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“Lastimosamente no pudimos entrar a regular el tema laboral, que es lo más complejo, pero la cuestión de seguridad es lo que queremos volver a presentar”, dijo Gómez, señalando que el lunes darían entrada al nuevo proyecto “que regula la seguridad de prestadores de servicios y usuarios de plataformas digitales de movilidad y reparto a domicilio”.
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Al respecto mencionó que se plantea establecer protocolos de seguridad obligatorios para la habilitación de cuentas en las aplicaciones como Uber, Muv, Bolt, de repartidores (deliverys) y otros, a fin de garantizar que los dueños de las cuentas sean identificables en caso de que cometan, por ejemplo, asaltos, robos, abuso sexual u otros crímenes.
Refirió que también se agrega en el proyecto de ley una obligación de que las empresas (aplicaciones proveedoras del servicio) garanticen el resguardo de los datos personales presentados, los cuales podrán ser entregados únicamente a las autoridades en caso de requerirse en el marco de una causa penal.
Se plantea un mecanismo de certificación de datos similar a la identidad digital del Gobierno.
En lo que se refiere al aspecto laboral, el inconveniente es que los propios conductores de las diferentes plataformas tienen distintos criterios según la clase de servicio que prestan.
En audiencia pública, los repartidores (deliverys) exigían un vínculo laboral formal que les permita acogerse como aportantes del Instituto de Previsión Social (IPS), sobre todo por eventuales casos de accidentes.
Por su parte, los conductores de transportes de personas se negaban a ese régimen, ya que los obligaría a trabajar con una sola empresa y no con varias -según la conveniencia-. Además, muchos realizan este servicio como un trabajo complementario.