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En conversación con ABC Color, la abogada Cecilia Pérez, quien representa a la exministra de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Zully Rolón, dijo que se emprenderán acciones judiciales y se hará una denuncia internacional si el Estado no revoca la decisión de retirarle los custodios que, por ley, debe tener durante dos años después de dejar el cargo.
Esta semana, el ministro de la Senad, Jalil Rachid, dispuso que a la exministra Rolón le fueran retirados los cuatro custodios que le fueron asignados, una decisión que la Senad justificó argumentando una necesidad de “optimizar recursos” en la fuerza antinarcóticos.
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Sin embargo, la retirada de los custodios sería una violación de la Ley del Agente Especial de la Senad, que establece que ministros y otros altos funcionarios de esa secretaría deben contar con custodios por un periodo de al menos dos años desde que dejan sus cargos.
Zully Rolón dejó de ser ministra de la Senad en agosto de 2023, cuando asumió el gobierno del presidente Santiago Peña, quien la reemplazó con el actual ministro Rachid.
Custodia establecida por ley
La abogada Pérez indicó que se presentó una solicitud formal al presidente Peña para la revocación de la decisión del ministro Rachid, teniendo en cuenta que la asignación de custodios a exministros de la Senad por dos años es algo establecido por una ley y no puede estar sujeto a decisiones administrativas ni a la “buena voluntad” de las autoridades de turno.
“Tenemos una obligación legal, y por una resolución administrativa con rango inferior se decidió retirarle la custodia que va por dos años”, subrayó.
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La letrada señaló que la custodia es una necesidad teniendo en cuenta el riesgo que implica estar al frente de una institución como la Senad, que tiene a su cargo el combate al narcotráfico y al crimen organizado.
Riesgo por casos de alto perfil como “A Ultranza”
Indicó que durante el periodo de Rolón al frente de la Senad se realizaron operativos de gran envergadura contra el crimen organizado como “A Ultranza”, cuyos procesos y causas derivadas siguen en curso, por lo que el potencial riesgo a la integridad de autoridades como la exministra seguiría latente.
Agregó que, teniendo en cuenta la naturaleza de “A Ultranza” como un operativo de cooperación internacional, la decisión del ministro Rachid envía un “mensaje bastante negativo” a los socios de Paraguay en la lucha contra el crimen organizado de que no se protege a los encargados de llevar adelante esa lucha.
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Añadió que, al ser la medida tomada desde la Senad una violación de la ley, se puede inferir que se trata de una “decisión política” en perjuicio de una exfuncionaria del gobierno anterior.
“Viola la ley, la Constitución Nacional y los tratados internacionales”, dijo. “El Estado está obligado a defender la seguridad de sus ciudadanos y especialmente funcionarios que le han prestado servicios”.
Concluyó diciendo que si no hay una respuesta positiva por parte del Poder Ejecutivo a la solicitud de que vuelva a asignarse una custodia a la exministra, “tendremos que plantear acciones judiciales y, por la premura del caso, vamos a hacer denuncias internacionales”.