Cargando...
El senador expulsado del PLRA y aliado cartista, Dionisio Amarilla, reiteró que la “comisión garrote”, que él preside, tiene atribuciones legales para requerir información privada. Exhibió una planilla remitida por la Usaid, a pedido de la citada comisión, en la que se desglosan cuáles son las organizaciones que recibieron los US$ 44 millones que aportó Usaid y que tuvo una contrapartida del Gobierno paraguayo.
El estudio jurídico Colab Abogados, cuyos socios son Mauricio Salgueiro y Jorge Gross Brown, se negó a proveer información a la “comisión garrote” y en su nota de respuesta lanzó fuertes críticas a los parlamentarios. Incluso, realizó descalificaciones y acusó a los integrantes de la bicameral de populistas, prepotentes, ignorantes de la ley, mal asesorados y violadores de la Carta Magna, entre otros. No descartó accionar penalmente por el requerimiento de información privada.
“Nos parece un despropósito que ellos planteen la inconstitucionalidad o invoquen la inconstitucionalidad de lo que reza de manera clara el artículo 195 de la Constitución Nacional cuando le da facultades a esta comisión solicitar a los particulares, inclusive a comparecer ante las dos Cámaras y suministrarles la información y documentación que se les requieran. Así que aquí no hay absolutamente nada raro”, se defendió el senador Amarilla.
Lea más: La dura crítica de abogados a los miembros de la comisión “garrote”
Afirmó que ellos reconocen el altísimo prestigio del cual goza el grupo Gross Brow y mencionó a la abogada Pilar Callizo como una de sus integrantes.
“Ustedes conocen de la pulcritud de la doctora Callizo en el ejercicio de la administración de fondos a través de las ONG, también conocen que uno de los Callizo hace política, ya tenemos elementos que confirman que parte de esos fondos fueron a parar como remuneración de gente que ha incursionado en la política. Eso ha sido presentado oficialmente ante esta Comisión. Estamos haciendo une con flecha”, manifestó.
También mencionó que el lunes pasado recibieron cerca de 100 biblioratos y que se está tabulando nombre por nombre, “cuánto cobró Benjamín Fernández Bogado, cuánto cobró Esther Roa, cuánto cobraron ciertos periodistas, entre otras cuestiones”, advirtió.
Nueva reunión de la comisión “garrote”
Amarilla anunció que en la reunión “secreta” del lunes 23 de setiembre próximo, que se realizará a las 15:00, volverán a someter a debate en el seno de la comisión, y si en mayoría se decide, recurrirán a la instancia jurisdiccional tal como –según dijo– les faculta la Constitución para pedir “el concurso de una autoridad jurisdiccional para que nos provean esos papeles. Lo haremos, a mí en particular no me va a temblar el pulso en ejecutar las decisiones que se tomen en el seno de la Comisión Bicameral de Ilícito(...)”, afirmó.
Lea más: CIRD denuncia que comisión “garrote” filtra documentos privados para atacar a las ONG
Agregó que serán los miembros de la comisión, en mayoría, quienes definirán si las reuniones del órgano conjunto se mantendrán de forma reservada. Dijo que no hay espíritu de persecución y no buscan joderle la vida a nadie. No descartan proponer “algunas mejoras legislativas”.
Ley anti-ONG
El titular de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC), cuya cámara deberá analizar el proyecto anti-ONG, declaró ayer que se está trabajando en la normativa.
“Estimo que es probable que salga una versión pulida que conserve como principio fundamental el avance hacia la transparencia”, agregó.