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En una nota del 16 de agosto, Seprelad señala en su último párrafo: “la Seprelad considera importante insistir en que un instrumento legal que regule el sector de las organizaciones sin fines de lucro fortalecerán las medidas preventivas”.
La misiva también subraya la importancia de las sanciones financieras referentes al financiamiento del terrorismo y los resultados de las ONG que se desarrollan, según la identificación de los riesgos, en el sentido de que el registro que se pretende instaurar se constituiría en la base centralizada de datos que revelará la información concreta del sector organización sin fines de lucro.
“Habida cuenta que las existentes (ONG) difieren en cuanto al tipo e información registrada y administrada por las mismas, además que de esto permitiría contar con el origen certero de los fondos, así como de la rendición de cuentas, el destino de tales recursos, es decir, que una ley prudencial reforzará las medidas al Sistema Nacional ALA/CFT de Paraguay, en atención a que apoyará a mitigar los riesgos del sector”, señala la nota de Alcaraz.
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El senador Gustavo Leite (ANR, HC), relator de la comisión “garrote” del Congreso, había señalado que esa misiva de la Seprelad los había motivado a elegir a las ONG como primer tema de investigación.
El objetivo es conocer cómo se manejan los fondos de estas organizaciones y verificar si el dinero proveniente del extranjero ha violado la Ley de Financiamiento Político. El Estudio Jurídico Colab no descartó accionar penalmente contra los miembros de la comisión por exigir datos privados.