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La formalmente llamada “Comisión Conjunta de Investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos punibles de lavado de activos, contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos”, se instala hoy con una carencia fundamental: la falta de legitimidad, evidenciada por el vacío adrede que hizo la oposición -e incluso la disidencia colorada- para no avalar esta comisión “garrote”.
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En representación del Senado asumirán el senador cartista Gustavo Leite, el liberal expulsado de ese partido y satélite cartista Dionisio Amarilla y el colorado “independiente” -aunque a veces ocasional aliado de HC- Colym Soroka.
En representación del Diputados, el copamiento de HC es indisimulado con la designación de los diputados cartistas Rodrigo Gamarra y Héctor “Bocha” Figueredo, y el tránsfuga de Cruzada Nacional y actual miembro de la bancada ANR “B” -que es un apéndice cartista-, Jatar “Oso” Fernández.
Además del copamiento, también hay una evidente falta de objetividad, ya que todos los miembros de la Comisión han llevado recientemente su apoyo al declarado por los Estados Unidos de América como “significativamente corrupto”, Horacio Cartes, tras la ratificación de sanciones económicas contra Tabacalera del Este SA, o compartieron con él una fiesta en su cumpleaños en julio último.
La comisión “garrote”, lejos de apuntar la mirada a casos graves que salpican incluso a algunos de sus compañeros de grupo, como por ejemplo la causa elevada a juicio contra el senador cartista Erico Galeano por presunto lavado de dinero vinculado a procesados por el caso A Ultranza Py, o la reciente imputación por hechos muy similares contra el diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes (ya fallecido), lo hace contra sectores críticos: organizaciones no gubernamentales y medios de prensa, como ABC o bien de forma indirecta contra el Grupo Zuccolillo.
Gustavo Leite, un agente “anti-ONG”
El senador colorado cartista Gustavo Leite, quien cuando era ministro de Industria y Comercio (MIC) durante el gobierno de Horacio Cartes fue denunciado luego de una auditoría en la que fueron detectadas varias presuntas irregularidades, ahora será el encargado de supuestamente “indagar” hechos de corrupción y lavado de dinero.
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Leite -leal a Cartes hasta ahora- también fue el vocero designado para encabezar y promover la Ley de “control” contra Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), que tiene media sanción del Senado pese a las críticas de organismos internacionales y de la propia Procuraduría General de la República por sus sanciones excesivas que buscarían acallar a grupos críticos al gobierno.
Amarilla, “sicario” contra Kattya
El senador “satélite cartista” Dionisio Amarilla (expulsado por ello del Partido Liberal Radical Auténtico) fue el encargado de ejecutar la presunta orden del quincho de la Av. España de impulsar la expulsión del Congreso de la senadora Kattya González (Partido Encuentro Nacional).
Amarilla fue el que intentó justificar las acusaciones “montadas” contra González, según determinó posteriormente la Fiscalía, que desestimó la causa penal contra la destituida senadora.
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El anterior presidente del Congreso, senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR, cartista), había confesado que el que articuló el despojo de su banca a Kattya fue el exsenador Juan Carlos “Cale” Galaverna, que luego ejecutó Amarilla.
Colym Soroka, un ocasional aliado
El senador colorado Colym Soroka tiene posturas pendulantes (mostrándose por momentos crítico y en otros afín al cartismo), pero al menos de entre los seis es el que ha expresado cuando menos intenciones de transparentar la operatividad de la comisión “garrote”, sugiriendo que sean públicas sus reuniones.
Soroka también planteó la posibilidad de que la comisión investigue casos graves que afectan a legisladores, como la imputación por presunto lavado de dinero contra el diputado cartista abatido Eulalio “Lalo” Gomes, de su hijo Alexandre Rodrigues Gomes y otros.
No obstante, por ejemplo, fue uno de los que también votó con el cartismo para la expulsión de Kattya González, entre otros temas.
Rodrigo Gamarra, el “soldado” de HC
El diputado cartista Rodrigo Gamarra es uno de los más fanáticos de Horacio Cartes, llegando al punto de declararse “agraviado” personalmente por la ratificación de sanciones de los Estados Unidos de América contra Tabacalera del Este SA, y ya encabezó varios ataques contra legisladoras no coloradas, por lo que incluso fue denunciado ante Fiscalía.
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“Vos sabés, presidente, que para mí es un honor poner el pecho y enfrentar a esta clase de personaje cuando se mete con el Partido Colorado... con Horacio Cartes”, había dicho en su discurso en la casa de Cartes, en ocasión del refuerzo de sanciones, demostrando que no solo no tiene intenciones de investigar a HC, sino que incluso está dispuesto a defenderlo.
Figueredo y su nepo, blanqueados
Uno de los temas que supuestamente debe investigar la comisión “garrote” son los casos contra el patrimonio del Estado, y paradójicamente el de uno de sus miembros, el diputado cartista Héctor “Bocha” Figueredo, fue uno de los tantos casos detectados en el marco de la investigación periodística contra los “nepobabies” de legisladores en el Congreso.
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Su hija Camila Figueredo, luego de asumir su padre como diputado, obtuvo un importante ascenso no solo de cargo, sino principalmente salarial, pasando de cobrar G. 3.500.000 a G. 15.014.162.
Figueredo fue uno de los cartistas beneficiados con la desestimación por parte de la Fiscalía, que solamente imputó a dos liberales y a sus respectivos nepobabies.
Supuesto “narcotopo” de la mano de Jatar
El diputado Jatar “Oso” Fernández es uno de los tantos tránsfugas que dejó su partido (Cruzada Nacional en este caso) para pasar al Partido Colorado, puntualmente para sumarse a la bancada satélite del cartismo, que es la “B”. Sin embargo, terminó despejando toda duda sobre su “lealtad” al ser uno de los que llevó su respaldo a Horacio Cartes tras la ratificación de sanciones de EE.UU. contra Tabesa.
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Sus habilidades “investigativas” están en serio cuestionamiento luego de que haya solicitado el comisionamiento a Diputados del agente de la Senad Mauro Ruiz Díaz, uno de los indagados por la Fiscalía por presuntamente filtrar datos operativos a investigados por narcotráfico en el marco de la causa “A Ultranza Py”.