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El abogado defensor de estas familias, Ignacio Pane, visitó ABC para mostrar los documentos, que, según explicó, son los originales que datan de 1937, pero temen que el poder político juegue en contra de los pobladores. Mientras que el supuesto documento es de 1984. Los funcionarios señalados son: Blanca Ojeda Núñez, quien se desempeña como directora de la Comisión Asesora de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, y su marido, Arsenio Villaverde Ramírez, director de Servicios Generales, también de la Cámara Baja.
Una de las familias afectadas promovió contra ambas personas una demanda sobre nulidad de título, cancelación de inscripción en el registro público y medida cautelar de anotación de litis, que sigue su trámite en el Juzgado del Tercer Turno Penal.
Según los antecedentes del caso, en el año 2023, el matrimonio habría adquirido la propiedad de poco más de 94 hectáreas, de acuerdo a documentos a los que tuvo acceso nuestro diario, a un precio irrisorio de G. 105 millones, con una entrega de G. 15 millones y el saldo a pagar en cómodas cuotas de G. 2.500.000; siendo el valor fiscal de G. 225.304.576, según el Servicio Nacional de Catastro y el precio de mercado de más de G. 1.800 millones.
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Según el relato del abogado a ABC, la propiedad habría sido vendida al matrimonio por una persona identificada como Héctor Ortiz Saccarello, codemandado en el caso, quien había planteado un juicio de mensura, el cual fue rechazado en 2016.
“A los efectos que se pueda volver a promover el mismo juicio (mensura), y que no se plantee ‘cosa juzgada’, es que se realiza la transferencia a la familia Villaverde Ojeda”, explicó Pane.
Tratamos de tener la versión de la directora de Diputados, Blanca Ojeda, al número de teléfono con terminación 868, pero no tuvimos retorno.