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En un operativo fiscal, judicial y policial se allanaron dos vivendas, este lunes en Pedro Juan Caballero. En una de las residencias estaba el diputado colorado-cartista Eulalio “Lalo” Gomes, quien en un confuso episodio fue alcanzado presuntamente con varios disparos de arma de fuego y falleció.
Al respecto, el titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, emitió un comunicado a través de sus redes sociales. En su escrito aseguró que deposita su confianza en que los intervinientes van a investigar y detallar el procedimiento realizado en el marco del operativo “Pavo Real II”.
“Como presidente de la Junta de Gobierno lamento el fallecimiento en el curso de un procedimiento fiscal y policial del Diputado Nacional por la ANR, Eulalio Gomes, y extiendo mis condolencias a su familia, sus amigos, correligionarios y colegas parlamentarios”, sostuvo en una primera parte.
Agregó que confía en que las autoridades responsables llevarán a cabo las investigaciones para esclarecer las circunstancias que desembocaron en la muerte del legislador, informando a la ciudadanía los pormenores del procedimiento y su adecuación al protocolo operativo y al marco legal aplicable, y en su caso, las acciones que serán tomadas conforme a la Ley.
Finalmente, expresó que como líderes políticos tienen la responsabilidad de expresar respeto y dar apoyo a las instituciones como la Fiscalía, la Justicia y la Policia Nacional, en el cumplimiento de su rol constitucional.
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Diversos legisladores, entre ellos colorados oficialistas cuestionaron la manera en que actuaron tanto la Policía Nacional, Fiscalía y Poder Judicial para llegar hasta la casa de Gomes.
Héctor “Bocha” Figueredo dijo no se respetó el debido proceso y “los responsables tienen que caer”. Ante la consulta de quiénes consideran que son los responsables, evitó dar nombres pero preguntó: “¿La orden de allanamiento de dónde salió? ¿Quién no estuvo en conocimiento? (...) El fiscal o fiscales que intervinieron debieron comunicar a su jefe (...) Tenemos tres elementos ya, tres nombres o tres autoridades que están comprometidos con esta situación”.
Así, de manera indirecta, habló sobre Enrique Riera, el juez Osmar Legal y el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón.
El disidente colorado, Mauricio Espínola, manifestó que el ministro del Interior, Enrique Riera debe ser destituido. Sostuvo que es necesario buscar las responsabilidades y determinar si “existió dolo o negligencia” por parte del juez que emitió la orden de allanamiento “genérica” en que se basaron los allanamientos de hoy, o los fiscales que intervinieron.
“El que se equivocó tiene que ser separado de su cargo e investigado”, concluyó.