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Las desinformaciones que se divulgan intencionalmente tienen y pueden tener un impacto nocivo y hasta peligroso para la salud de las democracias.
A nivel internacional, se conocen casos de actores políticos que hicieron uso de campañas de desinformación para influir en la opinión pública, para generar confusión o para ocultar la verdad. En el continente americano resaltan dos casos específicos, el del expresidente Jair Bolsonaro en Brasil o el del ex primer mandatario Donald Trump en Estados Unidos, ambas autoridades hicieron uso de las herramientas digitales para tratar de posicionarse políticamente ante sus adversarios o para desprestigiar a sus rivales, casi siempre en un contexto electoral.
Estas desinformaciones no solo se dan a nivel externo o en contextos puramente proselitistas, se registran también en nuestro propio país y en ámbitos post-electorales. La diseminación de información falsa continúa de forma constante y esto pone en jaque no solo la institucionalidad de una República, sino que también la propia democracia paraguaya, que sigue en un proceso de transición desde 1989, tras la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner.
La frágil democracia paraguaya recibió otro duro golpe recientemente. Tan solo hace unos meses, a principios de 2024, la Cámara de Senadores resolvió destituir a Kattya Mabel González Villanueva de su cargo como parlamentaria. La abogada de 47 años es/era considerada una de las congresistas de la oposición con más peso político en los últimos años, sobre todo desde su asunción al cargo de diputada en el año 2018.
La expulsión de González Villanueva se concretó un 14 de febrero y fue calificada como “altamente inconstitucional” por varios gremios industriales y hasta referentes eclesiásticos que criticaron el irrespeto “a las reglas de juego”. La remoción de la congresista tuvo y sigue teniendo cuestionamientos políticos y constitucionales por la violación de la resolución 429/2023 que reglamentaba el proceso de pérdida de investidura y que establecía una mayoría absoluta de dos tercios para la expulsión de un legislador. De acuerdo a esta resolución de la Cámara Alta, sus rivales políticos necesitaban mínimamente de treinta votos de cuarenta y cinco para echarla del Congreso, pero la normativa fue ignorada y prevaleció la postura oficialista que insistía en que solo se necesitaba la mayoría simple de los presentes para avanzar en la sanción máxima. Fue así que Kattya Mabel González Villanueva fue removida de su cargo de senadora con tan solo veintitrés votos.
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La campaña de desinformación
A todo este confuso debate constitucional y político, que aún debe ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia, se le suma un condimento que fue clave para el inicio del proceso de destitución de la senadora Kattya González: la desinformación.
El libelo acusatorio, que se presentó tan solo un día antes, esgrimía que la parlamentaria incurrió en el uso indebido de influencias por supuestamente avalar y producir certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y por ser cómplice del cobro indebido de honorarios por parte de funcionarios de su despacho. El senador Dionisio Amarilla, al momento de argumentar la presentación del pedido de juicio político, señaló que se basó en las documentaciones “ampliamente publicitadas por los medios de comunicación”. El legislador, que fungió de fiscal acusador, estaba haciendo referencia a las publicaciones periodísticas del diario oficialista La Nación que, al mismo tiempo, refrendó las desinformaciones diseminadas en las redes sociales de trolls, bots y operadores políticos del movimiento político en función de poder, Honor Colorado.
La campaña de desinformación inició un mes antes de la fecha marcada para que Kattya Gonzalez sea destituida de su cargo. Uno de los primeros en iniciar la avalancha de informaciones mal intencionadas fue el polémico internauta Hugo Portillo. El 10 de enero lanzó su primera publicación en contra de José Luis Torales Servín, funcionario comisionado de la Contraloría General de la República (CGR) y entonces director de la bancada del Partido Encuentro Nacional de la Cámara Alta del Congreso. El usuario de X instaló que Torales Servín era no solo secretario y operador político de Kattya González, sino que afirmó también que percibía triple salario desde agosto de 2023. Esta afirmación fue desmentida por el Ministerio Público en su pedido de desestimación de Torales sobre la denuncia que se había presentado en su contra.
