Diputado Jatar Fernández responde con denuncia “garrote” contra Mysko

El diputado colorado oficialista Jatar Fernández Safuán, quién según afirman debería estar procesado por desacato judicial, como respuesta en el marco del litigio de propiedad que tiene por una propiedad en Ayolas, presentó esta mañana una denuncia penal por “hechos a determinar” contra Serafín Mysko, su contraparte en dicha disputa. “Ellos usan el Ministerio Público como garrote y se van a prestar”, vaticinó al abogado de la familia, Ramón Ibarra.

El diputado Jatar "Oso" Fernández
El diputado Jatar "Oso" Fernández

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El diputado Jatar Fernández (Cruzada Nacional) presentó esta mañana ante la Unidad Penal Nº 2 de Ayolas una denuncia penal sobre “hechos a determinar” contra Serafín Mysko, poblador del barrio San Rafael de Ayolas que había denunciado al legislador por la presunta ocupación irregular de una propiedad ribereña, en la cual edificó su quinta “La Guarida del General”.

“Comparece el Sr. Jatar Eduardo Fernández Safuan, con el fin de realizar la denuncia referente a un hecho a determinar que se ha realizado en el predio que el denunciante está arrendando, ubicado en el barrio San Rafael de esta ciudad, pasando a manifestar que esta persona de nombre Serafín Mysko había solicitado en la ANDE un medidor que mandó a colocar dentro de la propiedad de dicho inmueble en esta propiedad”, señala parte de la denuncia.

El legislador refiere que “el propietario del inmueble en cuestión es el Sr. Jaime Peña y el propietario no autorizó a nadie que haga tal cosa” y solicita a la Fiscalía que determine y amplíe los supuestos hechos penales que considere.

“Como estos tipos operan en la justicia a su favor, para asfixiarle a alguien que le está demandando, entonces ellos usan el Ministerio Público como garrote y se va a prestar y por cualquier cosa le van a imputar”, afirmó el abogado de la familia Mysko, Ramón Ibarra.

El abogado lamentó la diferencia de la actuación fiscal, que no procesó al legislador por “desacato”, ya que en varias ocasiones la jueza Nancy Larre Villalba emitió medidas cautelares para frenar las obras, pero no tuvo consecuencias.

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