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Haciendo justicia al refrán de “árbol torcido jamás se endereza”, la supuesta “Comisión conjunta de investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos punibles de lavado de activos, contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos”, desde su instalación el pasado 26 de agosto no ha hecho más que ratificar su verdadera condición de comisión “garrote”, violando varios derechos constitucionales.
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Él artículo 195 de la Carta Magna (de las comisiones de investigación) establece que “la actividad de las comisiones investigadoras no afectará las atribuciones privativas del Poder Judicial, ni lesionará los derechos y garantías consagrados por esta Constitución”, lo cual ha ocurrido en varias ocasiones durante estos casi dos meses de vigencia de la comisión.
La presunción de inocencia –consagrada en el artículo 17 de la Constitución– fue pisoteada en varios momentos, empezando por el audio del senador cartista y miembro de la comisión Gustavo Leite, que en un audio enviado por WhatsApp se autoincriminó al revelar el plan.
“Si nos dan los datos (privados), ellos mueren política y socialmente en Paraguay; yo veo que por ahí va la cosa, pero están absolutamente desgastados. Hoy un oenegero es alguien que no quiere la transparencia, un incoherente que dice una cosa y hace otra, tenemos que insistir por ese lado y, por supuesto, ventilar lo que tenemos”, dijo Leite.
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La violación de la presunción de inocencia se ratificó con la coacción a fiscales, presionando para que imputen en causas de interés del cartismo.
La confesión de Leite sobre “ventilar” datos privados, materializado en supuestas “filtraciones” de documentos proveídos de buena fe por organizaciones sin fines de lucro (OSFL) –que por cierto hasta ahora no se demuestra de qué delito puntual se las acusa–, viola los artículos constitucionales 33º “del derecho a la intimidad” y 36º “del derecho a la inviolabilidad del patrimonio documental y la comunicación privada”.
Igualmente, ha operado de mala fe en varias ocasiones, como cuando presentó un informe de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) en que señala que las OSFL movieron US$ 1.700 millones en 2023, pero ocultando que dicha cifra incluía a clubes y otras entidades.
Resultó ser oenegero y además “tramparente”
Un año antes de que sea creada la comisión “garrote”, el senador cartista Gustavo Leite ya empezó su campaña contra quienes llama “oenegeros”, pidiendo informes sobre datos privados y omitiendo un gran detalle, que él también era “oenegero”.
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Además de ser protagonista de un bochornoso audio en el que relataba la estrategia de ataque a las ONG, se descubrió que Leite y su esposa Paola Serrati de Leite encabezaban la Asociación Civil Cenáculo del Paraguay.
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Tras ser descubierto, Leite se calificó como “oenegero transparente”, pero fue considerado “tramposo” por ciudadanos, ya que tras prometer que proveería la documentación de la ONG en la que estaba, la dejó bajo llave en una escribanía. Su ONG recibió aportes de Tabacalera del Este S.A. (Tabesa), sancionada internacionalmente, e Itaipú. También promovió una ley presuntamente para favorecer al secretario de Cenáculo y productor de alcohol Carlos Morínigo Gamell.
Jatar, desde el poder se volvió casi intocable
El diputado Jatar “Oso” Fernández, ahora colorado oficialista (uno de los tránsfugas del Partido Cruzada Nacional) acumula varias denuncias en su contra, la mayoría de ellas sin consecuencias presuntamente gracias a su “afinidad con HC.
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Este fue denunciado por su exencargado de despacho en la Cámara Baja, Hugo Rolón, por forzarlo a realizar labores domésticas particulares.
La denuncia, hecha a inicios de septiembre, hasta ahora sigue cajoneada en Diputados, bajo la presidencia del cartista Raúl Latorre, mientras que la Fiscalía ni amagó investigar.
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También sigue ocupando una propiedad en disputa en Ayolas, donde está su quinta “La Guarida del General” y para la cual la ANDE instaló un transformador bajo sospecha de tráfico de influencia.
El único revés que tuvo hasta ahora es que se vio obligado por la justicia a devolver un predio y embotelladora de agua que había ocupado en Villeta.
Un “transformado” aliado
El presidente de la comisión “garrote”, el senador aliado cartista Dionisio Amarilla (expulsado del PLRA), no solamente se muestra como “brabucón” a servicio del cartismo, sino también sospechosamente ligado a empresas mimadas por el gobierno, además, tiene varios parientes ubicados en el Gobierno.
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El Consorcio Arapoty Transformadores, del cual el senador formó partes hasta antes de asumir el cargo y al cual sigue ligado su padre Dionisio Amarilla González, fue sancionado con una multa de G. 4.852 millones por el incumplimiento del contrato para la provisión de 1.440 transformadores a ANDE, que hasta ahora no fueron pagados.
El senador que exige “transparencia” a las ONG, sin embargo se molestó cuando periodistas hicieron preguntas al “oenegero” Gustavo Leite y motivó que escolten a los trabajadores de prensa hasta la salida de la sede legislativa.
También es uno de los que presionaría a los fiscales para que hagan imputaciones, pese a que estos le señalaron la falta de elementos.