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La Codehupy, organización con 25 años de trabajo en el Paraguay por los derechos humanos e integrada por 39 organizaciones de la sociedad civil, emitió un comunicado donde se dejó sentada la postura en contra de las afirmaciones vertidas durante la reunión de la Comisión Bicameral Antilavado.
Indicaron que desde hace años trabajan en la lucha de los derechos humanos, participación ciudadana, fortalecimiento de la democracia, libertad de expresión, derechos de las comunidades campesinas e indígenas, derechos del colectivo LGTBIQ+ derechos de las personas que viven con VIH, derechos ambientales, derechos de las niñas, niños y adolescentes, entre otras.
Denunciaron también que los gobernantes actuales tiene como base la corrupción, la prebenda y los negocios ilegales, formando de esta manera una mafia institucionalizada bajo un patrón hegemónico de poder político y una delincuencia organizada.
“En estos 25 años hemos realizado aportes sustanciales para la promoción y la vigencia de los derechos humanos en Paraguay. Los ataques a las organizaciones y a las personas que conformamos la Codehupy tienen la sola intención de perseguir y estigmatizar a las mismas, por haber desnudado las graves violaciones de derechos humanos que la Asociación Nacional Republicana ha cometido desde la dictadura hasta la actualidad, gobernando el Paraguay con base en la corrupción, la prebenda y los negocios ilegales y constituyéndose en una mafia institucionalizada que inclusive se propaga - ex profeso - a otras organizaciones políticas, para reproducir así un patrón hegemónico de poder político, intereses de clase y delincuencia organizada simbióticos y consubstanciados”, reza parte del comunicado.
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Comisión garrote: buscan desviar atención de temas
Agrega que las intenciones del grupo político liderado por Horacio Cartes, investigado por lavado de dinero, narcotráfico y colaboración con el terrorismo, son desviar el foco de atención de la ciudadanía sobre las responsabilidades que tiene la clase política en los problemas de país.
“Pretenden con esta campaña responsabilizar a las organizaciones de la sociedad civil de los históricos problemas, la falta de acceso a la educación y la salud, la desigualdad en la tenencia de la tierra, la pobreza, entre otros”, indica el comunicado.
La organización expresa que un grupo político “durante 70 años se han enriquecido con las arcas, han repartido las tierras públicas entre sus amigos, han torturado y desaparecido a personas, han desarrollado negocios ilegales y con estas acciones profundizando la desigualdad y han postergado el cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas, especialmente de las comunidades indígenas, campesinas, LGTBIQ+ y otras que han sido no solo desprotegidas sino atacadas”.
En otro momento, adelantan que como organizaciones y personas afectadas están evaluando acciones legales nacionales e internacionales con relación a las mentiras y tergiversaciones que se dijeron en la audiencia pública.
Aseguran que la construcción de la democracia se realiza con transparencia y rendición de cuentas, pero además se debe construir con verdades y con derechos humanos, sin ningún tipo de discriminación.
La organización habla también que la legitimidad de la voz de la sociedad civil ha sido una conquista histórica que ha permitido fortalecer las democracias del mundo. Debilitarla es el camino hacia el autoritarismo y la injusticia.