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La Comisión Bicameral de Investigación Antilavado, más conocida como “Garrote”, está convocando a periodistas y miembros de organizaciones no gubernamentales (ONG). Respecto a los cuestionamientos, el senador Gustavo Leite (ANR-H) respondió que tienen una hipótesis inicial que les llevó a convocar a esas personas.
Indicó que el argumento principal es que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) les indicó que es necesaria una ley para conocer el origen y uso de las organizaciones sin fines de lucro. Señaló que muchas “cosas negras” como lavado de dinero pueden saltar como posibles consecuencias.
Además, argumentó que ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) le señalaron que no pueden “hilar los fondos” que manejan las ONG con un eventual financiamiento electoral, pues no saben quiénes reciben fondos de las organizaciones no gubernamentales.
“La Seprelad nos dice que hace falta adecuar los marcos legales, entonces estamos más convencidos de que la media sanción en el Senado es altamente necesaria para el país”, señaló sobre el proyecto de ley “que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL)”.
Organizaciones no quieren informar a la CBI, afirma Leite
En otro momento, confirmó que el Gobierno ya recibe rendición de cuentas de las organizaciones. “El argumento de la supuesta burocracia adicional es falso, porque el director nacional DNIT nos dice que casi 8.000 oenegés rinden nomás luego a fin de mes sus ingresos, entonces publicar eso tarda segundos”, señaló.
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Aseguró que no son temas privados, porque hay proyectos que también son financiados por el Gobierno.
“Aquí hay una reticencia corporativa a que la gente sepa en qué se gasta la plata de las organizaciones sin fines de lucro, lo que a nosotros nos parece llamativo. La Comisión se denomina de Lavado de Dinero contra el Patrimonio del Estado y delitos conexos, o sea que la amplitud de los delitos que pueden derivar es amplia”, declaró.
Agregó en ese sentido que “la realidad es que no nos quieren mostrar dónde se gasta la plata. Y si no nos quieren mostrar dónde se gasta la plata, algo huele a podrido”.
Dijo que ante la negativa de las ONG de dar los datos a la Comisión Bicameral, decidieron que solicitar un dictamen a los asesores legales, para “ver cuáles son las opciones” que tienen. “Nosotros tenemos la obligación de conseguir esa información”, argumentó.
Detalló que los asesores legales son Sergio Godoy y José González Macchi.
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Por otra parte, señaló que la ley vigente, que establece los controles para las organizaciones sin fines de lucro, establece que deben rendir cuentas a Tributaciones y a la Seprelad. “Nosotros tenemos la obligación constitucional de requerir todas las informaciones que necesitemos. Nosotros creemos que es necesaria porque el TSJE nos dice que es necesario”, planteó.
Confirmó además que tanto la DNIT como Seprelad les indicaron que tienen datos, pero no pueden entregarlos al Congreso.
“Lo que hay es una sospechosa, llamativa reticencia corporativa ya hoy de algunas organizaciones sin fines de lucro. No son todas y no hay que demonizarlas, como dice la ONU. Nosotros no demonizamos a nadie. Les pedimos información a todos. A los que no quieren dar la información, decimos que es raro porque esta es plata pública del gobierno de EE.UU. y del gobierno de Paraguay”, declaró.