Los agentes concluyeron que el funcionario no incurrió en el cobro indebido de honorarios porque percibía un solo salario abonado por la Contraloría General, complementado con otros beneficios permitidos y previstos en las leyes de acuerdo a la función que desempeñaba. En este caso, los gastos de representación y la bonificación por responsabilidad en el cargo que eran abonados por la Cámara de Senadores.
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En una segunda publicación, también de ese 10 de enero, Portillo sostuvo que José Luis Torales Servín violó “abiertamente y con total impunidad” el inciso K del artículo 55 de la Resolución 254 del 01 de marzo de 2023 de la Contraloría General de la República que establece que los funcionarios de dicha institución contralora no pueden realizar actividades político- partidarias, ya que es incompatible con el cumplimiento de las funciones y responsabilidades asignadas al personal permanente y contratado.
Tan solo un día después de haber iniciado oficialmente la campaña en contra de la senadora González, Portillo dio una pista de las verdaderas intenciones del sector político que impulsaría en exactamente treinta y tres días su pérdida de investidura. En un principio, solo insistió en los cuestionamientos hacia José Luis Torales, tratándolo incluso de “atajacarteras” pero, después de unas líneas, expuso que la senadora debía ser expulsada del Congreso Nacional por supuestamente incurrir en el uso indebido influencias.
Portillo trató de instalar, además, que el funcionario cobraba estos supuestos salarios superpuestos sin cumplir con su jornada de trabajo. Acusó de “planillero” a Torales Servín porque la legisladora Kattya González solicitó que sea exceptuado de marcar su asistencia con reloj biométrico, una práctica común por parte de los operadores políticos de los congresistas, principalmente de la Asociación Nacional Republicana (ANR) pero que le ganó el título de “corrupta” a la parlamentaria del Partido Encuentro Nacional.
Esta seguidilla de cuestionamientos y críticas, que bien podría considerarse como un tipo de hostigamiento cibernético, se dio contra José Luis Torales Servían como forma de ataque indirecto a la senadora Kattya González. En varios de los numerosos tweets publicados Portillo calificó a la parlamentaria de “poliamorosa, corrupta y cirquera”, evidenciando a la vez no solo acoso cibernético, sino que también violencia política contra una legisladora mujer.
Las agresiones de Hugo Portillo hacia la senadora Kattya González fueron más allá y cruzaron la línea al considerar al funcionario como “pilín de oro”, insinuando de esta forma una supuesta relación de carácter sexual entre Torales y la parlamentaria. Una forma clarísima de violencia política en razón de género ejercida, en este caso particular, por parte de un operador que se esconde detrás de una red social.
Otra de las primeras cuentas en hablar de la supuesta doble remuneración del funcionario comisionado Jose Luis Torales Servín fue una conocida operadora política del Partido Colorado y funcionaria de la Cámara de Diputados, Vanessa Vázquez.
La “hurrera” colorada, a través de su cuenta de X @vanev87, continuó con la avalancha de desinformación haciendo uso de contenido manipulado pocos días después de las publicaciones iniciales de Portillo. Replicando casi el mismo discurso, la internauta aseguró que el trabajador percibía dos sueldos, uno como funcionario de origen de la Contraloría General de la República y otro como funcionario comisionado a la Cámara de Senadores. La única diferencia entre los posteos de Portillo y Vazquez radicaba en la cantidad de salarios supuestamente cobrados de manera superpuesta. Mientras Portillo sostenía que eran tres, Vazquez hablaba solo de una doble remuneración.
Casi desde un primer momento, Vázquez habló del supuesto tráfico indebido de influencias que más tarde se incluyó como sustento principal dentro del libelo acusatorio. Como parte de su estrategia de desinformación, la operadora política hasta citó a la parlamentaria Norma Aquino, más conocida como Yamy Nal, que participó abiertamente de un esquema de aprietes, haciendo pedidos de informe sobre el funcionario y hasta exigiendo sumarios administrativos en su contra.
