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Durante más de dos horas de debate, legisladores, políticos, abogados, sociólogos y representantes de la Policía Nacional -salvo estos últimos- coincidieron en la vigencia de un “Narco-Estado”, o cuando menos, la infiltración de organizaciones criminales en los tres poderes y en la sociedad. Si bien remarcaron que la solución es compleja, concretamente sugirieron la necesidad de al menos siete reformas legales importantes.
“Estudios académicos recientes señalan que pasamos del estado de infiltración, al estado de mafia. ¿Qué quiere decir eso? Que el propio Estado es utilizado por las organizaciones criminales para realizar sus actividades”, comenzó diciendo uno de los organizadores de la audiencia, el senador Éver Villalba (PLRA).
El exsenador y convencional constitucionalista Miguel Abdón Saguier (PLRA) lamentó que la definición de “Narco-Estado”, que es la “forma de gobierno en la que interactúan las autoridades y el crimen organizado como pares, permitiendo que muchas actividades ilícitas sucedan al amparo de la ley, además que prosperen la corrupción” e impunidad”, se ajuste plenamente a nuestra situación.
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Además de la crítica, en la audiencia también se plantearon medidas concretas para empezar al menos a demostrar intención política de cambio.
El exsenador Jorge Querey (FG), que remarcó que el problema con el crimen organizado no se limita solo al narcotráfico, sino también a otros tipos de tráfico como el de armas y cigarrillos, sugirió empezar con hacer un examen de correspondencia de bienes de los comisarios generales y parlamentarios de los departamentos más salpicados por tráfico ilícito.
El titular de la Comisión de Lucha contra el narcotráfico, senador Sergio Rojas (PLRA), también planteó modificar la Ley de Armas y en la de Drogas, a fin de ejercer mayores controles.
El exmiembro del Consejo de la Magistratura (CM) Enrique Kronawetter agregó que hay tres proyectos de ley sugeridos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) -organismo antilavado-, que están cajoneados.
El primero es el proyecto de ley que castiga y sanciona el abuso de funciones; otro, el que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas y (por último) modificaciones a la Ley 2523/2024 que “previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias”, para que castigue no solo a funcionarios públicos, sino también a particulares.
La exministra de Justicia, Cecilia Pérez, pidió que el oficialismo tenga en cuenta sugerencias para mejorar el proyecto de ley del “régimen cerrado especial de máxima seguridad para personas de alto riesgo” en los penales y cuestionó la efectividad de la ley recientemente promulgada de Reforma Policial.
La exsenadora Desirée Masi (Partido Democrático Progresista) también pidió rever la Ley de Financiamiento Político.
Policía admite “contaminación”, no así ser “servil” al crimen organizado
El comandante de la Policía, Carlos Benítez, salió al paso de las críticas, negando las acusaciones de que la institución a su cargo sea servil a los criminales, aunque reconoció que hay “elementos contaminados”, pero que tratan de depurarse.
“Quiero poner énfasis en que la institución policial no es servil al crimen organizado. Somos conscientes de que tenemos elementos que están contaminados pero no me tomo yo por aludido (...). Luchamos contra el crimen organizado y tenemos casi 600 mártires que perdieron la vida en esta lucha”, dijo el comandante Benítez.
También trató de defender la recientemente aprobada Ley de Reforma y Reorganización de la Policía Nacional, la cual según la exministra de Justicia, Cecilia Pérez, no es suficiente para combatir la corrupción interna policial. “Promueve el ascenso por mérito y la prueba de integridad, nosotros hemos pasado por el polígrafo”, dijo. Acotó que hay unos 800 agentes sumariados y anualmente se da de baja a un centenar.
Estado administra ilegalidad, acusan
El abogado (máster en criminología) Juan Martens expuso resultados de estudios académicos publicados, entre ellos el titulado “de narcopolítica a mafia”, que hace una radiografía de la situación de nuestro país y que dan cuenta que actualmente tenemos instituciones directamente operando para grupos criminales.
“Las instituciones usan las informaciones que recogen no para el cumplimiento del Estado de derecho, sino para chantajear y ganar dinero”, dijo y, en tal sentido, citó el concepto de “administración (gestión) de ilegalismos”, del filósofo Michel Foucault.
