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Los abogados Mirian Franco y Guillermo Cárdenas, en representación de la Contraloría Ciudadana de Luque, solicitaron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un urgimiento para que emita un fallo con respecto a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Municipalidad de Luque para eludir la Ley 5590/16 o Ley de Transparencia. Este recurso fue interpuesto tras una resolución del Tribunal de Apelación de la Niñez y Adolescencia de la Circunscripción Central que ordenó al jefe comunal que lleve a cabo la audiencia pública que reclama la organización civil.
La Ley 5590/16 establece que las autoridades municipales deben presentar anualmente un informe detallado sobre la ejecución presupuestaria, incluyendo balances financieros, licitaciones y transferencias en audiencias públicas. El intendente Echeverría esta evitando cumplir con esta obligación, de acuerdo con la denuncia de la Contraloría Ciudadana de Luque.
Retrasos y acción de inconstitucionalidad
Ante los reiterados pedidos de la Contraloría Ciudadana, el intendente Carlos Echeverría recurrió a una acción de inconstitucionalidad para evitar la audiencia pública. Este recurso legal busca anular la sentencia emitida por el Tribunal de Apelación que exige a Echeverría rendir cuentas ante la ciudadanía de Luque.
La presentación de este urgimiento ante la Corte tiene como objetivo acelerar la revisión del caso y la emisión de un fallo, expresaron.
El presupuesto manejado por la Intendencia de Luque asciende a G. 113.000 millones, de los cuales G. 69.000 millones provienen de ingresos tributarios y el resto de transferencias del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El 8 de agosto los ciudadanos presentaron un nuevo pedido ante la jueza de Primera Instancia de J. Augusto Saldívar, Carolina Martínez, para conocer si se está cumpliendo con la sentencia para que se realice la audiencia pública. Sin embargo, la Corte respondió que el expediente se encuentra en estudio de admisión, lo que llevó a la Contraloría Ciudadana a presentar una nota de urgimiento.
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Mirian Franco, coordinadora de la Contraloría, señaló que no existe ninguna resolución que suspenda la sentencia que obliga al intendente Echeverría a transparentar su gestión, lo que implica un claro desacato judicial, aseguró.
La coordinadora destacó que esta situación no solo afecta el acceso a la información pública por los ciudadanos, sino que también pone en evidencia una falta de compromiso para la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública.
Intentamos comunicarnos con el intendente Echeverría para escuchar su versión con respecto al reclamo de la Contraloría Ciudadana, pero no respondió nuestras llamadas a su teléfono celular. Estamos abiertos en caso de que desee referirse al caso.