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La Comisión Bicameral de Investigación (CBI), más conocida como comisión “garrote”, por intermedio de su presidente y satélite del cartismo, Dionisio Amarilla, hizo públicos los proyectos financiados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en el país con recursos internacionales.
El documento contempla los nombres de los proyectos, objetivos, el periodo de la ejecución, beneficiarios, el monto de la cooperación y la contribución esperada del Gobierno del Paraguay.
La fuente de cooperación habla de al menos 25 proyectos hasta agosto de este año y la inversión ronda los US$ 55 millones, según el documento.
Entre los beneficiarios se encuentran la Contraloría General de la República (CGR), con la asistencia tecnológica para el cumplimiento de la ley sobre Conflicto de Intereses, por medio del Centro de Estudio Ambientales y Sociales (Ceamso), con un monto de cooperación de US$ 950.000; y el apoyo al sistema de recolección de residuos con asistencia a recicladores y centros de reciclaje en los departamentos de Guairá, Misiones, Itapúa y Alto Paraná a cargo de la Fundación Moisés Bertoni, con un monto de cooperación de US$ 2.000.000, cuyo proyecto está en ejecución, de acuerdo con el informe.
También se observa asistencia para fortalecer al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), para la formalización y mejoramiento a centros de apoyo a emprendedores cuya ejecución va hasta el 2029 y cuyo organismo ejecutor es la Federación de Cooperativas de la Producción (Fecoprod) con una asistencia de US$ 4.000.000.
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Capacitación a 500 microempresarias con discapacidad a cargo de la Fundación Saraki, que está en ejecución y cuyo monto de cooperación es de US$ 400.000. Este proyecto fue ampliamente socializado por medios de comunicación que dependen del Gobierno.
Otro proyecto habla de mejorar el impacto del periodismo de investigación a cargo del Journalism Developement Network, con un monto total de asistencia de US$ 2.000.000 y cuyo proyecto está en ejecución.
Por otra parte, también hay un apoyo al Poder Judicial del Paraguay, para aumentar la eficiencia y transparencia, cuyo beneficiario final fue la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, con una asistencia por parte de la USAID de US$ 500.000 y cuyo ejecutor fue Colab EAS Unipersonal.
En el caso de Colab EAS, no perdió el tiempo y lanzó un duro comunicado contra la comisión “garrote” a la que calificó incluso de no tener legitimación.
Los voceros fueron Jorge Ignacio Gross Brown y Mauricio Salgueiro, quienes indicaron que la extralimitación de funciones o el abuso de poder que acompaña a la comisión no solamente están mal vistos éticamente, sino que se encuentran específicamente penados por el Código Penal.
Aseguraron que se habían postulado al proyecto de fortalecimiento de derecho de USAID. “Nuestro proyecto, que ya ha culminado, consistía en proponer a la Corte Suprema de Justicia soluciones eficaces e innovadoras a través del uso de herramientas tecnológicas para acelerar procesos que generalmente tienen retrasos. Principalmente motivados en que justicia dilatada no es justicia. Los fondos recibidos bajo el proyecto de USAID no fueron destinados a ningún funcionario público ni fue utilizado por ninguna institución pública. Las soluciones propuestas no tienen carácter obligatorio para la Corte Suprema de Justicia, sino son simplemente recomendaciones basadas en diagnósticos cuantitativos y cualitativos. La CSJ puede optar por utilizar lo que desarrollamos o no”, aclararon.
Ruta del dinero
Financiamiento Político 2.0 con el objetivo de fortalecer la capacidad del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), para prevenir, detectar, denunciar y contribuir a la sanción del flujo ilegal del dinero hacia la política, es otro proyecto financiado por USAID.
“La actividad brindará asistencia técnica a la Unidad Especializada de Supervisión del Financiamiento Político, para aumentar la aplicación de normas sobre financiamiento político y colaboración en otras instituciones públicas para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”, detalla el objetivo del proyecto que está en ejecución, se extenderá hasta el 2025 y cuyo ejecutor es Econsult Consulting Group SA, con una asistencia de la USAID de US$ 1.550.000.
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Sobre este último punto, aparecen como beneficiarios el TSJE, el Ministerio Público y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
Esta iniciativa con recursos de la USAID fue ampliamente publicitada con bombos y platillos por el Gobierno de Santiago Peña, incluso se hizo una conferencia con presencia de la ministra de la Seprelad, Liliana Alcaraz Recalde; el entonces titular de la Justicia Electoral, Jorge Bogarín González; el presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), Carlos Liseras; y el superintendente de Bancos, Hernán Colmán Rojas.