Cargando...
“Dijo -el juez- que no era la instancia adecuada y que la comisión puede pedir datos a personas privadas. Rechazó in limine, ¿se asustó?”, se preguntó el senador de la oposición sobre el amparo judicial promovido por el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) y que rechazó José Guillermo Trovato.
Filizzola señaló que el amparo es la vía cuando derechos constitucionales, como los de la privacidad y de la inviolabilidad documental (art. 36) están en riesgo. “Incluso la Comisión amenazó con incautar por la fuerza documentos privados, allanamiento mediante. El peligro es grave e inminente, sobre todo cuando dicha información privada termina luego en las cuentas de cuanto troll cartista existe”, cuestionó.
Indicó que la Constitución establece que las fuentes públicas de información son libres para todos (art. 28) y que las comisiones de investigación pueden pedir información al sector privado (art. 195), siempre y cuando la información sea pública.
Lea más: Comisión “garrote” analiza “opciones legales” para acceder a datos de las ONG
“En este caso, la comisión solicita a entes privados documentos privados (facturas, etc.), aunque esos datos no deberían ser solicitados y mucho menos entregados. Están protegidos por el artículo 36″ de la Constitución, refirió.
Comisión se extralimita en sus funciones, cuestionan
“El problema es que la comisión antilavado, además de extralimitarse en sus funciones (no se circunscribe a sus competencias), solicita a entidades privadas información privada y a las públicas (que tienen más datos) no les pide nada”, cuestiona.
“No investigan ni lavado, ni contrabando ni nada. Vamos, ¿USAID lavando dinero, haciendo contrabando o financiando terrorismo? Ridículo. El trabajo de la comisión es una copia de lo que hacen estados autoritarios”, dijo el parlamentario en su cuenta de “X”.