La internauta colorada siguió hostigando con las acusaciones de supuestas irregularidades hasta que se abrió un sumario administrativo en contra del funcionario José Luis Torales pero, no contenta con esta decisión, siguió exigiendo el juicio político para la senadora Kattya González.
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Días antes de la presentación del libelo acusatorio, cuando los propios parlamentarios seguían negando estar trabajando en un pedido de juicio político, Vázquez lanzó un posteo con exactamente las mismas causales que posteriormente se citaron en el documento completo que solicitaba su pérdida de investidura. La operadora política habló concretamente de uso indebido de influencias, cobro indebido de honorarios y firma de documentos de contenido falso.
Al decir de la periodista colombiana María Teresa Ronderos, directora del Centro Latinoaméricano de Investigación Periodística (CLIP), esta verdadera “mercenaria digital” fue una de las primeras en utilizar el hashtag #FueraKattya que, posteriormente, fue usado por decenas de cuentas falsas, bots y trolls dentro de la plataforma de X. El objetivo, según ellos mismos comentaron, era alcanzar el trending topic y, lograr de esa manera, el mayor alcance posible, diseminando aún más las desinformaciones que estuvieron instalando desde principios de enero.
El hashtag siguió utilizándose por varios días hasta que, el 12 de febrero, la internauta Vanessa Vázquez publicó un tweet insinuando que la presentación del libelo acusatorio en contra de la senadora Kattya González se daría en cualquier momento. Este dato es clave, porque su posteo se dio a menos de 24 horas de la presentación oficial, mientras los grandes referentes del movimiento Honor Colorado seguían diciendo “desconocer” si es que existían intenciones de enjuiciar políticamente a la parlamentaria de la oposición.
Ahora, si bien los ataques cibernéticos empezaron en contra de José Luis Torales, los operadores no tardaron en centrar su atención en otra de las trabajadoras que prestaba funciones en el despacho de la congresista de la oposición. La cacería continuó con María Soledad Blanco Agüero, funcionaria que, en ese entonces, se desempeñaba como directora técnica de la bancada del Partido Encuentro Nacional y como asesora de despacho de la parlamentaria Kattya González.
Al igual que en el primer caso, esta trabajadora también fue víctima de una virulenta campaña de desinformación.
Las primeras desinformaciones en contra de María Soledad Blanco se centraron en el monto de su salario, pero haciendo uso de otras cuentas falsas. Aquí es donde aparece el internauta SAR Sergei Danielovich (@Sarsergeidaniel), quien afirmó que la funcionaria percibía casi treinta millones de guaraníes, casi diez veces el salario mínimo legal vigente. Algo que fue completamente desmentido por la funcionaria que aclaró que, en realidad, cobró el salario de tres meses de forma retroactiva, lo que dio una sumatoria de veintiún millones de guaraníes, no de veintiocho, como afirmaron desde esta cuenta desinformante.
Esta campaña, que fue orquestada de forma meticulosa, adquirió incluso un tono mucho más agresivo, al punto de publicar sus fotografías en traje de baño.
Estos desinformantes digitales utilizaron toda la artillería posible y, sin pedir documentos vía el portal de acceso a la información pública, accedieron a su registro de marcación. Los operadores políticos obtuvieron su formulario F-16 de cumplimiento de la jornada laboral que señalaba que durante los días 7 y 8 de diciembre de 2023 la trabajadora estuvo haciendo el “seguimiento y análisis de pedidos de informes solicitados” por la legisladora y que participó de una “reunión de organización y planificación de la bancada” del PEN.
Este formulario fue duramente cuestionado por Vanessa Vázquez por tratarse de días no laborales. El 7 de diciembre por asueto y el 8 de diciembre por el feriado de la Virgen de Caacupé, una fecha sumamente importante para la feligresía católica en Paraguay.
