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Al igual que ya lo hizo con los casos por presunto cobro indebido de honorarios de los libero-cartistas Roya Torres y Cleto Marcelino Giménez, la Cámara de Diputados se muestra de momento cómplice para encubrir las denuncias contra el diputado “amigo” Jatar Fernández, uno de los tránsfugas del Partido Cruzada Nacional, que en poco más de un año son diversos y graves (ver infografía).
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Además de ser recriminable la estafa a sus electores, al demostrar una falta de coherencia política y una pobre producción legislativa, las denuncias más graves contra Fernández incluso ameritarían una investigación penal, aunque de momento no hay ni siquiera un amague en esa línea.
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La denuncia hecha por el excargado de despacho del diputado Jatar, Hugo Rolón, que sostuvo que el legislador lo obligaba a realizar labores particulares tanto en su residencia en Fernando de la Mora como en su quinta (en terreno cuya titularidad no acredita) en Ayolas, a sueldo de la Cámara Baja, es causal de pérdida de investidura, según varios antecedentes similares.
Es el caso de los exdiputados colorados José María Ibáñez y Tomás Fidelino Rivas, a los que se los descubrió con sus respectivos “caseros de oro” pagados por el Estado. El primero renunció por el escándalo y el segundo terminó siendo salvado por la Justicia, pese a que sus caseros fueron condenados.
Sin embargo, en este caso, el presidente de Diputados, el cartista Raúl Latorre anunció la apertura un sumario que hasta ahora no ha reportado avances y ni siquiera dio participación al denunciante.
Tras la muerte de Eulalio “Lalo” Gomes, el cartismo quedó con 35 miembros en su bancada, más los 8 colorados oficialistas de la bancada B (incluido Jatar), hacen que con 43 votos haya nula posibilidad de una sanción.