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El cuestionado proyecto de ley sobre reducir los plazos procesales fue presentado por el diputado cartista Derlis Rodríguez y será analizado en el punto 14 del orden del día de la sesión ordinaria de hoy convocada para las 09:00.
Los artículos del Código Procesal Penal que se plantean modificar son: 6, 136 y 305, que regulan la inviolabilidad de la defensa, la duración máxima del procedimiento y la desestimación. Se hallan vinculados en un punto fundamental: el plazo procesal o el término para desarrollar el procedimiento penal en el ejercicio de la persecución penal.
Esta iniciativa parlamentaria planteaba inicialmente incluso reducir los plazos procesales de cuatro a tres años, en casos de acción penal pública y a uno y medio para los de acción penal privada. Este punto fue uno de los más cuestionados por magistrados y fiscales durante las audiencias públicas, debido a que podía permitir el blanqueo de casos complejos (crimen organizado, delitos económicos y abuso de menores, entre otros).
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Magistrados, en contra de reducir plazos procesales
Además, la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay sentó postura contraria al proyecto del diputado cartista Derlis Rodríguez. Tras la gran cantidad de críticas que tuvo la iniciativa, el legislador proyectista permitió incluir algunas modificaciones al documento, que finalmente será tratado en plenaria hoy.
Asimismo, se cuestionó también plantear solo 30 días de plazo para que el Ministerio Público impute o desestime las causas.
En este punto, el diputado Rodríguez dijo que se podría elevar hasta 60 días, tiempo que algunos legisladores insisten que es demasiado corto y piden alargar más.
El diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA), titular de la Comisión de Legislación y Codificación, dijo que hubo dos dictámenes: 1. por la aprobación con modificaciones, y 2. por el rechazo.
Las modificaciones que se hicieron en dicha comisión son extender el plazo de vigencia a un año a partir de su promulgación.
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En tanto que, por el rechazo, se fundamentó en la preocupación de que, en caso de que entre en vigencia el proyecto, no se cumpla con el objetivo y al final se termine beneficiando a los delincuentes y especialmente a los corruptos.
Ávalos indicó que es preferible buscar mecanismos para que las sanciones sean aplicadas, y no bajar los plazos, ya que esto puede tener efecto contrario a lo que argumenta el proyectista.
La Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados, por un lado, aconsejó su aprobación con modificación y, por otro, pidió el rechazo de la iniciativa. En tanto, se espera el dictamen de las comisiones de Justicia, Trabajo y Previsión Social.