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En mayo pasado, la Contraloría Ciudadana de Luque presentó un amparo judicial para exigir al intendente cartista Carlos Echeverría el cumplimiento de la Ley 5590/16, que establece la obligación de realizar una audiencia pública de rendición de cuentas ante la ciudadanía al término de cada año fiscal.
Sin embargo, pese a los reiterados reclamos, el jefe comunal se ha mantenido renuente a transparentar su gestión. Incluso, la Junta Municipal aprobó su rendición de cuentas sin que Echeverría haya realizado la audiencia, un requisito exigido por ley. Es decir, los ediles apañan la falta de transparencia.
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Los miembros de la Contraloría luqueña solicitaron a la jueza de primera instancia de J. Augusto Saldívar, Carolina Martínez, el amparo que les fue otorgado. Sin embargo, el intendente recurrió a una acción de inconstitucionalidad.
En el amparo presentado, la organización cívica solicita que se informe sobre el balance general, el estado de resultados, montos de las transferencias recibidas, detalle de la aplicación de los fondos en obras y otros rubros, saldo presupuestario y financiero, licitaciones realizadas y transferencias a comisiones vecinales o entidades sin fines de lucro.
El pasado 8 de agosto, los ciudadanos recurrieron nuevamente al juzgado para saber si se dio cumplimiento al acuerdo y sentencia por lo cual se ordenaba al intendente a transparentar su gestión, caso contrario que se remita el expediente a un fiscal de turno por desacato judicial.
Corte no responde a pedido para que Echeverría realice audiencia
La jueza Martínez dio trámite al pedido ciudadano y solicitó a la Corte informe sobre la acción planteada por el cartista y la respuesta de la Corte señala que “el expediente se encuentra en estudio de admisión de los miembros integrantes”.
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En una nota, Mirian Franco, coordinadora de la Contraloría Ciudadana, explicó que hasta la fecha no existe ninguna resolución que suspenda la sentencia de la jueza que ordenaba a Echeverría entregar su rendición de cuentas, por lo cual insisten en que el intendente está desacatando una orden judicial. Indicó que mañana presentarán un urgimiento ante la Corte Suprema.
Echeverría administra un presupuesto de G. 113.000 millones. De esta cifra G. 69.000 millones son de ingresos tributarios y el resto proviene del Estado.