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- ¿Por qué esta comisión está usurpando funciones que no le corresponden?
- En primer lugar, me gustaría aclarar que la intención de Colab Abogados al cursar su respuesta a la CBI (Comisión Bicameral de Investigación) nunca fue ser el centro de las noticias. Nuestra intención original fue que la respuesta sea debidamente fundamentada al ser nuclear del entrenamiento del abogado: Respetar y hacer respetar nuestros derechos. No obstante, no nos imaginábamos que dicha respuesta generaría tal revuelo, tanta reacción ciudadana pero como abogados, nuestro rol no es ser protagonistas de la historia, sino asegurarnos que el foco esté en el argumento que esgrimimos y defendemos. También aprovecho para agradecer la avalancha de apoyo que recibimos de todas partes especialmente de los colegas profesionales.
- Con lo desacreditados que están los parlamentarios en general, sale este grupo devenido en comisión bicameral de investigación para interrogar y pedir informes a personas del sector privado, algo que se supone compete exclusivamente al Poder Judicial.
- Es importante aclarar que no estamos disputando la facultad constitucional de una Comisión Bicameral debidamente constituida a solicitar información dentro del marco de la ley. Sin embargo, referenciando nuevamente nuestro entrenamiento legal, primero debemos analizar si el acto administrativo de constitución de la comisión se ajusta o no a derecho. Para ello, debemos primero comprender que la Constitución Nacional no debe ser interpretada de forma aislada y ad litteram (literalmente), como aparentemente se da en este caso.
- Hay un convencimiento general de que están abusando. Aparte, varios de sus integrantes tienen pésimos antecedentes, uno que fue expulsado de su partido, otro que en un año ya tiene un puerto privado en Ayolas y maltrata a sus empleados... Legalmente, ¿en qué forma se están extralimitando?
- En el derecho constitucional y administrativo, cuando se interpreta una facultad de algún órgano de gobierno, esta debe ser interpretada con un ánimo restrictivo para evitar atropellar las garantías y derechos constitucionales de los individuales privados. Inversamente, los derechos y garantías otorgados a las personas en la Constitución Nacional deben ser interpretados de forma amplia. En este sentido, dichos derechos resultan como “super-normas” con alcance imponente frente a las normas orgánicas que regulan las facultades de las instituciones públicas. Por lo tanto, cuando las normas de rango constitucional colisionan entre sí, siempre se debe estar a favor de los derechos de las personas.
- ¿Qué específicamente cuestionan ustedes?
- Para que un pedido de información como este se adecue a las exigencias legales, la CBI ya en su origen debió haber encuadrado el alcance de la investigación a un objetivo o hecho específico. Adicionalmente, al enviar el pedido de información debió haber argumentado el razonamiento detrás de dicho pedido, es decir, ¿cómo se relaciona con el objeto de la investigación? Si hacían esto, lo más probable es que hubiésemos analizado con interés y detenimiento la posibilidad de compartir la información solicitada. O, por lo menos, lo hubiésemos pensado dos veces.
- Desde su misma creación, esta comisión sonó como un consejo formado en el “Planeta de los Simios”, no en un país real donde está vigente la libertad y la democracia. Debe ser por eso que la respuesta de ustedes fue tan ampliamente apoyada…
- Cuando se trata de un “fishing expedition”, tanteo en lenguaje coloquial, o una cacería de brujas, entramos en una zona fangosa de violaciones de derechos fundamentales como la intimidad, la libertad, garantías constitucionales, presunción de inocencia, etc. Resulta curioso que, en las cacerías de brujas, siempre los inquisidores tienen un objetivo supuestamente loable como la transparencia o derrotar a la herejía. Y a eso le decimos que no.
- ¿Por qué específicamente estos parlamentarios no tienen legitimación para pedir una rendición de cuentas a personas que desempeñan sus actividades en el sector privado?
- Nosotros cuestionamos la conformación de esta comisión de investigación. Presumiendo la legitimidad de su constitución, la CBI hubiese tenido legitimación si delimitaba el alcance de sus investigaciones. La restricción legal, no solo para la CBI sino también para todas las autoridades con facultades inquisitivas, es salir a cazar sin límites. Para que una investigación sea realizada correctamente deben haber indicios serios de algún hecho ilícito que justifique la movilización de la maquinaria estatal y sus recursos con el fin de investigar a los ciudadanos que no son funcionarios. Con respecto a la figura de la rendición de cuentas, sostenemos que esta situación no se enmarca en la misma. Resulta que la obligación legal de la rendición de cuentas es una que tiene su origen entre un “dador” y un “recipiente”, es decir alguien que haya encargado (dador) en confianza una tarea, bienes, o fondos, a un tercero (el recipiente). De la relación entre estas partes nace la obligación de rendición de cuentas. En este caso, (el estudio jurídico) Colab no ha recibido fondos del Estado.
