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En comunicación con ABC Cardinal este martes, el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, Partido Colorado) comentó sobre la imputación formulada ayer contra él y otras 21 personas por el Ministerio Público, por los supuestos delitos de lesión de confianza y asociación criminal en el caso conocido como “detergentes de oro”.
El lunes por la noche, un equipo fiscal encabezado por Jorge Arce presentó imputación contra el intendente Rodríguez y a 21 personas que incluyen a funcionarios de la Municipalidad de Asunción alegando “hechos penalmente relevantes” y “groseras sobrefacturaciones” en la adquisición por parte de la comuna de detergentes, saturómetros, toallitas desinfectantes y otros insumos “adquiridos a través de empresas de dudosa constitución y que en varios de los casos han sido desautorizadas de manera pública por los representantes oficiales de los productos supuestamente adquiridos (...) desde el mes de marzo de 2020″.
La Fiscalía argumenta que los procesados supuestamente crearon una estructura delictiva a través de figuras legales (nombramientos, contratos, emisión de cheques, certificados de disponibilidad presupuestaria, resoluciones de autorización de transferencias, etcétera) para la comisión de un fraude contra el patrimonio de la Municipalidad.
“Por fin sale esto”, dijo el intendente Rodríguez. “Estuvimos casi cuatro años esperando a que esto salga, lo que queremos es que se compruebe absolutamente todo”.
Supuesta lesión de confianza y asociación criminal
Afirmó que la imputación por lesión de confianza en su contra es “por haber firmado una resolución de transferencia o autorización, que es mi trabajo. Son resoluciones administrativas que tengo que firmar, no puedo rehuirme a no firmar”.
La Fiscalía alega que la Municipalidad favoreció “sistemáticamente” a ciertas empresas en la adjudicación de contratos firmados en el marco de la emergencia por la pandemia de covid-19, en violación de la ley de Contrataciones Públicas; y mantiene que el intendente Rodríguez, como máxima autoridad administrativa de la comuna, no reglamentó la utilización de los fondos, como exigía la Ordenanza N° 608/15, hasta diciembre de 2021, después de realizado el gasto en los contratos cuestionados.
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La Fiscalía también imputa al intendente el supuesto delito de asociación criminal, basándose en su posición en la escala más alta en la estructura jerárquica de la Municipalidad.
“Óscar Andrés Rodríguez Quiñónez sería la única persona capaz y con el liderazgo suficiente en los hechos que podría iniciar el curso causal para la producción del resultado típico, que es la causación de la existencia de la asociación estructurada jerárquicamente u organizada de algún modo, dirigida a la comisión de hechos punibles. Habría asumido un rol jerárquico dentro de la organización y de esa manera lograr inducir en los demás la voluntad de ser miembros de dicha asociación, con el compromiso de ejecutar, en forma permanente y en el futuro, hechos punibles en conjunto”, reza el acta de imputación.
Sobre ese punto, el intendente Rodríguez dijo que es “traído de los pelos” y se preguntó “¿cómo comprobaríamos eso? Influir en que ciertas personas se organicen en una asociación para delinquir”.
“Lo único que yo firmé...”
Aunque admitió que no leyó en su extensión el acta de imputación, manifestó que esta no hace mención de una posible sobrefacturación - a pesar de que el acta sí habla de esa supuesta irregularidad – o faltante, y señaló que la investigación de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas sobre el caso “detergentes de oro” no encontró “ningún indicio”.
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Agregó que no firmó ningún “documento o proceso de adjudicación ni de pago” vinculado a los contratos que cuestiona la Fiscalía y que jamás tuvo contacto con representantes de las empresas adjudicadas.
“Lo único que yo firmé, que es parte de mi trabajo, son las resoluciones (de transferencia); ningún cheque, no integré ninguna comisión, absolutamente nada”, insistió.
“Lo que en el acta dice es que ellos suponen que podría haber algún faltante, eso es bastante complicado de demostrar, la auditoría administrativa municipal no detectó ningún punto que pueda llamar la atención”, añadió.