La operadora insistió en que se presentaron documentos de contenido falso y, para dar sustento a su acusación y demostrar que María Soledad Agüero no pudo estar desempeñando funciones ese día, publicó sus fotografías en bikini mientras estaba en una playa de Miami.
Las aseveraciones de esta hurrera colorada también se derrumbaron por completo con el pedido de desestimación que presentó la fiscalía el 1 de julio pasado.
Los agentes a cargo de la investigación que se inició en su contra, justamente como consecuencia de la instrumentalización de la justicia para ejercer presión penal y política en contra de la legisladora Kattya González; concluyeron que, si bien Soledad Blanco estuvo fuera del país desde el 23 de noviembre hasta el 03 de diciembre, “esta situación aislada no reviste la entidad suficiente para afirmar que la funcionaria no desempeñó la función para la cual fue asignada, sobre todo porque no tenían la obligación de registrar su asistencia y por ende podían desempeñar sus funciones en un lugar distinto al de su oficina, cumpliendo de esta forma con la contraprestación debida a la institución”.
Los operadores siguieron con este relato de que, tanto la funcionaria Soledad Blanco como la congresista Kattya González, habían incurrido en esta presentación de documentos de contenido falso; pero se rehusaron a aplicar la misma vara y a pedir el mismo castigo de la expulsión para otro parlamentario que tenía a otra trabajadora bajo las mismas condiciones laborales de prestación de servicios.
Carolina Ferreira de Gorostiaga, asesora del parlamentario libero- cartista Dionisio Amarilla (principal fiscal acusador contra Kattya González), se desempeñaba como panelista de un programa de radio AM en pleno horario laboral y, por tal motivo, fue acusada de “planillera” por algunos internautas de la red social X. La abogada percibía en total cerca de ocho millones de guaraníes, seis como sueldo base y otros dos como “bonificación” sin justificación alguna, ya que se encontraba solo bajo el régimen de contratada y no como funcionaria nombrada.
Aquí es donde se evidencia aún más la incoherencia total. Los hurreros criticaron férreamente el actuar de la entonces asesora de la parlamentaria de la oposición por estar fuera del país pero, en una abierta contradicción, defendieron a una funcionaria que tampoco se encontraba cumpliendo funciones dentro del Congreso Nacional. Es decir, avalaron el “planillerismo” de la funcionaria del senador Amarilla solamente por ser una aliada política. Bajo el criterio de estos operadores, no hubo irregularidad alguna en el caso de Ferreira de Gorostiaga aunque haya hecho exactamente lo mismo que Blanco Agüero.
Los militantes, lejos de parar con la campaña de desinformación, siguieron impulsando la diseminación de información sesgada y mal intencionada. La violencia digital contra María Soledad Blanco continuó escalando y llegó, incluso, a divulgar ilegalmente su registro de migraciones, información que, de acuerdo al artículo 86 de la Ley N° 6984, es de carácter confidencial y solamente podrá ser revelada por orden judicial. Si bien una de las primeras en hacer público este documento fue la “hurrera” Vanessa Vázquez, el tweet fue eliminado posteriormente y solo quedaron registros de las publicaciones realizadas desde las otras cuentas que también son utilizadas por operadores políticos, como la de SAR Sergei Danielovich.
Esta documentación tampoco pudo haber sido obtenida a través del portal de acceso a información pública porque, según establece la Ley N°5282 en su artículo 22, los datos de carácter “reservado” no serán considerados como información pública. Por esta razón, podemos afirmar que, una vez más, se utilizó la estructura del Estado para perseguir a adversarios políticos.
El objetivo de la campaña de desinformación era sumamente claro: “embarrar las aguas”, generar confusión en la opinión pública cueste lo que cueste. Haciendo uso de la estructura del Estado y hasta incurriendo en actos ilícitos como la divulgación de este registro de marcación de Maria Soledad Blanco.
