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En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, la escribana y notaria pública Marta Brun listó los cuestionamientos que su gremio hace al proyecto de ley que crea el “Registro Unificado Nacional” (RUN), que recibió media sanción de la Cámara de Senadores ayer en una sesión extraordinaria y pasó a consideración de la Cámara de Diputados.
El martes, la mayoría oficialista cartista en el Senado y sus aliados aprobaron el proyecto de ley que plantea fusionar la Dirección General de Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y el Departamento de Agrimensura y Geodesia en una sola institución denominada “Registro Unificado Nacional”, una medida muy resistida por los escribanos, los usuarios más frecuentes de esas tres instituciones.
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Brun señaló que, en su estado actual, Registros Públicos y el Servicio de Catastro “funcionan muy mal” y calificó de “falacia” la idea –esgrimida por los impulsores del proyecto de ley– de que esa ineficiencia desaparecerá con el acto de unificar todos los trámites “en una sola ventanilla”.
Argumentó que la solución es fortalecer a Catastro y Registros Públicos por separado, “arreglar la casa” y “después vamos a juntar si hace falta”.
“Todos estamos de acuerdo: reformas sí, fusión no”, insistió.
Calificó de “mentira” la noción de que la fusión va a abaratar los costos de los trámites para los ciudadanos y señaló que en el artículo 136 del proyecto “suben los porcentajes de todas las tasas que hoy pagamos”.
Igualmente, afirmó que es falsa la idea de que la fusión dará mayor celeridad a los trámites, ya que, bajo los términos del proyecto, la institución fusionada tendrá un plazo mayor para expedir certificados de condición de dominio.
En manos del Poder Judicial
Brun cuestionó también el hecho de que el proyecto de ley pone al “Registro Unificado Nacional” bajo la autoridad del Poder Judicial.
Señaló un estudio presentado ayer en la Cámara Alta por el senador opositor Ignacio Iramain, quien señaló que ningún otro país de América tiene sus Registros Públicos bajo la batuta del Poder Judicial.
“El Poder Judicial tiene otra función, tiene que interpretar y aplicar leyes, no dedicarse a gestiones administrativas como Catastro”, dijo la escribana.
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“Catastro tiene una función: determinar el inmueble físicamente. El Registro anota el derecho que tenés sobre ese inmueble, en el Registro no se convalidan los vicios, no se crea derecho, es solo a los efectos de publicidad, no es constitutivo, son funciones muy diferentes que se van a juntar bajo la autoridad de una sola persona que va a poder hacer lo que mejor le parezca”, subrayó.
Reiteró que “la tendencia en el mundo es que ambas instituciones dependan del Poder Ejecutivo pero que funcionen de forma independiente” y señaló que, bajo el criterio del proyecto de ley, el Poder Judicial sería “juez y parte” en las controversias.
Señaló además que el proyecto establece que los embargos ejecutivos y ejecutorios no van a caducar, algo que va en contra de un acuerdo y sentencia de la Corte Suprema de Justicia que dice que los embargos de cualquier tipo caducan en un periodo de cinco años.
“Intereses que no llegamos a dimensionar”
Opinó que en la sesión de ayer del Senado se evidenció falta de seriedad por parte del sector favorable al proyecto, al no escuchar “razones fundadas” de los parlamentarios que argumentaron a favor de postergar el tratamiento de la propuesta.
Expresó también molestia debido a las declaraciones hechas por el presidente del Congreso, el senador cartista Basilio Núñez.
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“Nos dolió mucho que el presidente del Senado paraguayo se haya referido a los escribanos diciendo que somos los que esquilmamos a los ciudadanos, que no le interesaba la gente (que se manifestaba ayer) en la plaza. Había 300 notarios más gente de otras agrupaciones, ¿no son dignas de respeto esas personas? Este señor se pasó ayer con sus palabras”, dijo.
Brun especuló que detrás del “llamativo” interés del Poder Ejecutivo y sus aliados en el Congreso “en que esta ley salga a tambor batiente” hay “intereses que no llegamos a dimensionar”.
Señaló que “acá está bajada la línea y es orden del presidente de la República que esta ley salga” y argumentó que eso constituye una violación de la garantía de independencia de los poderes del Estado consagrada en la Constitución Nacional.