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“Nos hemos visto obligados a elaborar una ‘Guía para la protección de nuestros derechos civiles’ en caso de que se produzcan abusos mediante allanamientos ilegales. Desde la caída de la dictadura, en 1989, no hemos sentido tanta inseguridad jurídica como la que vivimos hoy. Esperamos que estas preocupaciones lleguen a oídos del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y de la comunidad internacional, a fin de activar los canales legales y diplomáticos correspondientes”, señala el comunicado emitido en la fecha por el grupo impulsor que aglutina a varias organizaciones civiles.
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Los mismos hacen alusión a la “Comisión conjunta de investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos punibles de lavado de activos, contra el patrimonio del estado, contrabando y otros delitos conexos”, que con su accionar ha confirmado su verdadero rol de comisión “garrote” contra grupos críticos al poder de turno, y a quienes acusan de “abuso de poder”.
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“Estamos presenciando un abuso de poder que socava las bases del Estado de derecho y pone en riesgo la seguridad jurídica de personas y organizaciones. Toda persona tiene el derecho a ser protegida en su libertad y en su seguridad, conforme lo establece la Constitución Nacional. Sin embargo, las declaraciones y acciones de los miembros de la CBI muestran una clara intención de imponer medidas arbitrarias y de coaccionar a jueces, valiéndose de sus influencias en el Jurado de Enjuiciamiento para obtener órdenes de allanamiento sin sustento jurídico”, agrega el comunicado.
Esta coalición de organizaciones civiles enfatiza que los senadores y diputados miembros de la comisión “garrote” están empeñados en operar en base al “atropello a principios fundamentales de legalidad, racionalidad e independencia en sus decisiones” y se niegan a seguir los canales legales para obtener información que está presentada ante instituciones, como la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
En ese sentido, el comunicado enfatiza en que “dichos documentos existen y están en poder de las autoridades competentes, disponibles para su consulta dentro del marco legal”, pero no apelan a esa vía ya que “cualquier solicitud de acceso debe justificarse de manera adecuada, cosa que hasta el momento no han podido hacer”, lo que “refuerza nuestra convicción de que no existe intención de transparencia, sino de persecución arbitraria”.
El comunicado culmina apelando a retomar los principios de legalidad y cordura, evitando continuar con las presuntas violaciones a derechos fundamentales establecidos en la Constitución Nacional, tales como el derecho a la protección de la intimidad, de la dignidad y de la imagen privada de las personas.
“Hacemos un llamado a la reflexión y paz a toda la sociedad paraguaya. Es momento de priorizar el diálogo y el respeto a los derechos fundamentales por encima de cualquier confrontación. Estamos vigilantes y preparados para defendernos por todas las vías legales, pero esperamos que la justicia y la sensatez prevalecerán para evitar más abusos”, apuntaron.
La denominada comisión “garrote” está integrada por los senadores Gustavo Leite (ANR, Cartista), Dionisio Amarilla (Expulsado del PLRA por ser satélite cartista) y Colym Soroka (ANR), y los diputados Rodrigo Gamarra, Héctor “Bocha” Figueredo (ambos colorados cartistas) y Jatar Fernández (ANR-bancada B, aliado al cartismo)
