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El Congreso Nacional sancionó, a inicios de octubre pasado, el proyecto de ley “Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, más conocido como plan de “ley anti-ONG”. La normativa, aprobada con ambas Cámaras con una amplia mayoría del cartismo y sus aliados, aún no fue promulgada por el presidente Santiago Peña.
El exsenador y abogado constitucionalista Marcelo Duarte opinó respecto al proyecto de ley y, en principio, señaló que “no sé cómo quedó con las supuestas modificaciones, pero lo que te puedo decir es que el proyecto original es completamente inapropiado. Ese tema está totalmente legislado en nuestro país. Esa ley es innecesaria, no va a ser para nada un aporte y puede traer confusiones eventualmente y problemas a instituciones que han trabajado durante años de manera eficiente”.
Sobre los presuntos cuestionamientos de que la normativa será inconstitucional, aclaró que “hay algunos aspectos que son de dudosa constitucionalidad, pero mentiría si digo que estudié con tanto detalle la ley como dar una respuesta certera”.
“Pero, en líneas generales, la recomendación —no solo para Paraguay— es evitar las inflaciones legislativas. Es decir, si el tema ya está legislado y con lo que está ya se satisface la necesidad de control sobre este tipo de asuntos; entonces, no hace falta otra ley para legislar lo que ya está resuelto”, acotó.
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Ley anti-ONG: solo control a dinero del extranjero
Los cartistas alegan que las Leyes vigentes N° 6446 y 5189 que establecen un control a las ONG no aplican una fiscalización respecto con el uso de dinero proveniente del extranjero.
“No conozco en detalle la ley para decir sobre este o tal artículo está. Lo que te puedo decir, además de la inflación legislativa, es que si hace falta legislar sobre un aspecto que no está en la legislación vigente; entonces, lo que debió hacerse hecho es sencillamente, en uno o dos artículos, lo que se quiere legislar y no traer a colación de paso cuestiones que ya están legisladas”, expresó al respecto.
Insistió que, en todo caso, el proyecto de ley anti-ONG debió solamente haber introducido el control al uso de fondos recibidos del extranjero.
“Lo que sencillamente se debió haber hecho fue legislar sobre dos o tres artículos, estableciendo la obligatoriedad de lo que no está legislado, determinando cómo y los plazos para hacerlo, y dejar todo el resto para que no haya este tipo de situaciones. Entonces, hubiese bastado con que se concentren en dos o tres artículos que legislen sobre esa materia en particular: reglamentar el procedimiento a ser llevado adelante cuando se reciben fondos del extranjero y más nada”, subrayó.
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No se descarta veto presidencial
El presidente Peña, cuyas modificaciones fueron incluidas en el proyecto, no descartó ayer que dicha iniciativa legislativa sea vetada, pues afirmó que no quiere que una normativa promulgada sea sujeta a inconstitucionalidad.