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Pese a que la Caja Parlamentaria “goza de buena salud” financiera, según habían manifestado los mismos parlamentarios, en el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025 los legisladores volvieron a imputar en el rubro 134 una asignación de G. 3.500 millones en concepto de Aporte Jubilatorio del Empleador para “respaldar” el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Legislativo.
Este año ya destinó la misma cifra de G. 3.500 millones en el Presupuesto General de la Nación 2024, pero se olvidaron de que la disposición legal que les habilitaba a transferir el subsidio del Estado a la Caja Parlamentaria había quedado derogada en el 2019.
Con la eliminación del subsidio estatal del 7% de la Caja Parlamentaria, se planteaba su sostenibilidad cubriendo mediante el aumento del aporte de los afiliados activos que pasaron de aportar 20% a 22% y los jubilados pasaron a aportar un 11%, por otro lado se disminuyeron la posibilidad de un crecimiento vegetativo del número de jubilados y de un aumento de futuros, mediante la eliminación de la figura de afiliados voluntarios.
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Mediante una maniobra presupuestaria, éste año los senadores aprobaron y derivaron a Diputados un proyecto de reprogramación presupuestaria para “volver a habilitar la transferencia de los G. 3.500 millones. Sin embargo de ese monto sólo usaron G. 2.500 millones y los G. 1.000 millones restantes para el funcionamiento de las “comisiones asesoras”.
¿Y el principio de igualdad?
El senador Ignacio Iramain (PEN) había considerado que si se habla en términos de jubilación se habla de una violación del principio de igualdad elemental porque los parlamentarios, quienes se jubilan con 10 años (dos periodos parlamentarios) gozan de una jubilación privilegiada.
“No es un salario, es una dieta. No tenemos relación de dependencia con el Estado, nos eligió la gente para venir a representarlos”, expresó en su momento el legislador opositor al cuestionar que se autoasignen privilegios.
“Jubilación a los 10 años de ejercicio con 55 años de edad, ¿y nuestra población? ¿cuál es la brecha salarial entre un parlamentario y la gente común? ¿con cuanto se jubila la gente común?”, manifestó.
Iramain mencionó que la gente se jubila con un salario mínimo (G. 2.798.309) a diferencia de los parlamentarios que tienen un salario de G. 32 millones. “Hay una brecha salarial brutal para que nos jubilemos con G. 18 millones o G. 20 millones, ¿qué Caja con esta masa crítica va a resistir eso”, se preguntó.
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“¿Si estamos tan bien para que diablos pedimos una transferencia?”, respondió Iramain al senador expulsado del PLRA Dionisio Amarilla quien había dicho que la Caja Parlamentaria gozaba de buena salud.
“Se viola el principio de igualdad, el Estado tiene que compensarnos de ninguna manera. Lo justo es la capitalización individual, pero de ninguna manera estar siendo subsidiado a futuro”. cuestionó.
Recordó que está previsto que para el año 2026 la Caja Fiscal tenga US$ 800 millones de déficit y que cuando los pobres jubilados que han estado trabajado durante 40 años tengan que jubilarse no van a recibir nada.
Ya se destinó más de G. 160 mil millones
Según los últimos registros de subsidio del Estado a la Caja Parlamentaria, desde el año 2004 hasta el 2017, se destinó G. 104.000 millones para salvar la Caja Legislativa, ahora con los G. 3.500 millones imputados para este año se destinará G. 106.500.000.000, según registros de ABC Color.