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La Junta Departamental de Amambay resolvió hoy emitir esta declaración a pedido de varios concejales quienes llenaban de elogios al fallecido diputado investigado por supuesto vínculo con el narcotráfico.
La hermana del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes (ANR, HC), la concejala departamental Olga Gómez (ANR), fue quien inicialmente le propuso declarar persona no grata al senador Natalicio Chase (ANR, HC), líder de la bancada cartista en el Senado. Gómez acusaba al senador de haber “traicionado” a su hermano, luego de haberle pedido votos y financiamiento en la última campaña electoral.
Sin embargo finalmente se utilizó la propuesta del concejal departamental Fernando Peralta (ANR), quien junto a su colega Agustina Figueredo Noguer (PLRA), pidió ampliar la declaración para incluir como personas no gratas, además de Chase, al ministro del Interior Enrique Riera; al Fiscal General del Estado Emiliano Rolón Fernández; al juez Penal de Garantías Osmar Legal y al comandante de la Policía Nacional Carlos Humberto Benítez “por la actitud tomada ante la situación que ocurrió” con el fallecido diputado.
El titular de la Junta Departamental, Cristian Franco Candado (ANR), anunció que el documento oficial sería divulgado mañana. El gobernador de Amambay es el exdiputado Juan “Juancho” Acosta (ANR, HC).
“También quería dirigirme al Presidente de la República, al excelentísimo Presidente de la República, señor Santiago Peña, que por cierto, tengo una gran decepción de este señor”, dijo Peralta al exigir al mandatario esclarecer el allanamiento policial y destituir a los responsables. Afirmó que se violentaron derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la defensa y otros.
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“Acá viene el Estado, el propio Estado, a matar a nuestro legislador, a nuestro diputado, era padre de familia, hermano, era un empresario, era ganadero, aparte de eso, era diputado nacional”, aseveró Peralta.
“Me sorprende realmente la falta de empatía, falta de respeto y falta de consideración hacia la familia Gómez, de parte del Presidente de la República”, aseveró.
“Acá no estamos en contra del trabajo del Ministerio Público, en contra del trabajo de la Senad, o del mismo SIU”, dijo al señalar que deben actuar respetando la ley.
El concejal también expuso sus argumentos por el cual consideraba incompetentes a todas las autoridades mencionadas. Sostuvo que hubo la mala praxis en el procedimiento “que en todas luces resulta irregular dentro de un estado de derecho donde debe respetarse la democracia”.