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El acta de imputación presentada el lunes último por los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres, por los supuestos hechos punibles de lavado de activos y asociación criminal atribuidos al fallecido diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes y su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, detalla cada uno de los elementos utilizados en marco de la investigación. Una de esas piezas de vital importancia fue un informe preliminar de análisis de extracciones remitido por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) el 30 de mayo de 2023, durante la gestión de Zully Rolón.
El documento hace referencia a las conversaciones entre los procesados Adrián Brizuela y Luan Pavão (hijo del condenado en Brasil por narcotráfico Jarvis Chimenes Pavão) respecto a los inmuebles de Bella Vista Norte, estancias Negla Poty y Pindurá. El intercambio de mensajes corresponde a fechas previas y posteriores al negocio con Gomes en torno a los dos establecimientos, según la imputación.
Papel de testaferros
El 14 de mayo de 2020, el procesado Adrián Rolando Brizuela, presunto testaferro del clan Pavão envía un mensaje vía WhatsApp a Luan Pavao en el cual le informa sobre un candidato para las estancias. No se menciona si entonces hubo alguna respuesta.
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El 19 de mayo de 2020, Brizuela reenvía de vuelta un mensaje a Luan Pavão. Entonces ya le menciona una propuesta concreta con relación a las estancias Negla Poty y Pindurá.
La comunicación continuó el 20 de mayo de 2020 cuando Brizuela insiste sobre la estancia Pindurá y le dice al hijo de Pavão que el interesado “quiere entregar casa más dinero y financiado”. Luan Pavão le respondió: Si, hermano, dependiendo de la casa es de interés”.
El 26 de mayo de 2020, Brizuela Olmedo escribe a Luan Pavão urgiendo el título de uno de los establecimientos, específicamente Pindurá. Además, menciona los precios que habrían cerrado por Negla y Pindurá.
Para el Ministerio Público esta comunicación demostraría que se estaban ultimando los detalles con relación a las estancias.
Revelan comprador: Eulalio Gomes
El 28 de mayo de 2020, Brizuela Olmedo envía de vuelta un mensaje a Luan Pavão para confirmar y detallar los negocios (plazo, pagos y otros ) con relación a las dos estancias. Asimismo, le revela el nombre del comprador “EULALIO GOMES, de PJC (Pedro Juan Caballero)”, dice el mensaje.
Inmediatamente, el hijo de Pavão responde a Adrián Brizuela cuestionando la escasa cantidad de dinero a ser recibida y añade: “me preocupa ese nombre, hermano” (sic), haciendo referencia al ahora fallecido diputado cartista.
Los fiscales señalan que los actos que vincularían a Eulalio Gomes Batista y su hijo Alexandre Rodrigues Gomes habrían surgido en conversaciones relativas a negociaciones de venta iniciadas por Adrián Brizuela y posteriormente concretadas por Carlos Oleñik.
Negocio concretado con Alexandre Rodrigues Gomes
Efectivamente, en el lapso de las conversaciones, el negocio sobre las estancias estaba encaminado. El 21 de mayo de 2020 la firma Finexpar SAECA, actual Banco Zeta (a través de sus directivos Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Gerald Matthias, ambos imputados por supuesto lavado de activos), firmó un contrato de compraventa de la estancia Negla Poty con Alexandre Rodrigues Gomes. El precio se estableció en US$ 1.725.750.
Este acuerdo se refrendó luego de que la entidad financiera recibiera una solicitud de préstamo de Alexandre Rodrigues Gomes, el 11 de mayo de 2020. El hijo de Gomes luego, el 19 de mayo de 2020, presentó una carta de oferta sobre el inmueble y al día siguiente la misma ya es aprobada por la entonces financiera.
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Lo llamativo, siguiendo el relato fiscal, es que cuando Finexpar SAECA firma el contrato con Alexandre Rodrigues Gomes no era titular del bien. Estaba aún a nombre de Compañía Especializada de Productos Agrícola SAECA (Cepagro), de Carlos Oleñik Memmel.
Recién el 7 de julio de 2020, Finexpar SAECA pasó a tener la titularidad sobre la estancia Negla Poty.
Casualmente, ese 7 de julio de 2020, Luan Pavão también envió un mensaje a Adrián Brizuela en el cual le menciona que “escuchó cosas que no quería”. Además, no se estaba pagando el arrendamiento. Esto hace presumir a la Fiscalía que las estancias solo habrían sido cedidas en carácter de arrendamiento para conseguir fondos para la organización.