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En comunicación con ABC Cardinal este jueves, la escribana Lourdes Torrás explicó las objeciones que tiene el gremio de escribanos a la forma actual que tiene proyecto de ley que plantea la creación del Registro Unificado Nacional (RUN), propuesto por el Poder Ejecutivo y cuya fecha de tratamiento fue establecida ayer por la mayoría oficialista cartista en la Cámara de Senadores.
Argumentando que su tratamiento es urgente -y desoyendo pedidos de la oposición de más tiempo para estudiar la propuesta legislativa y las manifestaciones de objeción de escribanos–, los senadores cartistas y sus aliados aprobaron tratar el próximo 13 de noviembre el proyecto de ley que plantea fusionar la Dirección General de Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y el Departamento de Agrimensura y Geodesia en un solo “Registro Unificado Nacional”.
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Torrás explicó que el Colegio de Escribanos del Paraguay pidió “un plazo para estudiar” el proyecto, ya que se trata de una propuesta legislativa larga y “desordenada”, de 203 artículos, muchos de los cuales “se contradicen”.
Señaló que en la elaboración del proyecto no se tuvo en cuenta las opiniones de los profesionales usuarios de las instituciones que el Ejecutivo pretende fusionar, los abogados, escribanos o topógrafos, entre otros que funcionan como “el puente entre la ciudadanía y las instituciones públicas”.
Indicó que recién después de la elaboración y presentación del proyecto los escribanos pudieron tener reuniones con comisiones del Senado y con representantes del Poder Ejecutivo en las que se puso exponer la postura del gremio, pero afirmó que como fruto de esas reuniones solo se modificaron alrededor de diez artículos del proyecto, logrando rever medidas como el aumento de las tasas judiciales.
Sin embargo, enfatizó que esas modificaciones no son suficientes para un proyecto tan amplio, desordenado y plagado de contradicciones.
El problema de los plazos
La escribana señaló como uno de los principales problemas del proyecto el hecho de que modifica los plazos registrales y notariales, manteniendo el régimen de días corridos (de lunes a lunes) para los usuarios –los escribanos, abogados, etcétera- pero contando días hábiles para los funcionarios del eventual RUN.
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Eso se traduciría en más tiempo de espera para el usuario en la emisión de escrituras públicas, informes o certificados y menos tiempo para solucionar eventuales problemas con esos documentos, explicó.
“Yo presento el certificado de condiciones de dominio y ellos tienen 30 días hábiles (en la práctica unas cinco semanas) para expedir, en ese tiempo te puede salir el certificado con nota negativa, con observaciones, pidiendo corroborar número de finca, titularidad; pasa demasiado tiempo para celebrar un acto, el que viene a solicitar servicios puede estar apremiado en necesidades económicas, como pasa mucho en estos tiempos”, subrayó.
“Las instituciones no están preparadas”
Cuestionó también que, a pesar de la fusión y –en teoría- la unificación de trámites en un solo certificado, Registros Públicos y Catastro van a seguir funcionando, al menos por el momento, en edificios separados, algo que en su opinión significaría que los trámites no se agilizarían.
“Las instituciones no están preparadas, quieren unificar funciones de dos instituciones que en este momento no están funcionando”, insistió.
Torrás reclamó que el Gobierno debería llamar a abogados, escribanos, topógrafos y especialistas en agrimensura y “vamos a redactar una ley que refleje la realidad del país”.
“La falla acá es que elaboraron un proyecto de ley sin tener el criterio de los profesionales que utilizan diariamente esas instituciones”, concluyó.