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Medios oficialistas replicaron desinformaciones de trolls, bots y hurreros colorados
Esta confusión generada no solo quedó en las redes sociales. Los medios de comunicación oficialistas empezaron a replicar estas desinformaciones, avanzando de esta forma en la fase dos de la campaña de desinformación.
El 29 de enero de 2024, el diario La Nación publicó en su versión digital que usuarios de redes sociales exigieron que Kattya González sea investigada por avalar la asistencia de la funcionaria María Soledad Blanco.
El artículo periodístico se basó únicamente en las publicaciones de Hugo Portillo, pero aún así el verbo en el titular principal fue utilizado en plural, como para dar una falsa sensación de masividad a la noticia. Esta misma estrategia se replicó dos días más tarde. El 31 de enero, el mismo texto de la publicación original fue refrendado nuevamente, con mínimas modificaciones en el orden de las fotografías y en el título principal, pero siempre haciendo referencia a este desinformante digital.
También a finales de ese mismo mes, el medio oficialista replicó otro de los posteos de Hugo Portillo. En esta ocasión, haciendo referencia a la supuesta similitud entre el caso del funcionario José Luis Torales y el caso del exlegislador Victor Bogado que fue expulsado de su cargo por pagar con dinero público a su “Niñera de Oro”, incurriendo de esta manera en un cobro indebido de honorarios que en el 2022 lo llevó a ser condenado por la justicia de nuestro país.
El diario La Nación se hizo eco de la comparación realizada por el polémico usuario de redes sociales, enfatizando todas aquellas publicaciones de Portillo que afirmaban que la parlamentaria debía correr con la misma suerte que el entonces congresista. Es decir, con la pérdida de investidura. De esta manera, la campaña de desinformación iba cobrando fuerza para que, posteriormente, el relato sea utilizado para la redacción del libelo acusatorio en contra de Kattya González.
Si bien este periodico replicó en varias ocasiones los tweets de Hugo Portillo u otros operadores políticos, el artículo más importante es, sin dudas, el publicado el 13 de febrero, unas pocas horas antes de la presentación del libelo acusatorio en contra de la entonces senadora Kattya Mabel González Villanueva.
Este artículo cobra especial relevancia porque hace referencia a la denuncia que presentaron supuestos representantes estudiantiles de diferentes universidades privadas y nacionales en contra de la parlamentaria de la oposición. En este artículo no hacen referencia de forma específica a los desinformantes digitales citados anteriormente en este reportaje, pero los denunciantes se basaron netamente en las informaciones falsas difundidas por Twitter para formular la denuncia. Es decir, de forma indirecta replicaron los mismos datos diseminados de forma manipulada, mal intencionada y obtenida de forma ilegal o haciendo abuso de los recursos del Estado, sin recurrir a los mecanismos establecidos por la normativa paraguaya.
Este artículo también es clave porque es justamente la publicación periodística a la que los legisladores del oficialismo colorado hicieron referencia para justificar la presentación del libelo acusatorio en contra de la senadora Kattya González.
Aquí es donde se completa el círculo. Primero, los militantes digitales diseminan desinformaciones con el objetivo de perseguir políticamente a la legisladora, luego los medios oficialistas replican estas desinformaciones y, por último, los legisladores se basan en estas publicaciones para justificar el pedido de expulsión de la parlamentaria del PEN.
Esquema de desinformación utilizado por militantes digitales del cartismo y sus aliados
Impacto de la campaña de desinformación
La campaña de desinformación tuvo un impacto enorme en la red social X. Datos recabados por la herramienta Meltwater muestran que durante enero y febrero de 2024 (periodo en el que se llevó a cabo la campaña) la senadora Kattya González fue mencionada 25.600 veces, un 2648% más que en periodos anteriores.
El pico de menciones se dio de forma clara entre el 10 y 14 de febrero, justo cuando la tensión política por la inminente destitución llegó a su punto máximo.
La conversación generada en torno a las desinformaciones instaladas alcanzaron 3.5 millones de visualizaciones en el mismo lapso, por lo que se estima que el alcance fue de 6.7 millones de usuarios.
