que se estaría encubriendo a otras entidades financieras. El propio Banco Central del Paraguay (BCP) certificó que el banco Atlas ni siquiera tuvo un llamado de atención por dicho caso.
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Martin reconoció que el banco Atlas tiene dos fideicomisos de Leoz, pero con financiamiento totalmente trazable y que corresponde a los negocios familiares lícitos en nuestro país (Sanatorio, actividad inmobiliaria y otros), lo cual está confirmado por el Banco Central del Paraguay, mediante nota SB. SG. Nº 00192/2021.
“Cuando empezaron a salir algunas publicaciones, nosotros por secreto bancario no podemos exponer a la opinión pública los documentos que tenemos. Entonces en ese momento mandamos una nota al BCP diciendo: Informennos si nosotros fuimos alguna vez sancionados, si tenemos algún caso abierto por incumplimiento de los procesos de prevención de lavado de dinero y el Banco Central nos responde con esta nota, donde dice claramente que en sus registros no hay ningún antecedente”, dijo el director de Atlas, mientras proyectaba el documento.
Martin también enfatizó otro elemento fundamental, que en 2021 la Conmebol presentó una denuncia contra “personas innominada”, donde sin embargo a la única entidad financiera a la que cita es a Atlas y el fideicomiso, mientras que ignoró a otros fideicomisos existentes en otros bancos.
La Conmebol presentó “denuncia innominada, y como sustento presenta este informe de auditoría forense (de la empresa Ernst & Young) y el único banco que menciona en su escrito es al banco Atlas y el fideicomiso, y es bastante curioso, porque en las 40 y pico de páginas que tiene la auditoría forense, en ningún lado se le menciona a banco Atlas”.
En dicha auditoría, sin embargo si menciona casi US$ 1.000 millones de movimientos financieros de la Conmebol en una serie de bancos locales, ninguno de ellos Atlas. La mayoría de estas entidades financieras respondieron a los pedidos de informe de la auditora internacional, salvo una Banco Amambay (Basa).
“Se comunican con los bancos con los que la Conmebol operaba, pidiendo información de los movimientos de Cuentas. Hubieron bancos que contestaron los requerimientos del auditor externo, como el Banco Do Brasil, Banco Itaú, banco Continental que respondieron, y hubieron bancos que no respondieron, por lo menos hasta el cierre de este informe, el Banco Amambay (Basa) y el Banco do Brasil (de una sucursal en Francia)”, dijo Martin.
Carpeta fiscal es demoledora y hunde a la propia Conmebol, dice abogado
Igualmente contundente fue el abogado Yodice, que al momento de su intervención, expuso datos netamente extraídos de la carpeta fiscal, que no solo eximirían de culpa a autoridades de banco Atlas, sino que comprometería a otras que sí tienen millonarios fideicomisos ligados a Leoz, con fondos trazables provenientes de cuentas de la Conmebol.
“La acción penal si bien no sindica a nadie como autor del hecho, sin embargo va directamente vinculado a los dos fideicomisos del banco Atlas. ¿Por qué se omiten los fideicomisos que fueron constituidos ante el banco Continental Saeca, francamente lo ignoro”, lo cual calificó de “grave omisión”, porque dicho fideicomiso si tiene elementos suficientes para sospechar que recibió fondos provenientes de la Conmebol, según reportes financieros obrantes en la carpeta fiscal.
“Los dos fideicomisos (de Atlas) fueron constituidos con fondos genuinos y trazables con operaciones que realiza el señor Leoz desde 2002 (cuando aún no tenían sospechas siquiera), ese es el origen y la manera de trazabilidad de ese dinero. (En respuesta a Jatar Fernández enfatizó) No, Sr. Diputado Fernández, en ningún momento hubieron sumas de dinero de transferencias internacionales ni nacionales que provengan del fútbol o la Conmebol”, remarcó Yodice.
Acotó que “es cuestión de analizar la carpeta fiscal” y recoge datos aportados por la propia Conmebol, donde “claramente está indicando que sumas de dinero de la Conmebol efectivamente eran extraídas por esta persona física (Leoz) y eran depositadas en Banco Do Brasil (Asunción), Itaú (Asunción) y Continental (Asunción)” y también se detalla la presunta ruta el dinero.
“Dentro de esta carpeta de actuación fiscal, para el que quiere entender está totalmente y absolutamente explicado si las sumas de dinero que salieron de la Conmebol dónde fueron a parar y cómo retornaron al país. Y resulta que en la carpeta fiscal hay informes de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) (...) que hacen una referencia sobre las sumas de dinero que fueron siendo extraídas de la Conmebol, que son remitidas a bancos de plaza -que no es el banco Atlas-, y que posteriormente son remitidas a empresas Offshore (de maletín)”, enfatizó.
Los miembros de la comisión “garrote” reconocieron no haber leído la carpeta fiscal, al señalar que solicitarán al Ministerio Público que se les entregue.
Fideicomiso con IPS está respaldado por contrato