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“Escuché lo del magnicidio varias veces (en el pleno) antes de hablar (...). ¿Esto es o no es un magnicidio? Yo me pregunto y les pregunto, colegas, porque acá las veces que hubo magnicidio terminó en juicio político al Presidente”, afirmó la legisladora opositora.
Ortega hizo alusión a episodios históricos como el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña, que culminó en la renuncia del entonces presidente Raúl Cubas Grau, en 1999. Si bien no califica como “magnicidio”, la masacre de Curuguaty tumbó al expresidente Fernando Lugo, en 2012.
“Me gustaría saber si lo que vamos a observar en las próximas –o yo nomás estoy muy conspiranoica– es un juicio político al Presidente o a alguien”, ya que “cuando hubo muertes y la Policía estuvo involucrada o las fuerzas públicas, terminó en una remoción absolutamente irregular de un presidente de la República”.
Ortega –junto con otros opositores– solicitó primeramente convocar una sesión conjunta de ambas cámaras extendiendo la invitación a las autoridades intervinientes para darles al menos chances de explicar lo acontecido en el caso y tratar de llegar a la verdad, pero esto no interesó a la mayoría cartista.
Calé apuntó a HC por posible “crimen político”, recuerda “Billy” Vaesken
El diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, C) lamentó que vivamos en un “narco-Estado” y recordó que el ahora exsenador cartista Juan Carlos “Calé” Galaverna había acusado al expresidente Horacio Cartes (HC) de tener “asesinos” en su equipo y ser capaz de cometer un “crimen político”.
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Vaesken exhibió una entrevista televisiva de años atrás, en la que “Calé” afirma que “está gente es capaz de cualquier cosa… del crimen político. En el equipo de Horacio Cartes ya hay gente que ha participado en asesinatos políticos”.
El legislador fue enfático en recriminar la situación crítica a nivel institucional en la que se encuentra el país, aunque lamentó que estamos en una situación “cíclica”.
En tal sentido, recordó el asesinato del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana a manos de policías del entonces gobierno de Horacio Cartes, que atropellaron la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en la madrugada del 1 de abril 2017.
“Vivimos en un narco-Estado. No lo dice la oposición, lo dice gente que integra ese equipo político. Hoy (con la muerte del diputado Lalo Gomes) les tocó a ustedes (cartistas). Necesitamos que la clase política, independientemente de los colores o el sentido ideológico, nos pongamos la camiseta roja, blanca y azul y pongamos orden desde el Poder Legislativo”, dijo.
Rodrigo Quintana sufrió terrorismo estatal, señalan
“¡Caramba digo, dejemos de normalizar el terrorismo del Estado! Cuando ayer dijeron que se estaba matando a un ‘pirómano’, hoy están llorando a uno de sus integrantes. Cuando ayer dijeron que se entró a matar a un ‘patotero’, hoy están llorando a uno de sus hombres. Dejemos de normalizar el terrorismo de Estado. Dejemos de instrumentar el Estado para matar paraguayos”, exigió el diputado Diosnel Aguilera (PLRA, C), que recordó el caso Rodrigo Quintana y que ahora el cartismo se espanta, cuando les tocó a ellos.
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Aguilera enfatizó que el asesinato del joven dirigente liberal en plena sede partidaria de la mano de policías durante el Gobierno de Horacio Cartes es un caso de terrorismo de Estado, tal como sería el del asesinato del diputado “Lalo” Gomes, aunque con ciertas diferencias. “El hecho (en el caso Gomes) viene a confirmar que estamos ante un Estado narco, donde el narcotráfico ha permeado todo” ya que “pareciera ser que estamos ante el enfrentamiento en el Estado de dos facciones de narcotraficantes”, sostuvo.
Recordó que fue el mismo cartismo el que hace poco le dio facultades “dictatoriales” a la policía, y ahora se les vira la tortilla. Pese a que advertimos, “con vítores y aplausos le aprobamos una ley que le estaba devolviendo a la policía facultades que tenía en épocas de la dictadura” y ahora el tiempo nos da la razón, señaló.
Alertan de plan “extorsionador” del cartismo
La diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) alertó que Honor Colorado podría tener intenciones “extorsionadoras”, al plantear un eventual juicio político contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, así como al querer apartar a fiscales que investigan la presunta estructura criminal vinculada al difunto diputado Eulalio “Lalo” Gomes (ANR, cartista).
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Al ser consultada sobre un eventual juicio político a Rolón, Vallejo recordó la serie de intentos fallidos con Sandra Quiñónez, que fue aprovechado por varios para sacar provecho.
“¿A qué llegamos? al blanqueamiento de las autoridades, a un apriete... Fuimos testigos de cómo diputados se escondían para no votar y luego votaban de tal o cual manera. Yo no me voy a prestar a esto”, sostuvo.
Si bien dijo que los fiscales involucrados en el caso de Lalo Gomes necesitan dar explicaciones, estos no deben ser apartados, tal como planteó de entrada el diputado cartista y vicepresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Orlando Arévalo.
“Este pedido extorsionador que hace el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)” busca “apartar a los fiscales que conocen la causa”, que fuera de eventuales errores de procedimientos, fundamentaron muy claramente la imputación, destacó. Por ello, no cree sea “sano separar a los agentes fiscales”.