- Los de la comisión dijeron que hubo una contrapartida del Estado en el proyecto de ustedes..
- Sí. Hablaron de la existencia de una contrapartida del Estado a nuestro proyecto. Sin embargo, Colab no ha recibido desembolsos de un solo guaraní por parte del Estado.
- Si es evidente que están abusando de su poder aprovechando su mayoría en el Congreso, ¿qué mecanismos de defensa tiene la gente para defenderse de este tipo de arbitrariedades?
- Existen diferentes mecanismos para evitar, para frenar los abusos de la autoridad. Como abogados, estamos en capacidad de utilizar todos los recursos legales que nos otorga la ley, que incluye recurrir a la Corte Interamericana si no hay una respuesta al nivel de nuestra justicia. Nuestra lucha, aunque parezca quijotesca, se centra en sentar un precedente que sirva para evitar presentes y futuros abusos, tanto contra nosotros y la sociedad civil en general. Ahora reitero, nuestro interés no es generar mayor tracción detrás de esta situación. Somos una firma de abogados y nuestra obligación fiduciaria principal es hacia nuestros clientes. Por lo tanto, no anticipamos que esta situación escale mucho más.
- Le llaman “comisión garrote”. Lo que transmite es esa sensación de creerse superiores al común como si tuvieran licencia para ordenar, reprimir, avasallar con el poder que dicen que tienen. Si estaban exentos de malicia tenían que investigarse más bien entre ellos. ¿No le parece?
- Políticamente creo que el Congreso lentamente desmantelará esta comisión porque contamina la gestión de la administración y genera fricción innecesaria frente a potenciales aliados o inversores extranjeros...
- ¿Es posible imaginarse en este país una especie de tribunal al estilo La Inquisición? Están probando…
- Lamentablemente, es posible imaginarse, pero la gente está cansada. La gente seria quiere trabajar, ganar su dinero, reducir la desigualdad, alimentar a sus familias, educar a sus hijos, curar a sus enfermos y pagar sus cuentas a fin de mes. El resto es historia. Los intríngulis políticos son secundarios para nosotros los pagadores de impuestos. Nosotros les damos el poder de opinar a esta gente, y es a nosotros a quienes tienen que rendir cuentas. Además, somos nosotros los ciudadanos los que les podemos retirar el poder de opinar a través del voto. Estas demostraciones de injusticias, de abusos de poder lo único que hacen es inspirar a la gente de bien a que se articule mejor para combatir la deficiente administración del Estado. O estás del lado correcto de la historia, o del lado equivocado. Nosotros no queremos un país que sirva de plataforma para teorías conspirativas importadas. Queremos un país serio, trabajador, pujante, desarrollado y orgulloso.
- ¿Qué recursos se pueden plantear para hacer frente a estas agresiones?
- La Constitución Nacional así como las demás leyes del Paraguay otorgan amplias facultades legales para combatir las injusticias. Nuestro estado de derecho, post dictadura, está diseñado para que nadie se sienta sospechoso ni abrumado por los ataques de los poderosos de turno. Para eso estamos los abogados, para defender a las víctimas de las injusticias.
- Ellos dicen que la ley les confiere un poder especial para hurgar en las cuestiones privadas…
- En una democracia, la concentración de poder es coyuntural y transitoria. Creemos en la capacidad técnica del Presidente de la República (Santiago Peña) para corregir esta ridícula demostración de abuso de autoridad que solivianta la paz y la armonía ciudadanas que arriesga la reputación de país predecible. Sería lamentable que por un capricho de poder se tenga que aislar a un país que tanto necesita integrarse al concierto de las naciones. Pero cuidado, el derecho fue creado para proteger a las minorías de la dictadura de las mayorías. El marco legal sirve de límite y barrera contra los abusos que puedan darse desde una mayoría coyuntural.
- ¿Qué quieren saber de las actividades privadas de ustedes y que ustedes no están dispuestos a proporcionarles?
- Cualquier cosa que nosotros como personas privadas realicemos tiene un blindaje constitucional absoluto. Nuestro trabajo es privado, cumplimos con todas las obligaciones que nos imponen y por eso estamos absolutamente seguros de que no estamos quebrantando el orden público. Por eso afirmamos que estamos exentos de autoridad pública. Todos somos libres de realizar cualquier actividad siempre y cuando no se viole una ley.