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El 13 de julio de 2023, mediante resolución N° 2385/23, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) –aún durante el gobierno de Mario Abdo Benítez– ordenó la apertura de un sumario administrativo al Consorcio Arapoty Transformadores, integrado por las firmas Superkva Transformadores SA y Dionisio Oswaldo Amarilla Guirland, ahora representada por Dionicio Amarilla González (padre del senador liberocartista Dionisio Amarilla) a fin de determinar si la conducta de esta se encuentra subsumida en los supuestos establecidos en el Art. 72 de la Ley 2051/03.
Inicio del proceso
Específicamente, el proceso se inició en consideración al inciso b de dicho articulado, en el que se establece que los proveedores o contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios al organismo, entidad o municipalidad de que se trate.
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También se menciona el inciso c, que establece que se sancionará a los proveedores o contratistas que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o descargo de un procedimiento de conciliación o de una inconformidad. En ese sentido, la misma normativa en el Art. 75 menciona sobre las sanciones a ser impuestas.
Lo llamativo es que el 13 de octubre de 2023 –ya durante el gobierno de Santiago Peña y el senador liberocartista Dionisio Amarilla de nuevo en la Cámara Alta luego de ser expulsado en 2019 por uso indebido de influencias– la DNCP, a través de la resolución N° 3829/23, decidió suspender el sumario administrativo con el argumento de que se esperara las resultas de la demanda en lo contencioso administrativo iniciada por Arapoty ante la Justicia.
El grupo empresarial busca no reembolsar a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) el anticipo que recibió en el marco del acuerdo, además de no pagar la garantía de fiel cumplimiento por la rescisión del contrato. Entre ambos compromisos suman G. 4.852 millones, según la disposición de la compañía estatal.
La resolución de la ANDE describe en forma detallada las razones por las cuales la empresa habría incurrido en incumplimiento. Y es que de 1.440 transformadores SOLO entregó 121, de los CUALES LOS PRIMEROS 20 NO PASARON SIQUIERA LAS PRUEBAS, de acuerdo a los reportes de inspección.
El contrato de la empresa estatal fue firmado por el senador Dionisio Amarilla el 25 de noviembre de 2020, por un monto global de G. 17.136 millones. La rescisión se resolvió el 18 de enero de 2023.
Para su socio el “garrote”
El punto más sugestivo salta al verificar otras decisiones de la DNCP: el 11 de marzo de 2024 resolvió sancionar e inhabilitar a la empresa GAUSS SA, representada por Guillermo Cramer. Esta compañía, que coincidentemente integraba con el senador Dionisio Amarilla el Consorcio Arapoty Transformadores, incumplió otro contrato con la ANDE para la provisión de postes de hormigón armado.
Contradictoriamente para GAUSS SA, la DNCP calificó como improcedente el pedido de esa compañía de SUSPENDER EL SUMARIO que le fue abierto, ya que también interpuso una demanda en lo contencioso administrativo ante la Justicia.
En ese caso, la resolución firmada por el actual director de la DNCP, Agustín Encina, dice que el Decreto 2992/19, que en el capítulo II “Procedimiento para la aplicación de sanciones”, artículo 120, establece: “El sumario administrativo será impulsado y concluido sin perjuicio de los procesos sustanciados o a sustanciarse en otros ámbitos administrativos o jurisdiccionales.
La responsabilidad administrativa derivada de estos procesos es independiente a las sanciones que pudieran ser aplicadas por otra autoridad competente”.
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La resolución de la ANDE contra GAUSS SA también se emitió el 18 de enero de 2023, mismo día en que se hizo para el Consorcio Arapoty Transformadores.
ABC intentó ayer obtener una versión del director de la DNCP, Agustín Encina, pero no respondió los mensajes enviados vía WhatsApp. Arapoty Transformadores, ahora representada por Dionisio Amarilla González, tenía como integrantes al senador liberocartista, que irónicamente está al frente de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), que debe analizar casos de lavado de dinero. La esposa de este último, Analy Rossana María Valiente Martínez, funcionaria de la Contraloría General de la República (CGR), también era parte del grupo empresarial.