Del total de 25.600 tweets, 458 fueron de contenido original. Esta cifra representa solo alrededor del 1,8%, mientras que un 55% corresponde a reposteos, otro 34,5% a respuestas y un 8,3% a las citas. Teniendo en cuenta estos números, se puede asumir que mientras menos tweets originales tenemos, más probabilidades existen de que la conversación sea inauténtica.
El tono utilizado para la campaña de desinformación fue sumamente negativo con 34,8% de los posteos con palabras agresivas en contra de la parlamentaria de la oposición. Esto, de hecho, se evidencia al analizar las palabras y frases más utilizadas por los militantes y sus amplificadores: #FueraKattya, #KattyaEstáFuera, #PérdidaDeInvestidura, tráfico de influencias, hechos de corrupción, uso de documentos, pilín de oro, supuesta planillera, cómplice de planillerismo, cobro indebido de honorarios, documentos de contenido falso, entre otras.
El análisis realizado por esta herramienta también revela que por lo menos 500 cuentas participaron del hashtag #FueraKattya, con alrededor de 20.300 impresiones en un periodo de dos semanas. Esto nos ayuda a inferir que aproximadamente 500 militantes, trolls o bots fueron utilizados como parte de esta estrategia desinformativa en contra de la parlamentaria de la oposición.
Otro dato llamativo hace referencia a las ubicaciones desde dónde se hicieron los posteos. Si bien existe una gran mayoría de tweets que se publicaron en Paraguay, también saltan 342 posteos que se hicieron desde Estados Unidos, 286 desde India, 74 de Puerto Rico y 38 desde China. Números sumamente llamativos que podrían confirmar el uso de bots para amplificar la campaña de desinformación en contra de la legisladora.
Si bien la campaña se impulsó de forma coordinada con una importante cantidad de cuentas operando en el mismo sentido, unos pocos tuvieron especial protagonismo. Entre ellos, los mercenarios digitales mencionados anteriormente: Hugo Portillo, Vanessa Vázquez, “Sergei Danielovich” y otros como Rocío La Negra (@Rocio_La_Negra), Gordi (@SV_Gordi) y El Fastidioso (@fastidioso_el).
En algunos casos, estos desinformantes digitales llegaron a publicar hasta 100 tweets cada uno en un lapso de tan solo 33 días, todos los posteos en contra de la entonces parlamentaria Kattya González.
Estos datos fueron obtenidos gracias al apoyo de EL CLIP (Centro Latinoamericano de Investigación Periodística)
No es la primera vez: ya habían aplicado una campaña similar de desinformación en el pasado
Este tipo de campañas de desinformación ya se aplicó en nuestro país en las elecciones generales del 2023, utilizando casi siempre a los mismos militantes políticos.
Según un análisis detallado realizado en el libro “Ruido”, que estudió el régimen de desinformación en las elecciones de nuestro país, el mismo internauta Hugo Portillo instaló que veinte ciudadanos brasileños expertos en informática ingresaron a nuestro país de forma ilegal. El operador político los acusó de ser supuestos “hackers” y pocas horas después el diario La Nación replicó la desinformación y obtuvo un alcance de 72,1 mil impresiones en Twitter y hasta un millón de impresiones en Facebook, luego de un pautaje realizado por el medio oficialista.
Luego de unos pocos días, políticos colorados denunciaron penalmente la supuesta presencia de estos hackers en nuestro país que, según instalaron falsamente, habían sido contratados por el excandidato a presidente de la República por la oposición, Efraín Alegre.
La estrategia desinformante se repite de manera cíclica. Se llevó adelante en 2023 en medio de un contexto electoral, pero se sigue aplicando durante este 2024 representando un total peligro para la democracia paraguaya. Como se comprobó a lo largo de este reportaje, estas desinformaciones pueden lograr y, de hecho, lograron la destitución de una parlamentaria legítimamente electa por más de 100.000 votos.