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El proyecto de ley “que modifica el artículo 67 de la Ley Nº 1160/97 “Código Penal Paraguayo (devolución premiada)”, presentado por el diputado cartista Yamil Esgaib, pasará hoy al archivo, puesto que no fue tratado en el plazo establecido por la ley (3 meses desde su ingreso) antes de la sanción automática.
La iniciativa había sido rebautizada como “de corrupción premiada” por las implicancias reales que tendría, puesto que planteaba atenuar la pena para procesados por hechos de robos al erario público, con la condición de devolver parte de lo robado, pero solo recién a partir de ser pillados y condenados.
Puntualmente planteaba que “cuando el hecho punible haya ocasionado un perjuicio patrimonial al Estado, el marco penal aplicable podrá ser atenuado hasta el cincuenta por ciento de la pena aplicable, si es que el autor o partícipe, voluntariamente, repara el perjuicio patrimonial ocasionado”.
Las condenas por hechos de corrupción en el manejo de dinero público, además de escasas, suelen tener condenas ínfimas, que otra vez al poder ser atenuadas garantizarían que los condenados ni siquiera pisen la cárcel.
Yamil Esgaib minimizó el robo al Estado
El propio proyectista, Esgaib, había minimizado el robo al Estado, diciendo que los corruptos “son menos peligrosos” que criminales comunes.
“¿Para qué queremos en la cárcel a la gente que no está aportando nada y a una persona que no es peligrosa criminalmente? Son delitos económicos y son personas que saliendo a la calle no van a arriesgar la vida del ciudadano”, había dicho en su momento Esgaib.
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El proyecto tuvo como cámara de origen a Diputados, donde había sido sancionado de manera sumamente cuestionada en tiempo récord por los cartistas, aprovechando la convulsión social por el tratamiento ese mismo día de la en que se aprobó la creación de la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones.
De hecho, el proyecto de “corrupción premiada” le sirvió en ese momento de “cortina de humo” al Ejecutivo para dividir la crítica contra el proyecto de la superintendencia.
Durante su tratamiento en Senado, el proyecto fue duramente cuestionado, reiterando la advertencia de que podría incentivar la corrupción al ofrecer salidas a los ladrones, en el caso de que sean pillados por la justicia.
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Esto motivó el rechazo unánime de la Cámara Alta (incluidos los cartistas), que hizo que ahora con la sanción ficta se dé el archivamiento, ayudado también por la falta de quorum en la última sesión de Diputados.
El proyecto figuraba en el orden del día de la sesión pasada, donde tras debatirse el caso del asesinato del diputado Eulalio “Lalo” Gomes (ANR, cartista), se quedo sin quorum la sesión.