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El 9 de octubre último, la Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley de control a las organizaciones no gubernamentales (ONG), más conocida como anti-ONG. Cartistas y aliados usaron su mayoría y ahora el proceso sigue en el Poder Ejecutivo. Muchos miembros de la sociedad civil le piden al presidente de la República, Santiago Peña, que vete la propuesta de ley.
Una de las tantas reacciones internacionales que tuvo la ley es la de Gina Romero, relatora de las Naciones Unidas para la Libertad de Asociación y Asamblea. Sostuvo en su cuenta de X que le envió una carta a Peña.
“Envié una carta al presidente Santiago Peña, sobre el texto aprobado en Cámara de Senadores para el control y transparencia de las OSFL, y que pasó a sanción presidencial. A pesar de que el texto parece mejor que el original, aleja a Paraguay de los estándares internacionales DD.HH.”, posteo.
Romero se refirió a cómo afectará a las organizaciones sin fines de lucro y a los Derechos Humanos. En un hilo de su publicación, Romero citó puntos importantes.
En cuanto a los conceptos indefinidos como “utilidad pública”, u otros, incluidos en el nuevo texto como “interés social y cultural”, como criterios de identificación de las OSFL sujetas a la ley, “podría abrir la puerta para que su aplicación se haga de forma discrecional”, dijo.
Agregó que el texto aprobado abre la puerta a que se exija información por parte de diversos actores del sector público que pueden ser repetitivos y usarse en contra de ciertos tipos de organizaciones. Así mismo, no queda claro de quién es la obligación de hacer efectivas las disposiciones de la ley.
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Aspectos positivos y los “peros” que enfatiza la relatora de la ONU
Entre algunos puntos positivos de la ley, manifestó que el texto incluye la promoción y apoyo a OSFL y menciona criterios técnicos para su aplicación. “Pero muchas de las provisiones de la ley parecen contrarias al espíritu deseado de revisión técnica del sector”, resalto.
Indicó que hay un reconocimiento de registros ya existentes para OSFL, pero sigue sin ser clara la necesidad de crear un registro adicional, y “parece no tenerse en cuenta el impacto que la excesiva carga de registro tiene en organizaciones de base, asociaciones esporádicas o informales”, señaló.
Observó la eliminación de las sanciones pecuniarias que establecía el texto original, pero todavía el régimen de sanciones parece excesivo.
Rescató que el Gobierno haya intervenido para tratar de mejorar la ley. Pero se notó el tratamiento rápido que se le dio al texto sugerido (recibido y aprobado en 24 horas mismo día), por lo que no hubo discusión por parte de la ciudadanía ni de la sociedad civil, remarcó.
Aguardar que haya diálogo
“Espero que el presidente pueda tomar la recomendación de abrir espacios plurales y amplios de diálogo con OSFL. Tengo entendido que un grupo amplio de OSFL ha mostrado interés y disponibilidad para participar en consultas sobre los procesos de avance de transparencia y rendición de cuentas del sector”, concluyó.