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La comisión “garrote”, copado por cartistas y sus satélites, seguirá investigando el supuesto lavado de dinero en las organizaciones sin fines de lucro y su supuesta infiltración en la política. En la última reunión, el cartismo buscó embarrar a las ONG, pero los magistrados del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) negaron que hayan financiado campañas.
Para el jueves, a las 10:00, fueron invitados el titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué; el contralor general de la República, Camilo Benítez, además de representantes del Ministerio Público y de la dirección de estructura jurídica del Ministerio de Economía y Finanzas.
El senador expulsado del PLRA y aliado cartista, actual presidente de la CBI, Dionisio Amarilla, dijo que volvieron a convocar a los representantes del Ministerio Público para tener respuestas sobre consultas que se le hicieron en la comisión conjunta, integrada por senadores y diputados.
Indicó que específicamente consultarán al contralor sobre denuncias de fondos del sector público que pudieron haber generado indicios de hechos punibles y que fueron denunciados ante instancias jurisdiccionales. “Fondos manejados por asociaciones, fundaciones, ONG entre otros”, agregó el senador Amarilla.
Las reuniones secretas se mantienen
Las reuniones de la comisión “garrote” anti-ABC se mantienen de forma secreta. Según juristas consultados, se violan los artículos 28 y 195 de la Constitución Nacional, además de la de la ley 5282/14 (De libre acceso a la información) e interpretación de la Corte Suprema de Justicia en Acuerdo y Sentencia 1306 del 15/10/13 (caso Daniel Vargas Telles).
La semana pasada fueron convocadas las autoridades de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz; el titular de la Superintendencia de Bancos del BCP, Holger Insfrán; la fiscala adjunta, Matilde Moreno, y los magistrados de la Justicia Electoral, César Rosell (presidente), Jorge Bogarín González (vicepresidente) y Jaime Bestard (miembro).
Christian Ruiz Díaz, director de Financiamiento Político del TSJE, en la reunión había dicho que la comisión hizo preguntas sobre las ONG y que respondieron que, hasta ahora y según las pesquisas, ninguna organización hizo aportes a campañas electorales.
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Incluso mencionó que los parlamentarios consultaron a la ONG (Alma Cívica), vinculada a Soledad Núñez, que buscó inscribirse como observadora internacional de las elecciones 2023 y que no fue reconocida por tener a un candidato al Senado. La CBI tiene un plazo de 60 días para emitir un informe.
El informe se revelará el 25 de octubre, según habían anunciado.