Mensura de la exfinca 66 promovida por municipalidad afectaría a lotes privados

Una costosa mensura judicial promovida por el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (independiente), sobre las conocidas exfincas N° 66 y N° 13.741 estaría afectando propiedades que nada tienen que ver con el conflicto de larga data sobre esas valiosas tierras en Ciudad del Este. Varios propietarios que dicen tener títulos independientes están preocupados porque existe toda una disputa sobre sus inmuebles. El jefe municipal habla de un trabajo “despacioso” y que verificarán “caso por caso”.

Vista aérea de la exfinca 66 que alberga numerosos barrios populares de Ciudad del Este en su enorme extensión.
Vista aérea de la exfinca 66 que alberga numerosos barrios populares de Ciudad del Este en su enorme extensión.gentileza

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La disputa que tiene que ver con las fincas 66 y 13.741, que aparecen inscriptas en la Dirección General de los Registros Públicos como fincas 29.294 y 29.295, persiste, y no se encontró una salida judicial hasta ahora pese a varias maniobras.

Según el título presentado por la Municipalidad de Ciudad del Este, los límites de “la finca 29.295 - Padrón número 10.946 son los siguientes: Al norte río Acaray, al sur derechos privados. Al este derechos privados. Al oeste finca número 13.74 hoy finca 29.294, derechos de la Municipalidad de Ciudad del Este”. Así dice en una primera parte.

Agrega que los linderos según el título de la finca número 29.295 - Padrón número 10.947 son los siguientes: Al norte, finca 66, hoy finca número 29.295. Al sur, derechos privados; al este, finca número 66, hoy finca 29.295; derechos privados; al este, finca número 66, hoy finca 29.295, y al oeste, derechos privados”.

Sin embargo, estos límites estarían afectando propiedades que nada tienen que ver con la expropiación de las exfincas 66 y 13.741 a favor de la Municipalidad de Ciudad del Este y que ahora son reclamadas.

hombre de pelo corto, moreno, vestido con remera negra habla
Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este.

Una de las afectadas es Sur Inmobiliaria SA, que formuló oposición a la resolución del juez en lo Civil y Comercial del 4º Turno de la VI Circunscripción Judicial del Alto Paraná, con sede en Ciudad del Este, Juan Pereira.

El magistrado aprobó el pedido de mensura judicial solicitado por la Comuna. Este trámite fue licitado y otorgado a Jorge Daniel Quintana, por G. 2.673 millones

Sin embargo, Surinsa advierte que la mensura judicial que se pretende practicar abarca una porción de tierra mayor e incluiría su inmueble, por lo que “se deberá mensurar respectando el título de propiedad de Surinsa y el agrimensor deberá, en su informe, consignar el perímetro que resulte del título de propiedad y dejar constancia de nuestro ponderante (Surinsa)”.

Escrito que presentó la Municipalidad de Ciudad del Este en octubre del año 2021.
Escrito que presentó la Municipalidad de Ciudad del Este en octubre del año 2021.

Según esta empresa, tiene posesión sobre el inmueble desde el año 1961, incluso menciona que a la Municipalidad de Ciudad del Este le consta la posesión perfecta y el título de propiedad por el pago histórico del impuesto inmobiliario y las tasas.

En misma situación se encuentra la firma LMJ SA, que también se opone a las intenciones de la Comuna argumentando que su propiedad no tiene nada que ver con el litigio.

Existiría otra inmobiliaria afectada. Según el escrito presentado ante la Justicia, la citada empresa nada tiene que ver con el reclamo de la municipalidad, que ahora pretende incluir dentro de la mensura el predio que adquirió de la firma Dundee Holding International Incorporate SRL, según consta en la escritura del 23 de noviembre de 1990.

Añade que el polígono que describe el título que presenta la municipalidad carece de referencias esenciales propias para realizar el trabajo de mensura, atendiendo a la no existencia ni siquiera del mojón de arranque.

Problema de mucho tiempo

Las exfincas 66 y 13.741 pertenecían a la empresa Bananera Paraguaya SA, que fue expropiada a favor del municipio local en el año 1990 mediante la Ley 35/90. Costó casi US$ 9 millones -en ese tiempo- al Estado Paraguayo. El inmueble abarca 605 hectáreas donde actualmente están asentados los barrios Pablo Rojas, San Antonio, Che La Reina, La Blanca, Mburucuyá, Carolina y Don Bosco, ubicados entre el lago Acaray y la Ruta PY02.

Dice que analizarán caso por caso

El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, mencionó que la resolución del Juzgado de Primera Instancia fue a favor de la Municipalidad, pero que “apelaron y tengo entendido que está en la Cámara de Apelaciones (segunda instancia). Hay muchos intereses en juego. Por eso es lento”, mencionó el jefe municipal.

En otro momento explicó que van a estudiar cada caso. “No le vamos a desalojar a nadie. Ese trabajo va a ser lento y delicado. Pero es necesario. Vamos a ver caso por caso. En realidad esas tierras son municipales. La Comuna por corrupción u otros motivos aprobó esos loteamientos en el pasado”, dijo.

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