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En comunicación con ABC Cardinal este viernes, el abogado constitucionalista Robert Marcial González argumentó que el proyecto de ley de control a organizaciones no gubernamentales (ONG) aprobado por el oficialismo cartista en el Congreso es inconstitucional y lo describió como “un caballo de Troya para canalizar impulsos autoritarios”.
El proyecto de ley de control a organizaciones de la sociedad civil, cuya aprobación ha sido objetada por representantes de distintas organizaciones e incluso de organismos internacionales como las Naciones Unidas, está pendiente de la promulgación o veto del presidente Santiago Peña luego de su sanción en ambas Cámaras del Parlamento.
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González opinó que el proyecto es “políticamente perverso y constitucionalmente ilícito” y que tiene el propósito de dar ropaje legal a “impulsos autoritarios” provenientes de la facción oficialista de la Asociación Nacional Republicana (ANR).
Argumentó que “esta ley consuma actos de abuso pensados para poner patas arriba el sistema republicano y la democracia constitucional” permitiendo que la clase política ejerza un “poder desmedido” y que “el que tiene que ser controlado se erija en controlador”, en contradicción a la naturaleza de Constitución Nacional como un “antídoto contra toda forma de poder concentrado” y un “sistema de convivencia pacífica porque nos brinda herramientas para filtrar abusos y prepotencia de quienes ejercen el poder”.
Desmantelando la democracia participativa
El abogado señaló que la Constitución Nacional establece el perfil del Estado paraguayo como una democracia social de derecho que no solo es representativa sino también participativa y pluralista, que debe dar cabida a la sociedad civil en todos los niveles, desde la colaboración en la elaboración de políticas hasta el control de quienes ejercen el poder.
Con proyectos de ley como el que ataca a las ONG “eso se está desmantelando”, advirtió. “Con este tipo de ley se anula la participación de la sociedad civil organizada (...) Borra con el codo lo que la Constitución escribió con la mano, se le resta muchísimo perfil a nuestro modelo de convivencia democrática”.
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Señaló como ejemplo el amedrentamiento a medios de comunicación de línea editorial contraria al oficialismo cartista y advirtió que, con los mismos criterios con los que se persigue a las organizaciones civiles, en el futuro las autoridades de turno podrían “decidir que la prensa molesta” y establecer “restricciones arbitrarias” a los medios de comunicación.
“Los medios, que son baluartes de la democracia, soportes indispensables para defender lo poco que hemos construido en estos 35 años de transición, son los siguientes en la fila”, subrayó.
“Decisión bien orientada para perseguir disidentes”
Señaló que el audio recientemente filtrado del senador cartista Gustavo Leite (ANR), uno de los principales voceros del cartismo en su cruzada contra algunas organizaciones no gubernamentales, en que se lo escucha hablar de “ventilar” datos privados de organizaciones civiles como parte de una aparente campaña de desgaste reputacional de las mismas, demuestra que los impulsores de la ley “están actuando de mala fe”.
Se trata de “una decisión bien orientada para perseguir disidentes”, enfatizó. “En este caso ya no se puede debatir en términos democráticos porque ya señalaron que tienen mala fe, que van por todos y tienen un plan”.
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González estimó que el presidente Peña no va a vetar el proyecto de ley porque “sigue el libreto que le dictan quienes instalan este sistema de prepotencia”, por lo que la herramienta que queda para hacer frente al proyecto es el planteamiento de acciones de inconstitucionalidad, que se deberá realizar “caso por caso”.
“Por el perfil de nuestro modelo de control constitucional, esa instancia no se habilita en abstracto. Uno no puede ir contra una ley en términos genéricos, cada persona o institución va a tener que generar un caso concreto, señalar en qué consiste el agravio, caso por caso se va a ver”, explicó.