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Desde esta mañana, miembros de los grupos impulsores de la iniciativa popular para ampliar la Tarifa Social de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), que superó la meta de 48.321 firmas requeridas por normativa, se concentraron en inmediaciones del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), incluso bloqueando media calzada de la avenida Eusebio Ayala, frente al ente.
Cerca de las 10:00, los representantes presentaron el proyecto de ley ante el TSJE para su verificación y posterior tratamiento en el Congreso Nacional. La iniciativa superó la meta de 50.000 firmas en apoyo a la misma, tanto en formato digital como en papel, contenidas en seis biblioratos y 2.000 planillas.
El reclamo de los impulsores es que se amplíe la tarifa, pasando de 300 a 1.500 kW de consumo mensual, para “que beneficie a la mayoría” de la población paraguaya, según indicó Ermo Rodríguez, del Partido Paraguay Pyahurã (PP), que impulsa el proyecto junto con ANDE Pueblo Mba’e, Itaipú Causa Nacional, el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (CIPAE), el Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) y la Coordinadora Nacional de Adultos Mayores.
El tránsito en la avenida Eusebio Ayala ya se encuentra fluido, tras la presentación de la iniciativa popular, según informó el periodista de ABC TV Claudio Genes.
Hay recursos para financiar ampliación de Tarifa Social de ANDE
Rodríguez señaló que, según los cálculos, de US$ 2 millones sería el impacto de la ampliación, beneficiando no solo a familias vulnerables, sino también a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
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En cuanto a la financiación, el representante del PP afirmó que el Gobierno cuenta con los recursos económicos para afrontar dicha ampliación. Incluso, dijo que se debería recurrir a Itaipú en caso de requerirlo. ”Si hay una política de beneficiar realmente con la Tarifa Social, oĩ la plata, ikatu jajapo (hay el dinero, podemos hacerlo)”, declaró.
Explicó que una vez que la iniciativa popular ingrese al TSJE debe ser estudiada por la primera sala del ente. Tras superar la verificación, deberá ser trasladada al Congreso para que este la estudie como proyecto de ley.
“En el Poder Legislativo es imperativo que se trate porque se trata de una iniciativa popular”, refirió Rodríguez. Asimismo, advirtió a los parlamentarios que todas las organizaciones que impulsan el proyecto harán un seguimiento una vez que esté en manos del Congreso.
Los detalles de la iniciativa popular
El proyecto de ley establece que la energía eléctrica debe ser considerada un derecho humano, al igual que la educación y la salud. También propone que la ANDE tenga la obligación de garantizar el acceso a todas las familias y pequeñas y medianas empresas (mipymes) del país.
El texto de la ley contempla la implementación de una tarifa social más accesible, con un descuento del 90% para los consumos más bajos (0-100 kWh/mes), y menores reducciones para consumos moderados (hasta 1.500 kWh/mes).
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Las Juntas de Saneamiento también son incluidas para que el acceso al agua sea tratado como un derecho humano y su costo sea reducido. Además, se contempla para adultos mayores con ingresos bajos y los pueblos indígenas una tarifa gratuita para consumos de hasta 300 kWh/mes, y luego se aplicaría una escala tarifaria progresiva.
En cuanto a la financiación del proyecto, sugiere destinar el 50% de los ingresos anuales generados por la energía eléctrica, que se estima en US$ 1.250 millones, a la estatal eléctrica. Esto significaría un ingreso de US$ 625 millones anuales para la ANDE, de los cuales US$ 200 millones se destinarían al subsidio de la tarifa social y lo restante para invertirlo en mejorar la calidad del servicio.
Tarifa Social de ANDE: datos actualizados
El gerente comercial de la ANDE, Hugo Rolón, informó el lunes pasado a ABC que actualmente se benefician de la Tarifa Social 269.034 clientes que están distribuidos por todo el país.
Acotó que el promedio anual es de alrededor de 250.000 usuarios, aunque —reveló— la cifra fluctúa de manera estacional, reduciéndose la cantidad de beneficiarios en los meses de mayor consumo, como enero y los del verano.
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Quiénes pueden acceder al subsidio
La Tarifa Social fue implementada en 2004 con la Ley 2.501, como un programa destinado a subsidiar el consumo eléctrico de los sectores más vulnerables de la población.
El beneficio se pierde si el consumo excede los 300 kWh por tres meses consecutivos o si se detecta fraude en el suministro. Los funcionarios públicos están excluidos.
Para acceder al subsidio, los clientes deben cumplir con ciertos requisitos establecidos en la Ley 3.480/2008, como no superar un consumo mensual de hasta 300 kWh y estar dentro del grupo de consumidores residenciales o ser parte de Juntas de Saneamiento de Agua reconocidas por Senasa o Erssan. Además, deben contar con una conexión de tipo monofásico y con una llave termomagnética de 16 amperios.
El noviembre del año pasado, organizaciones sociales que forman parte de la coalición actual ya habían presentado un proyecto de ley similar, a través también de la iniciativa popular, pero no corrió, por lo que vuelven a insistir con dicha intención.