Esto debido a que, desde el Estado, se persigue a quienes no pagan y se protege a los que colaboran y, según los datos que poseen, “nuestro Estado no es débil (...), sino es una institución al servicio del crimen organizado, porque vende ‘mercadería política’ y administra ilegalismo”. Por ello, respaldó la idea del exsenador Jorge Querey (FG) de hacer exámenes de correspondencia de funcionarios encargados del control.
Presidente Peña y entes “sometidos” a Horacio Cartes, acusan
El sociólogo José Luis Simón fue duro en su crítica, apuntando directamente al declarado significativamente corrupto por los Estados Unidos y presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, a quién acusó de hacer imposible la lucha contra la corrupción y el crimen organizado al tener sometidas a las instituciones.
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“Qué podemos hacer en un Estado en el que existe un presidente de la República (Santiago Peña) y poderes del Estado que dependen de un pluto-crepto narcotraficante del crimen organizado que se llama Horacio Cartes Jara, que compra a quienes quieren venderse, y a quienes no nos vendemos, para los que no son comprables, existen probablemente otras alternativas, cuestionó el sociólogo.
Simón en varios momentos repitió el concepto de “pluto-clepto-narcocracia”, que se definiría como la forma de gobierno de ricos, pero que además están asociados a ladrones y narcotraficantes. Tampoco quitó responsabilidad a la sociedad, que tiende a normalizar este modelo.
Señalan actitud cómplice de Peña
El dirigente colorado (expulsado de su partido por el cartismo), Gerardo Soria dijo que “necesitamos gobernantes patriotas que asuman ese compromiso contra estos flagelos” y en tal sentido, reprochó actitudes del presidente Santiago Peña, empezando porque “miente que estamos mejor. Estamos peor que antes”.
Este es “un estado servidor del crimen organizado”, evidenciado por un Ejecutivo que pone a gente de cuestionada formación y moral en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
También citó como ejemplo “cuando el presidente de la República dice que no sabemos si la investigación fiscal se hizo como corresponde en el caso de un senador acusado de lavar dinero del crimen organizado (Erico Galeano). Pregunto yo: ¿Cómo vamos a luchar si no hay esa voluntad política?”.
El exsenador Miguel Abdo Saguier (PLRA) también cuestionó a Peña diciendo que está más preocupado en anunciar candidatos para el 2028 que en dar soluciones.
“Lastimosamente, en el campo de la política, hay algunos que están muy preocupados por lanzar su candidato para dentro de 4 años, pero el problema es ahora, ahora hay que iniciar la lucha contra el crimen”, dijo Saguier.
Queja por desigual trato de la “justicia” en caso Pecci
El abogado Enrique Kronawetter también centró la mirada en el Poder Judicial, cuyas actuaciones deben ser analizadas, ya que la impunidad y la adecuación de la ley según conveniencia, es otro motivo que alienta al crimen organizado, según señaló. En tal sentido, citó diferencias entre el proceso por el asesinato del fiscal Marcelo Pecci y la muerte del diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes.
“La demostración más palpable que tenemos es el tratamiento que se le da a los familiares del brutal asesinato del fiscal Marcelo Pecci. Desconociendo sus derechos sin darnos posibilidad de tener por lo menos una información fehaciente de cuanto se ha avanzado en procura de determinar quiénes son los autores morales”, mientras que en el caso Gomes, “permiten la intervención de la familiares para realizar una pericia”, dijo.
Enfatizó la necesidad de hacer entender a la Justicia que la lucha contra el crimen organizado no es un problema de una sola víctima, sino de toda la sociedad.
Repudian desigual pelea “a platazo”
La exsenadora Desirée Masi (Partido Democrático Progresista) y la dirigente colorada disidente, Carmen Alonso coincidieron en alertar sobre otro de los “pilares” que sostienen a la narcopolítica, que es la falta de control real al financiamiento político.
“En un país donde el 50% del dinero se maneja en negro, solamente los muy ingenuos pueden creer que con una ley (con la) que estamos a favor (y) vamos a sentarnos a discutir, se puede solucionar el tema de la narcopolítica en Paraguay”, dijo.
Por su parte, Alonso dijo que “mientras sigamos dejando que corra el dinero del crimen organizado en las elecciones, vamos a ir de mal en peor”.
Masi también remarcó que “no se puede competir en igualdad de condiciones con el poder narco y no se puede competir con un Estado débil y no se puede dejar de señalar a los otros actores que tienen igual o mayor responsabilidad que los políticos”, como son los sectores económicos, religiosos, deportivos y hasta de la prensa.