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Johanna Ortega, legisladora del Partido País Solidario (PPS), criticó el artículo 9 de la ley de control a las organizaciones no gubernamentales (ONG) porque detalla que en personas que trabajen de forma tercerizada con estos grupos también pesará un control arbitrario y desproporcionado. “Pedí que se saque”, sostuvo. Esta tarde diputados aprobaron las modificaciones introducidas por el Poder Ejecutivo.
Manifestó que la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) indaga a profesionales, no el lavado de dinero, para ver quiénes trabajaron políticamente. Agregó que le sorprende que la ley anti-ONG exija un registro único, siendo que todas las ONG, al habilitarse, solicitan una personería jurídica y por ende ya están registradas.
“El Estado debe tener estos datos. Si el presidente de la República, Santiago Peña, está comprometido, debe vetar, porque entre lo que él dice y hace hay un largo trecho”, resaltó.
Arbitrariedad y persecución, dicen opositores
Otro que fue abordado al salir de la sesión de Diputados fue el parlamentario del Partido Encuentro Nacional (PEN) Raúl Benítez. A su criterio, con las modificaciones aprobadas, se mantienen los mismos vicios. “Hay arbitrariedad con las sanciones. Todos los que tengan incidencia con alguna ONG también pueden ser pasibles de sanciones. Quiere decir que si un privado dona también será sancionado”, aseguró.
Lamentó que se le dará potestad al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de perseguir y estigmatizar y si así lo desean, van a cerrar a las ONG. Dijo que ya se ven a jueces doblegados en esta línea autoritaria y que hay leyes de persecución, no de control.
“Hay una bancada a la que le interesa perseguir y pisotear; en ambas cámaras se aprobó un mamotreto y acá adentro, ¡qué mucho olor a stronismo hay!”, remarcó. Para Benítez, la institucionalidad está “hecha pelota y la revientan más los cartistas”. Las modificaciones pasan al Senado.
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Jubilación para legisladores “no es prioridad”, dice diputado liberal
Diosnel Aguilera (PLRA) indicó que el caso de la llamada “jubilación vip” o Caja de Jubilaciones del Poder Legislativo, que también fue aprobada este martes, requiere de un análisis más profundo.
“Las Cajas están con problemas y es inoportuno analizar esta jubilación en este momento; mientras tenemos personas sin cama en hospitales o personas que son posibles víctimas de la inseguridad, destinamos a un sector que no constituye una prioridad”, afirmó.
Comentó que más de G. 1.000 millones para estos últimos meses del año serán para nuevos funcionarios de comisiones. “Cada vez tenemos más comisiones”, criticó. Expresó que se está improvisando mucho y que los diputados solo reciben órdenes y actúan de “pasapapeles”.
“Esta Cámara será solo el reflejo de lo que quiere el Ejecutivo y sin debates”, consideró. El proyecto de ahora pasa a presidencia y “seguro será promulgado en los próximos meses”, concluyó.